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El gobierno regional valenciano quiere imponer la ideología de género en todos los colegios

José de Lamo es un activista pro-LGTBI y es director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana sigue su lucha contra los colegios católicos concertados de Valencia a través de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género. El director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha asegurado que la nueva ley LGTBI seguirá sin cambios y que la ideología de género pasará a ser obligatoria tanto en colegios públicos como en colegios concertados o privados. De Lamo ha asegurado que se sancionará a los centros que no cumplan la nueva ley, todavía en fase de proyecto legislativo en el parlamento regional.

Si se cumplen estas amenazas no solo se impedirá a los colegios concertados católicos acceder a subvenciones o fondos públicos, sino que se sancionará con multas de hasta 45.000 euros a las iniciativas privadas de padres y comunidad educativa que no comulguen con el lobby LGTBI. Las declaraciones de José de Lamo llegan como respuesta al artículo que el cardenal Antonio Cañizares ha escrito en el medio diocesano Paraula y en el que arremete contra esta imposición.

La carta de Monseñor Cañizares

El rifirafe entre la Generalitat Valenciana y Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia, se ha reabierto el 5 de enero gracias a las últimas palabras que ha dedicado a la ideología de género el cardenal en Paraula, medio diocesano de la Iglesia de Valencia. “Adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad” es la frase más difundida por los medios de comunicación contrarios a la Iglesia Católica. Eldiario.es, de hecho, tituló la noticia sobre la carta así, lo que provocó una oleada de críticas en medios sociales como Facebook contra Cañizares.

Antonio Cañizares abogó por actuar y “no cruzarse de brazos” ante la destrucción de la familia que está orquestando la legislación autonómica, atacando su raíz: el matrimonio indisoluble entre hombre y mujer y la correcta vivencia de la sexualidad humana. “Nuestra Comunidad Valenciana (…) pretende imponer, a modo colonizador de las conciencias y aún por la fuerza, esta ideología mediante una legislación inicua que se encuentra en estos momentos en las Cortes Valencianas”, sentencia el purpurado. En la carta expresa que es “malvado, injusto, contrario a la equidad” que se pretenda hacer de la educación con perspectiva de género el único modelo educativo posible. Además, ha llamado a todos los católicos valencianos y hombres de buena voluntad a hacer frente a esta nueva norma autonómica: “pido a padres, asociaciones que tienen que ver con la familia, a políticos, a comunicadores y periodistas, a educadores y a quienes me quieran escuchar”. Ha recordado que “no ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro, destrucción y corrupción de graves e incalculables consecuencias”.

En su carta, el cardenal hace una petición a los políticos progres que parece cargada de ironía: “repiensen las cosas y no vayan contra el hombre ni contra la familia. Todavía estamos a tiempo. Los considero auténticos demócratas, y no me gustaría que se convirtiesen en dictadores o tiranos”. ¿Es que el problema es ser más o menos demócrata o se trata de legislar pensando en el bien común? Recordemos que la ideología de género precisamente defiende la explicación de diferentes modos de vivir la sexualidad humana con “libertad”. Pero sólo con proponer la doctrina católica como uno de los modelos “entre otros” ya se habría perdido la batalla. El conflicto va más allá. Se podría enseñar en los colegios católicos las bondades del matrimonio indisoluble y sin embargo, al ponerlo como una opción más de cómo vivir la sexualidad humana, no se estaría enseñando el mensaje de Jesús.

“El totalitarismo de la igualdad y el derecho de las personas”

La nueva que ley que se aprobará en breve, lo será gracias a Mónica Oltra, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. La portavoz del Gobierno y representante de Compromís en Valencia ha previsto multas leves que van de 200 a 3.000 euros, y multas que van de 20.000 a 45.000 euros por infracciones graves. A todo esto se añade que la Generalitat podría prohibir el acceso de los colegios privados a cualquier tipo de ayuda pública por tres años. Además también se podría inhabilitar a los centros a dedicarse a la prestación de servicios públicos. En otras palabras, todo centro educativo, sea privado o concertado, que no enseñe la ideología de género, tiene muchas posibilidades de ser cerrado, después de un itinerario de multas altísimas. Con este panorama, si se aprueba esta ley, es presumible que los centros educativos recurran al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional en defensa de su libertad.

Entre las infracciones definidas como graves por la nueva ley figura la realización de actos que impliquen “aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de identidad o expresión de género” y también se castigará “la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de la Comunidad Valenciana de libros de texto o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo”.

Esta ley permitirá que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin consentimiento paterno. Los padres no podrán educar a su hijo sobre un tema tan importante. ¿En la escuela se valorará qué género tiene cada hijo y cómo va a vivir la sexualidad? El aspecto educativo es el otro objetivo de la ley. El proyecto establece que los colegios e institutos deberán redactar un Plan de Convivencia e Igualdad que incluya en los currículos contenidos sobre identidad de género. La ley, de ser aprobada, obligaría a todos los centros educativos (púbicos y privados) a respetar el nombre y el género que decida el menor. También exige dejar entrar en los vestuarios y lavabos y llevar la ropa que elija un alumno en función de la “identidad de género manifestada”.

El director general de Igualdad en la Diversidad declara que hay “una movilización contra la ley, igual que ocurrió ante el matrimonio entre personas del mismo sexo”. De Lamo afirma inteligentemente y adoptando el modo de un predicador progre que Cañizares tiene una postura “que quiere imponer a sus seguidores pero que no puede imponer a toda la sociedad”. “Piensa más en su ideología o doctrina, profundamente discriminatoria, que en el sufrimiento de las personas discriminadas, cuando estar al lado de quien sufre es algo cristiano y debería primarse ante todo”, sostiene. “Nuestro totalitarismo es el de la igualdad, la democracia y los derechos de las personas”.  Este es el problema, que ya se está defendiendo un totalitarismo en nombre de los derechos de las personas, encubriendo un ataque a la libertad natural que deberían tener los padres y los cuerpos intermedios para establecer modelos educativos.

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