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26 de enero de 2018 0 /

LAS VERGÜENZAS DEL SISTEMA: EL PROBLEMA CATALÁN

Se aduce que el “problema catalán” es un “problema político” de la “sociedad catalana”. Recuerda a la manida falacia repetida cuando se decía que el “conflicto vasco” era un “problema político” de la “sociedad vasca” (muertos y presos implícitos). La etimología de “política”, forma femenina politik [πολιτική], de politikós [πολιτικός], hace referencia a lo relativo a la ciudad, al arte de la cosa pública. La finalidad última que la política debe perseguir ha de ser el bien común, por lo que ni es, ni puede ser, un fin en sí misma, sino un medio.

Pero ¿qué es la “sociedad catalana”? Personalmente, confesaré que me obligaron a ser catalán, y dejar de serlo, “por decreto”. Natural de Sevilla y residente durante veinte años en Madrid, tuve la ocurrencia de ir a estudiar a la Universidad de Barcelona, dónde, en virtud de extraños acuerdos institucionales entre administraciones, que imponen criterios contarios a la libertad personal, no se me permitía matricularme si no me censaba, aunque ninguna ley amparara tal despropósito y …pluff… por arte de la magia del absurdo legislativo, me convirtieron en catalán sin saberlo, sin preguntármelo y sin quererlo. Hasta me cambiaron oficialmente el nombre de pila catalanizándolo.

Pero esto no era una medida inocente. A partir de ahí, mis “representantes”, esos que hablan por ti, deciden por ti lo que es bueno para ti y lo que debes ser y hacer, me incluyeron en el saco. Así cuando hablaban de “nosotros los catalanes”, de la “sociedad catalana”, y de las “obligaciones de los catalanes” (como hablar catalán o … bailar sardanas), resulta que estaba incluido. De la noche a la mañana me había convertido en catalán de segunda por decreto, por lo que se me negaba elegir, entre otras cosas, el idioma de un impreso (de todas maneras, sólo estaba en uno), o en qué recibir una clase. Hasta la única residencia oficial pública de estudiantes ejercía discriminación, al tener prioridad quienes procedían de cualquier otro ayuntamiento catalán (a estos no se les exigía cambiarse en el censo), aunque estuviera sólo a 20 Km. La presión institucional, política y social, coercitiva era tal que encontré gentes de bien, tan absolutamente acomplejadas y desamparadas, que se avergonzaban y ocultaban que su padre o su abuelo provenían de Almería, o que su madre o su abuela eran de Badajoz o La Coruña. Así que seas de donde seas y te creas de donde sea, allí sólo eres catalán.

Cuando en 1983, se promulgara la Ley de Normalización Lingüística, que regula y establece el catalán como la lengua vehicular de toda la enseñanza, esto es, que el catalán es la lengua en la que se imparten todas las materias y asignaturas (recuerdo una estudiante holandesa, en la Universidad de Barcelona, indignada porque sus clases para perfeccionar el español, se las impartían en catalán), a pesar de vulnerar varios “principios jurídicos fundamentales básicos” el Gobierno de Jorge Pujol comenzó una “purga”, obligando a todos los maestros con plaza a reciclarse para poder seguir ejerciendo, con el resultado de la expulsión de 14.000 maestros de forma ilegal, permitido por omisión de gobierno y tribunales (con la complicidad culpable de los miembros del TS y del TC, primando las imposiciones políticas arbitrarias de las administraciones a los derechos personales que se supone deben tutelar y defender).

Cambio 16 publicaba, en 1 de julio del 1985, bajo el título “Maestros castellanos, fora”, la historia de unos mil docentes dados de baja en sus respectivos centros tras haber sido manipuladas sus instancias para optar al concurso forzoso de traslados: «Julio Hilario Martín Crespo, un licenciado en Geografía e Historia de veintinueve años, nacido en Cáceres, en la actualidad profesor del instituto San Jordi, de Badalona, es uno de los presuntos segregados.

“Al comenzar el presente curso –asegura– fui excluido de las listas de concurso de traslados dentro de la Comunidad Autónoma catalana. Reclamé a la Generalidad y después de muchas gestiones logré ver mi instancia. Entonces pude comprobar que no era la mía, que me la habían cambiado por otra en la que yo renunciaba a solicitar destino en Cataluña, cuando lo que yo quiero es vivir aquí y ejercer aquí. Además, la falsa instancia había sido firmada con mi nombre, probablemente por alguna persona encargada de manipular estos temas”.

Aquellos que se oponían a la catalanización forzosa fueron marcados con una cruz roja en la lista de traslados».

De ellos, un pequeño número de maestros de EGB y profesores de BUP, se atrevieron a presentar denuncia ante los tribunales contra las instituciones autonómicas de Cataluña, cuyas causas fueron obviadas, sin ninguna medida cautelar, e intencionadamente retardadas durante ¡¡¡diez años!!!

En 28 de octubre de 1990, El País, publica, bajo el título “Vigilantes seleccionados para velar por el adoctrinamiento en la enseñanza”, documento secreto filtrado, elaborado por el Gobierno de la Generalidad, para la aplicación de la Ley de Política Lingüística (PLI) de 1988, «con la intención de infiltrar y copar banca, prensa, escuela y demás estamentos sociales con el ideario nacionalista … La necesidad primordial para los inspiradores del documento es catalanizar a hombres y mujeres. Habrá, pues, que educar a estos hombres y mujeres, vigilar a los educadores para que cumplan lo estipulado y seleccionar con cuidado a los vigilantes».

En el documento secreto, en el apartado de enseñanzas primaria, secundaria y profesorado universitario, no se alude en ningún momento a la libertad de cátedra, propugnando descaradamente «vigilar la composición de los tribunales de oposición». De la misma forma, se recuerda la “necesidad” de «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza», insistiendo en: «vigilar de cerca la selección de este personal». Los programas de enseñanza deben ser “catalanizados”, sin olvidar imponer «análisis previos y aprobación de los contenidos por parte de personas de confianza». En cuanto a la hora de “controlar” la comunidad educativa no docente dice: «Es necesario también incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas, y potenciar las asociaciones de profesores y estudiantes nacionalistas, así como impulsar a personalidades de ideología nacionalista a los órganos de las tres universidades». La lengua se convertirá, así, en una verdadera criba laboral ideológica, de tal modo que nadie de dentro o de fuera de Cataluña podrá acceder a un puesto de trabajo sin el plácet nacionalista.

Joaquín Arenas Sampera, ex sacerdote escolapio, coordinador general y director del equipo pedagógico de la Delegación de Enseñanza de Catalán (DEC) de Òmnium Cultural (fundado en 1961) y Jefe del Servicio de Enseñanza del Catalán (SEDEC) de 1984 a 2003, principal artífice de la política de inmersión lingüística de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalidad[1], escribe en “Varem fer posible el catalá a les escoles[2]: «la llengua ha deixat de ser element educatiu, que estem educant en una altre llengua i, per tant, estem educant ciutadans per un altre pais». Comenta, asimismo, en este artículo, como la LOGSE, en 1990, pactada a lo largo de casi una década con los gobiernos de Felipe González, «les dejó las manos libres para catalanizar la escuela», proyecto del nacionalismo ya desde los años 80: «La reforma educativa nos permitió la extensión del programa de inmersión … Desde el tiempo de la Generalidad provisional se tenía claro que la escuela había de ser catalana por la lengua, los contenidos y las actitudes». Y explica que para ello se contó con la connivencia de los sindicatos CC.OO., UGT y USTEC – STEs y con la izquierda política PSUC, PC, PSC, sin los cuales no hubiera sido posible “amansar al proletariado inmigrante”.

La llamada Segunda Ley de Normalización Lingüística de 1997, y otras Leyes aprobadas por el parlamento catalán, “blindan” la inmersión lingüística. Aunque parezca increíble, se crean oficinas de control lingüístico de la población para delatar a empresas y ciudadanos en Cataluña: las Oficines de Garanties Lingüístiques, ‎autorizadas a denunciar y sancionar, mediante delación anónima. Los maestros catalanes deben informar por escrito cuál es la lengua que emplean en sus clases y en el resto de sus actividades, incluidas reuniones de trabajo y entrevistas con los padres. En todos esos casos el uso del catalán es obligatorio incluso si el interlocutor, sea niño o adulto, no lo entiende (desde el gobierno tripartito); o la imposición de la ley de la lengua de signos catalana para sordos[3]. Ningún cartel anunciador puede estar más que en catalán. Las propias Oficines de Garanties Lingüístiques ofrecen, en su documentación informativa, ejemplos de denuncia y apertura de expediente sancionador.

En estos últimos años, judicialmente un poco “más revisionistas”, sobre los escandalosos desmanes de la política lingüística en los centros escolares, el TSJ de Cataluña ha sentenciado tímidas condenadas contra la Generalidad, pero el que fuera Consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña (de diciembre de 2003 a febrero de 2004), José Bargalló Valls, de ERC, y Consejero Primero (Conseller en Cap) hasta mayo de 2006, especie de Vicepresidente, anunció públicamente que el Gobierno de la Generalidad no acataría las sentencias. Ante las denuncias de familias, el TSJ de Cataluña falló, en sentencia de 2008, la obligación de impartir a la semana al menos ¡¡¡3 horas lectivas en castellano!!!; pero la Comisión de Educación del Parlamento de Cataluña aprobó un informe a la ponencia de la Ley de Educación de Cataluña, donde no se preveía aplicar tal sentencia de la tercera hora en castellano.

Marco Aurelio propone, en las Meditaciones[4], la búsqueda de los primeros principios mediante “la simplicidad” como principio fundamental: de cada cosa pregúntese qué es en sí misma; cuál es su naturaleza; qué es lo esencial y segregar de lo circunstancial, ya que la complejidad nos aparta del propósito. Santo Tomás sentencia que «la finalidad de la contemplación es la verdad» y apunta Josef Pieper que la contemplación es una forma de conocimiento al que no se llega pensando, sino observando y, según sostiene, el concepto de contemplación tiene, como elemento esencial, la percepción silenciosa de la realidad.

El “problema catalán” ha pasado del más dogmático silencio a causar mucho ruido, quizá demasiado ruido: “A río revuelto …”, responsabilidades que se diluyen. Los procesos históricos no emergen de la nada, por generación espontánea, sino que forman parte de un proceso de causa y efecto, ya por acción–reacción, por omisión–pasividad, o combinación de varios de estos factores.

Analicemos los enunciados del planteamiento de los elementos del problema:

  • Desde el inicio ha habido, una intencionalidad oculta, a voces, de una parte (acción), que se ha obviado interesadamente por otra (omisión culpable).
  • Para ello se han vulnerado reiteradamente principios fundamentales evidentes y conculcado derechos personales, por arbitrariedad y sin tutela efectiva (pasividad).
  • La Justicia es una virtud cardinal que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o es debido, pertenece a Derecho, razón o equidad.

Cuando una administración, léase gobierno y/o legislativo, sea cuál sea, impone medidas ideológicas arbitrarias contra la conciencia y el derecho personal y segrega en virtud de esas medidas, se entra en el ilícito e inmoral campo de lo injusto.

Pero cuando el injusto es convalidado por quien tiene el deber de velar y tutelar que eso mismo nunca sea posible, el desamparo y desolación es total y lo que es más grave, da alas para que el injusto vaya in crescendo: el delito más común e impune en España es la prevaricación de los responsables de las administraciones … ¡de todas, todos los días!

En este sentido —y no sólo en esta materia—, baste repasar las innumerables sentencias del TC y del TS, con cabalísticas interpretaciones torticeras, primando las imposiciones políticas ideológicas y arbitrariedades de las administraciones a los derechos personales, es decir haciendo el “trabajo sucio” a los abusos de las administraciones frente a personas y familias. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia»[5].

El “problema catalán”, como el “problema vasco” o como la “cuestión religiosa”, no existen en realidad, en sí mismos. Son el “problema de la España” experimental recreada, refundada y reinventada desde 1978.

Seamos serios, la solución al problema es una ecuación imposible ahora mismo.



[1] ARENAS SAMPERA, Joaquín; La catalanización del sistema educativo; Boletín de la Sociedad Catalana de Pedagogía; Barcelona, 1998.

Interculturalidad o la pedagogía de la inmigración; Revista Catalana de Pedagogía, Barcelona, 2002.

El Programa de Inmersión Lingüística (PIL), proyecto genuino y acción compartida; Escuela Catalana, núm. 441. Barcelona, ​​2007.

[2] Revista Docéncia, abril de 2004.

[3] ROBLES ALMEIDA, Antonio; Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña: 1979/2006; Biblioteca Crónica Global, Barcelona, 2013; 695 pág.

[4] MARCO AURELIO; Meditaciones, Libro Xº, nº 9. «Porque, ¿cuándo gozarás de la simplicidad?, ¿cuándo de la gravedad?, ¿cuándo del conocimiento de cada cosa?, ¿y qué es en esencia, qué puesto ocupa en el mundo y cuánto tiempo está dispuesto por la naturaleza que subsista, y qué elementos la componen?, ¿a quiénes puede pertenecer?, ¿quiénes pueden otorgarla y quitarla?»

[5] Reconoce el propio Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, finiquitado y enterrado por el revolucionario sistema que ayudó a crear.

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