9 de marzo de 2026 1

Defendamos lo público.

(por Javier Urcelay)

Tras retirarse de Bilbao y Somorrostro, el ejército carlista, con Don Carlos a la cabeza, avanzó hacia el interior. A su paso por Durango, el 3 de mayo de 1874 el rey recibió  a los representantes de la merindades del Señorío de Vizcaya, que deseaban mostrarle su apoyo.
La crónica que dio cuenta entonces de aquél acontecimiento -plasmado en un cuadro del pintor carlista José María Lecuona, cuyo original se conserva en el Museo de Arte e Historia de Durango- se refirió, con el castellano aun latinizado de la época, a la audiencia del monarca carlista a los representantes de las “respúblicas vizcaínas”.

Res publica era una expresión muy importante en la antigua Roma. Etimológicamente res significa “cosa”, “asunto”, “tema” o “realidad”, mientras que pública significa  “del pueblo” o “de la comunidad”.

Hablar de las respúblicas vizcaínas -concejos, merindades, gremios, cofradías, hermandades, montepíos etc- significaba hablar de todo ese entramado de instituciones sociales que constituían una red de representación, de participación y de protección y amparo de los habitantes del Señorío, y que eran características de la sociedad tradicional.

La Revolución Francesa se llevó por delante todas esas instituciones sociales que garantizaban una verdadera participación del pueblo en la cosa pública, y dejó al individuo indefenso y desprotegido, aislado y solitario, frente al poder omnímodo del Estado, sin esa red social que le integraba en una comunidad política, reduciendo su participación y representación a meter cada cuatro años una papeleta en una urna y resignarse el resto del tiempo a ser un siervo del poder omnímodo del Estado, monopolizador de la cosa pública.

Los epígonos de aquella desgraciada Revolución que se hizo en nombre del liberalismo y acabó con las libertades, reivindican hoy “lo público” para acabar con aquellas respúblicas, reclaman “la educación pública”, “la sanidad pública” y “la televisión pública” para referirse a la educación controlada por el Estado, la sanidad del Estado y la televisión convertida en portavoz del Estado, es decir, al servicio del Gobierno y de los trampolines para alcanzar el mismo que son los partidos políticos.

El liberalismo acabó con las verdaderas respúblicas e implantó el Estado absolutista y totalitario -instancia suprema e inapelable-, que hoy se siente legitimado para decidir lo que deben comer nuestros hijos en los colegios, imponer que las empresas tengan que atender a sus clientes en catalán, o decidir que los propietarios de un perro tengan que sacarse un carnet que les autorice a sacarlo a pasear.

La sociedad tradicional defendía las instituciones públicas. El liberalismo, y sus secuelas liberales, progresistas o socialistas, lo que defienden es lo estatal, que consiste, exactamente, en la aniquilación de todas aquellas respúblicas o instituciones sociales que eran genuina representación de lo público y ámbito de participación popular en los asuntos de su responsabilidad y competencia.

Al igual que el carlismo está con las libertades en contra de los que acaban con ellas en nombre de una abstracta libertad, defiende las instituciones públicas contra los suscriptores de una concepción totalitaria del Estado que acaba con todo vestigio de soberanía social al tiempo que se les llena la boca de lo público.