¿Los separatistas secuestrarán el Parlamento de Cataluña de nuevo?

Lo que JxC y ERC quieren hacer del Parlamento de Cataluña es vergonzoso. Por una parte, hoy se ha sabido que JxCat ha acordado que el presidente del grupo parlamentario será Jordi Sànchez, en prisión provisional, y la portavoz, Elsa Artadi, según han informado fuentes de la primera fuerza independentista del Parlament. Por otra parte, Carles Puigdemont, ha solicitado en una carta, a día de hoy, amparo al presidente del Parlament, Torrent, para poder someterse al pleno de investidura que se celebrará mañana.

“Estimado presidente,

Le dirigo este escrito en mi condición de diputado del Parlamento de Cataluña y como candidado a presidente de la Generalitat, propuesto el 22 de enero por la presidencia que usted ostenta.

De acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Cataluña (art. 4) tengo el derecho de asistir a los debates y a las votaciones del pleno,y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art.57) y el propio Reglamento del Parlament (art.22) gozo de inmunidad con el efecto concreto de que no puedo ser detenido salvo en caso de delito flagrante.

Atendidas las actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar el ejercicio de mi mandato como diputado y como candidato a la Presidencia de la Generalitat, y particularmente a impedir que pueda asistir al pleno de investidura programado pra el propio día 30 de enero, como la máxima autoridad de la Cámara y en las funciones que le son inherentes para hacer cumplir el reglamento, le solicito amparo y que adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlamento y del conjunto de sus miembros”.

Un órgano que, se supone, representa las aspiraciones legislativas de los vecinos españoles en Cataluña, no debería estar fiscalizado por los políticos que están presos por los delitos de rebelión y sedición. Al margen de la grave traición a la Patria que cometen los separatistas, es un paso todavía más desafiante querer poner en manos de personas que no pueden ejercer su cargo con la dedicación que deberían las instituciones catalanas. Por otra parte sería lógico suspender judicialmente el ejercicio del cargo electo de diputado hasta que se decida si son culpables o no de los delitos de los que han sido acusados los políticos catalanes.