La Justicia desaprovecha la oportunidad de oro para detener a Puigdemont

El Tribunal Supremo, y en concreto el juez Llarena, no ha activado la euroorden de detención contra Carles Puigdemont. La Fiscalía había solicitado activarla para detener al sedicioso y rebelde Puigdemont en Copenague, donde ha viajado para dar una conferencia. Sin embargo, el entramado de medidas judiciales ha puesto a la autoridad judicial en una encrucijada difícil. Si se detiene a Puigdemont, sería prácticamente inevitable que pudiera delegar su voto e incluso ser investido como Presidente, lo que sería un hecho inaudito: la máxima autoridad autonómica estaría a su vez entre rejas con el consiguiente efecto mediático que conllevaría. Por otra parte, si no se detiene a Puigdemont, seguirá haciendo el espectáculo en las instituciones europeas, promoviendo directamente su causa soberanista como un “exiliado político”.

La clave del problema es que se permita a un político que está acusado por la Justicia de delitos tan graves como sedición y rebelión, ejercer su cargo como representante. Sobre todo porque ser supuesto sedicioso y supuesto rebelde es algo que atenta directamente contra la integridad de la Patria, madre y sostén de las instituciones políticas que ha utilizado el ex-President para hacer de las suyas. Es algo intolerable y contrario al sentido común.