El Consejo de Estado dictamina que el Gobierno del PP tuvo responsabilidad en el accidente del Yak-42

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno de España, ha emitido un dictamen más de 13 años después del accidente del Yak-42 y ha reconocido oficialmente que el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo tuvo responsabilidad patrimonial en el siniestro. Aunque no es una sentencia judicial y no tendrá consecuencias económicas, el Consejo de Estado reconoce que el Estado tendría que hacer frente con sus propios bienes ante el daño causado en el accidente ya que tuvo parte en las causas del accidente por la grave imprudencia que se cometió. “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, declara el Consejo de Estado en el dictamen.

Esto por un lado golpea la herencia recibida de José María Aznar, considerado por algunos conservadores como un político que debería hacer un partido propio. El PP de la época habría utilizado fondos de la contabilidad B –según Bárcenas– para ocultar y defender a los militares implicados en la red de mentiras que se urdió para proteger a Federico Trillo. El mismo ministro de Defensa aseguró que Aznar blindó su puesto entre los ministros mientras sucedieron los hechos.

Por otra parte obliga a Mariano Rajoy a distanciarse aún más de José María Aznar y a tomar medidas para hacerse cargo de la mayor catástrofe en tiempos de paz que ha sufrido el Ejército Español y del daño que hizo el Gobierno del PP a las familias españolas de los fallecidos.

¿Qué pasó en el accidente?

El 26 de mayo de 2003 sucedió la tragedia que costó la vida a 62 militares españoles por el accidente del vuelo 4230 de UM Airlines. El avión era un Yakolevv Yak-42D fabricado en 1988. El siniestro se produjo en Turquía, a pocos kilómetros del aeropuerto de Trebisonda donde tenían que hacer escala antes de regresar a casa. Las causas de porqué el avión se estrelló no se conocen exactamente porque la caja negra de voz estaba estropeada desde hacía ya un mes y medio y se perdieron las comunicaciones con la torre de control del aeropuerto minutos antes de siniestro. El porqué de este accidente se atribuye a la negligencia de la contratista, que no realizaba ningún tipo de inspección técnica a aviones con dudoso mantenimiento adecuado. También se atribuye responsabilidad al entonces ministro de Defensa y a otros mandos militares que no realizaron adecuadas revisiones de las condiciones en las que viajaban los militares.

¿Por qué hubo tanta polémica con posterioridad al accidente?

Concurrieron numerosos errores por parte Federico Trillo, ministro de Defensa y de otros mandos militares, a la vez que los contratistas no dieron buenas condiciones a los viajeros en su vuelta a España después de la misión Libertad Duradera en Afganistán.

El primer error –y el más determinante– desencadenó el dolor y los reproches de muchos de los familiares de los fallecidos. Las condiciones de vuelo fueron relatadas por los mismos militares días o semanas antes de siniestro a sus familias. José Antonio Fernández, comandante del Ejército de Tierra estaba en el vuelo y le dijo a su mujer antes del embarque “reza por mí que este avión es una mierda”. José Manuel Ripollés, también comandante del Ejercito de Tierra, comentó en un correo electrónico a un amigo que los aviones utilizados en el transporte “son alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite, (…) la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”. Vicente Agulló, cabo 1º del Ejército del Aire, comentó a su padre que “quieren que volemos en una tartana”.

Ante estos testimonios, la reacción de los familiares no se hizo esperar. Denunciaron, con el apoyo de los principales medios de comunicación que los vuelos utilizados para este tipo de transporte de tropas eran de bajo coste. Todo unido a que el Gobierno recibió hasta 14 quejas de militares españoles que advertían problemas en 4 aviones preparados para hacer el traslado de efectivos a España en fechas anteriores al siniestro. El nivel de la inoperancia del Gobierno y del Ministerio de Defensa se puede comparar a como actúo el Gobierno de Noruega, que canceló el contrato con los aviones por una sola queja de un militar que denunciaba que “salía aceite de los motores, paneles sueltos, cables pelados…”. No hubo inspecciones por parte del Ministerio de Defensa para acreditar la veracidad de las quejas presentadas.

El segundo error más reseñable para que fuera un asunto tan doloroso fue que se urdió una red de mentiras para dar por identificados a los militares españoles que fallecieron. Se pretendió dar un funeral solemne con honores y desfiles pero se obvió la necesidad de justicia que los familiares tenían por haber perdido a sus familiares en errores cometidos por el Ministerio. Las sospechas de que la identificación de los cuerpos había sido falsa empezó cuando sólo un día después de accidente, el general José Antonio Beltrán anunció desde Turquía que todos los cuerpos estaban prácticamente identificados. La realidad fue que las autopsias fueron visuales y que se confundieron 30 de los cuerpos de los fallecidos entre sí e incluso se mezclaron restos mortales de 3 militares en un mismo féretro. Se condenó al general Vicente Navarro por delito de falsedad de documento oficial y un comandante y un capitán fueron condenados como cooperantes. Hoy están de nuevo en cargos militares y han ascendido de puesto.

¿Qué es el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado es el mayor órgano consultivo del Gobierno de España. Presente ya en el reinado de los Reyes Católicos, es uno de esos rastros de la España tradicional por la que se establece un grupo de personas autorizado para observar, investigar, clarificar y aconsejar sobre algunos temas de especial relevancia pública. La función es dar una opinión fundada y autorizada, proponer soluciones que puedan ser beneficiosas para el país. Está formado por un Presidente nombrado por el Gobierno, José Manuel Romay Beccaria (del Partido Popular); por una Secretaria General, Guadalupe Hernández-Gil, letrada del Consejo de Estado; por consejeros permanentes que se eligen libremente entre los que hayan sido ministros, presidentes, consejeros de Gobiernos de las comunidades autónomas, consejeros de Estado, letrados del propio Consejo…; y por consejeros natos (ex-presidentes del Gobierno de España, directores o presidentes de la Real Academia Española, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Real Academia de la Historia, Consejo Económico y Social, el fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa…) Personalidades que aúnan tanto la faceta política como institucional. Es un órgano estable y fuera del día a día de las decisiones políticas y es posible que por ello haya salido la sentencia. Para muchas personalidades públicas, en la práctica casi nunca se le hace caso.