Seguir el blog (Follow.it)Pandemia: Lo que el Gobierno esconde
(Por Javier Urcelay) –
En días pasados hemos celebrado -valga el término- el aniversario del comienzo de la pandemia en España y la declaración del estado de alarma. A lo largo de los últimos meses, primero el Gobierno y luego nuestros gobernantes de distinto rango, nos han estado dictando las medidas que deberíamos seguir, bajo amenaza de graves sanciones. Una infinidad de decretos, ordenes, reglamentaciones de todo tipo, frecuentemente contradictorias, habitualmente sin base científica alguna, y con el único elemento común de ser restricciones a nuestros derechos fundamentales: a la libertad de movimiento, de residencia, de socialización y vida familiar, de comercio y trabajo etc.
Un aluvión de disposiciones unilaterales y unidireccionales, del poder a los ciudadanos, sin que el gobierno, amparado en el estado de alarma, haya tenido que dar cuenta nunca, ni responder ante la sociedad de su gestión ni de la eficacia de la misma.
Después de más de 100.000 muertes y más de dos millones de contagiados, después de decenas de miles de hospitalizados, después de la aprobación de la primera vacuna en diciembre del pasado año, después del establecimiento de unos supuestos segmentos prioritarios de vacunación, después de registrarse unos efectos secundarios letales aparentemente relacionados con una de las vacunas, el Gobierno solo habla para dictar nuevas y confusas restricciones en un festival absurdo de medidas a cual más pintoresca e injustificada; nunca para rendir cuentas, nunca para explicar a la población lo que se sabe o ha aprendido de la pandemia, jamás para rendir cuenta de la eficacia de su gestión. Todo ello gracias a un inventado y abusivo estado de alarma que, en efecto, resulta alarmante, pero no por los requerimientos de la pandemia, sino por lo que tiene de ejercicio de totalitarismo y abuso de poder.
Nadie parece haber analizado las consecuencias de las medidas que desde hace meses vienen condicionando las libertades de la población, de forma que podamos constatar, para bien o para mal, la utilidad real que han tenido tanta limitación y tanta imposición. Nos quedaríamos mucho más tranquilos si la evidencia disponible y compartida avalara la idoneidad de esas medidas. ¿Pero es así? ¿Existen datos que lo prueben? Silencio administrativo.
Se nos dan datos de contagiados, ocupación de camas y enfermos en uci. Y de ahí no salimos.
Miles de personas han pasado por los hospitales y las ucis. Podríamos conocer estadísticas fiables de días promedio de hospitalización para cada grupo de población en función de sus edades o factores de riesgo. Podríamos saber las tasas de mortalidad registradas en cada caso, e incluso sus diferencias entre provincias, o dependiendo de la variante de virus. Y compararlo con lo que ocurre en otros países. Podríamos conocer los protocolos de tratamiento que se aplican, y la eficacia de los mismos en cada caso. Deberíamos saber cuál ha sido en las residencias de ancianos el impacto de la vacunación en la incidencia de la enfermedad y la gravedad de la misma, comparando la situación previa con la actual. Deberíamos conocer el plan real de vacunación y el detalle los efectos adversos que se están registrando con los distintos tipos de vacunas, la existencia o no de contagios entre los vacunados, las reinfecciones…
Tendríamos que tener información de cuánto personal sanitario ha sido contratado para hacer frente a la pandemia, de en cuántas plazas se ha ampliado la capacidad de las ucis, de cuántos respiradores más se han adquirido, de la evolución de las bajas y los contagios entre los profesionales sanitarios…
Sería razonable tener información sobre la situación comparativa de España respecto a otros países del mundo, y particularmente de nuestro entorno. Sobre cuántas vacunas se esperaban y cuántas han llegado efectivamente a España, sobre si la vacunación masiva en el Reino Unido o Israel han supuesto un punto de inflexión reconocible en las cifras de la pandemia. Deberíamos saber si las nuevas apps tecnológicas que se estaban desarrollando, y que se han utilizado en otros países y se estaban introduciendo a título piloto en algunos lugares de España han servido para algo.
Estaría bien saber algo sobre el progreso en el desarrollo de las vacunas que se están investigando en España, de los recursos públicos que se han asignado a estos proyectos, de los programas de aceleración existentes…
Y así podría seguir con una larga lista de todas aquellas informaciones, aclaraciones, y datos que los ciudadanos, a los que se nos restringe con tanta facilidad nuestros derechos, y a los que se nos amenaza tan continuamente con multas y sanciones, tendríamos derecho a conocer de nuestros gobernantes para comprender, analizar, tomar posición, opinar con fundamento.
Si el gobierno conoce la respuesta a tantas preguntas y nos las hace públicas, hay que preguntarse por qué las esconde. ¿Afectarían a su credibilidad? ¿Mermarían su capacidad de seguir limitando nuestros derechos?
La fórmula de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” tiene un nombre en la historia de las formas políticas: despotismo ilustrado.
Si nuestros gobernantes ni siquiera tiene esas respuestas, y esa es la razón por las que no las comparten, entonces sólo cabe concluir que la lucha contra la pandemia en España está en manos de una partida de incompetentes e irresponsables, y que de lo único que habría que hablar es de cuándo dejan sus cargos y se van a sus casas.
Muchos pensarán que el gobierno social-comunista oculta deliberadamente lo que sabe, porque las circunstancias actuales le permiten más fácilmente avanzar su programa de ingeniería social. Es probable, pero por mi parte, sospecho que su incompetencia es aún mayor que su perversidad.
Los deberes y las obligaciones contra la pandemia tienen que ser de doble sentido, y no solo pueden ir desde el poder hacia los gobernados.
Lo que estamos aceptando impasibles, eso sí que es un verdadero estado alarmante, más que un estado de alarma, que los españoles deberían decidir no prorrogar ni un día más.