Seguir el blog (Follow.it)Comentario a la reprobación del PIN parental por el gobierno PSOE y sus aliados en Navarra
El Gobierno de Navarra aprueba una declaración institucional sobre el denominado “veto parental”, y
El Gobierno de Navarra aprueba una declaración institucional sobre el denominado “veto parental”, ymuestra su rechazo a la iniciativa, a la que califica de “censura”, y reitera su compromiso con la “pluralidad de pensamiento y enseñanza”
22/01/2020
El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, la siguiente declaración institucional en relación con el denominado “veto parental”. En negrita el texto gubernamental, y en cursiva nuestro comentario a título particular. Si parece algo redundante, es porque el texto matriz también lo es.
“El Gobierno de Navarra, en relación al intento de imponer una censura parental sobre materias curriculares en el sistema de enseñanza,
Nuestro comentario:
El Gobierno de Navarra reacciona con una extraña rapidez e hipersensibilidad, nada más advertir en la C.A. de Murcia y en otros lugares un movimiento a favor del llamado PIN parental.
El pleno derecho de los padres a la educación de sus hijos no se expresa debidamente en el término de censura parental. El término “censura” hoy puede resultar odioso si se ignoras o minusvalorar el tema que se trata. El Gobierno podrá su propia censura –es lo propio suyo, pues tiene el poder coercitivo-, mientras que los padres tan sólo piden respeto –lo que no es poco-. Y ese respeto dice: “Hasta aquí ha llegado Vd.”.
Cuando los padres actúan es por obligación de conciencia y convicción religiosa en el tema que se trata. No les resulta cómodo y divertido oponerse a los contenidos que consideran corruptores, aunque sí muy satisfactorio por cumplir su obligación. Dicha oposición es una de las maneras que los padres y tutores tienen para ejercitar su verdadera libertad de educación y enseñanza, así como sus derechos sobre sus hijos y tutelados, o bien en una de las maneras que estos últimos tienen para ejercitar sus derechos en cuanto personas en aquello que desde su limitación alcanzan. De todo ello los padres e hijos dan suficientes pruebas
Manifiesta
Que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, entre los que se encuentran el derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho a la participación, asociación y reunión.
A ello digamos:
No se debe ser capcioso ni cometer el error de bulto y jurídico de contraponer el Art. 27 de la Constitución a los derechos de la infancia y adolescencia presuntamente desarrollados desde aquel. En todo caso, el derecho que prima es dicho Art. 27.
El Gobierno habla del derecho a la información, pero ¿de quién, de qué, cómo y para qué se informa? Este derecho no puede ser un eufemismo o trampa para que el Estado imponga sus contenidos sobre las conciencias, el alma y los cuerpos de los niños y adolescentes.
El Art. 27 precisamente vela por la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado, y el derecho a la participación, asociación y reunión en materia de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia.
Más todavía, dicho Art. 27 reconoce el derecho primario de los padres y tutores en la educación de sus hijos y tutelados. Y sobre él está el derecho natural -también los contrarios buscan su inspiración extraconstitucional- y hasta la propia religión positiva.
Que el interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa son imperativos legales que deben ejercitarse mediante la transmisión de información “veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”, según establece el artículo 5º de la ley orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Aportemos lo siguiente:
Expresiones como las expuestas dan gato por liebre, pues no debe afirmarse que la corrupción moral que así consideremos sea una preparación para el ejercicio de la ciudadanía activa.
De nuevo y con eufemismos se está situando la llamada ley del menor por encima del Art. 27 de la Constitución.
Más todavía. ¿Quién marcará los intereses superiores de los menores en el ámbito social, que es parte importante de la formación ética, moral y religiosa de la persona? Lo decimos porque es un enorme error creer que la ciudadanía activa se puede y debe ejercer sólo a través de la ideología del partido gobernante. Sin duda la persona es anterior a la colectividad, salvo para el totalitarismo fascista, comunista, nazi o materialista-ecológico.
Precisamente el llamado PIN parental antepone los derechos fundamentales a las disposiciones del poder ejecutivo, y quiere que no se quiebre el Art. 27 de la Constitución, que señala a los padres y tutores como los definidores de dichos contenidos. ¿Es lo suyo un capricho o lo es el afán del poder ideológico y político de controlar y dirigir toda la realidad al estilo hegeliano?
Es un enorme dislate considerar que el interés del menor y su futura ciudadanía activa debe conllevar la quiebra del Art. 27 de la Constitución donde se reconoce a los padres el derecho primario a la educación de sus hijos.
Que iniciativas como la prohibición de actividades escolares pretendida con el llamado “veto parental” no tienen cabida en nuestro sistema educativo por cuanto pretenden excluir al alumnado afectado de la participación en actividades escolares en horario lectivo en las que se imparten contenidos curriculares básicos, exclusión que atentaría contra los derechos de los menores que madres, padres, tutores y profesorado están obligados a proteger por imperativo legal. El cauce de participación esencial reside en las asociaciones de madres y padres, actores fundamentales del sistema, y a través de las cuales se entabla un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas. En los colegios e institutos, a través de sus consejos escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, madres y padres y el alumnado a través de sus representantes, acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección educativa, encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos.
Permítanme decir que:
Es el Gobierno o poder ejecutivo y su administración, quien con la EpC, Skolae en Navarra, la LGTBI… atenta contra los derechos de los padres y tutores, los menores, y los profesores que actúan como delegados de las familias.
Las actividades y los contenidos escolares deben estar al servicio de los padres e hijos, y no del partido e ideología de los gobernantes, que por otra parte debieran de ser elegidos para el bien común y por algo lo son con un carácter temporal.
Los padres, hijos y profesores, pueden oponerse a la administración, cuando ésta propone inmiscuirse e incluso corromper a los educandos.
Los derechos fundamentales de los menores y de los padres no pueden ser dictados por el Estado sino reconocidos por él, pues son anteriores al Estado, a sus funcionarios, al partido gobernante. Tales derechos corresponden a cada familia en vez de al consejo escolar, mediatizado o no éste último por las mayorías, o bien mediatizado por directivos elegidos por la administración o por profesores que deben estar al servicio de las familias en vez de la ideología del partido o partidos de los Gobiernos local o central.
Los maestros y profesores tienen su propia personalidad y no son la larga mano del partido gobernante, se deben a la ética y moral fundamentales, se deben a la ciencia universal, y sobre todo a los padres con cuyos hijos realizan su más noble profesión.
Que la escuela como lugar de convivencia y comunidad de aprendizaje cooperativo garantiza para los menores el derecho a la educación que en nuestro ordenamiento jurídico está vinculado además con la libertad de cátedra.
Comentemos de nuevo:
La libertad de cátedra del educador, en temas conflictivos o no, está al servicio de las familias y los alumnos, y es ante ellos ante quienes debe ceder, y no al revés.
Además, si la libertad de cátedra es la última instancia, habrá contenidos distintos para los educandos, tantos como profesores, cosa que el igualitarismo no puede admitir. Apelar a dicha libertad de cátedra, ¿no es una falsa justificación para que el partido gobernante imponga sus opiniones tanto a los profesores como a las familias?
Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Gobierno de Navarra considera que los vetos y censuras educativas son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es misión básica de la educación y por ello aprueba esta.
¿Qué decir a todo ello?:
Es la segunda vez que afirmamos aquí que el derecho de los padres e hijos a la educación no se puede reducir ni identificar con el término “veto y censura educativa”.
La propia administración sí que ejerce sus propios vetos y censuras, es por naturaleza coercitiva, perjudicando en este caso totalitario las libertades de los alumnos y las familias, así como de los maestros y profesores. El contacto con los alumno en una educación personalizada, hace que el maestro se incline ante éste último y su familia, y les ayude desde los parámetros, creencias e ilusiones propias paterno-filiales.
La educación no es la autonomía e independencia sino que las supone, de modo que no se debe informar e imbuir teórica y prácticamente cualquier contenido a los menores. Además del derecho paterno-filial y de los profesores, la verdad nos hará libres y el acceso del alumno a la realidad ha de ser paulatino, personalizado y ajustado a su período de madurez.
Declaración institucional
1.- El Gobierno de Navarra muestra su rechazo más rotundo a la introducción del denominado “veto parental” cuyo objetivo es censurar los contenidos educativos que recibe el alumnado.
Vamos terminando, de modo que:
El Gobierno debiera felicitarse porque desde la sociedad se le recuerde la existencia del “veto parental” en materias relacionadas con la recta conciencia de los padres e hijos, la moral básica, y la existencia de valores como la honradez y respeto a lo más sagrado de la vida como son los hijos.
Más todavía, el Gobierno debiera pedir a los padres que en el ejercicio de la libertad de educación, hagan que la administración reduzca su actividad educativa a facilitar los medios materiales para que los padres y profesores elaboren los currículos dentro de un marco general, elijan el número de horas lectivas para la clase de religión y lenguas, y cada escuela pueda plasmar su idiosincrasia y buen hacer en un título propio reconocido a su vez por la Administración.
2.- El Gobierno de Navarra muestra su pleno apoyo al profesorado que impulsa e imparte los contenidos obligatorios de igualdad y educación afectivo-sexual bajo criterios exclusivos de rigor científico e independencia profesional.
Añadamos con rotundidad:
No escondan los susodichos contenidos obligatorios de igualdad y educación afectivo-social, bajo un pretendido rigor científico e independencia profesional, cuando se trate de contenidos generales que por su naturaleza caigan bajo la responsabilidad de los padres y tutores, cuando se trate de contenidos particulares de carácter amoral o inmoral, cuando hay otros criterios científicos y pedagógicos, cuando dichos contenidos pudieran suponer un plano inclinado a la posible pederastia o corrupción de menores, y cuando pueden ser contrarios a la educación que los padres desean para sus hijos.
3.- El Gobierno de Navarra lamenta los ataques que determinadas organizaciones están llevando a cabo contra las programaciones pedagógicas que desarrollan el derecho a una educación integral y equilibrada del alumnado y a su formación en valores cívicos.
¿Qué aportaremos a este tercer punto?:
No escondan sus pretensiones totalitarias de modelar la conciencia de los niños y adolescentes en la imposición de una pretendida educación integra y equilibrada, individual y cívica. Primero porque tendrán que demostrar que los contenidos que quieren imponer tienen tales características, y segundo porque la profundidad humana de las materias que se tratan corresponde propiamente a las familias.
Además, la ciencia demuestra que la educación propuesta, por ejemplo, en Skolae… y similares, supone un abuso psicológico y pedagógico, y una corrupción de menores. La práctica también indica que ciertas actividades programadas han dado un pésimo resultado generando unos núcleos juveniles desmotivados, amorales y manipulables, cuyo idolillo es a veces la violencia disfrazada de política.
4.- El Gobierno de Navarra manifiesta su compromiso para garantizar la pluralidad de pensamiento y la enseñanza de los principios de igualdad, convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe transmitir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y como lo recomienda el Consejo de Europa.”
¿Qué decir a esto?
Aquí se manipulan unos términos amplios como el chiclé, que son precisamente los incumplidos por el texto comentado del Gobierno de Navarra. Se suele decir que las grandes tergiversaciones como éstas son más creíbles que las pequeñas mentiras. ¿Qué cuentan o pretenden enseñar a la multitud de familias sobre la pluralidad de pensamiento? ¿Qué venden con una igualdad convertida en igualitarismo, una convivencia convertida en división social, un respeto transformado en “dominio” y absorción totalitaria por el Estado o partido gobernante, una tolerancia que rebaja a las familias, escuelas y maestros con sus insultos y abre el camino de la persecución? Harán como los jacobinos en el poder.
Aquí, al verse en minoría ante la sociedad, el Gobierno se escuda en el Consejo de Europa como si el número diese la razón, y como si los textos de la UE favoreciesen sus pretensiones. Tal solemnidad aparente puede ser trampa de incautos.
En conclusión (esperemos no haber sido “unos pesados”, pues la amenaza ya cansa):
Se tergiversa hasta la contradicción proponiendo cargarse el Art. 27 de la Constitución desde fuera de la Constitución, desde otras leyes inferiores que pueden ser entendidas de varias maneras.
Se juega a contraponer unos derechos sobre otros, esto es, a oponer los derechos ciertos de los padres con y sobre sus hijos, frente a unos supuestos derechos del Estado sobre todos ellos.
Se cae en el totalitarismo cuando el Estado otorga y señala los derechos y deberes de la niñez y juventud así como los derechos de padres y tutores. Es el “moderno” totalitarismo fascista: todo por y para el Estado, nada fuera y todo dentro del Estado. También se anulan los derechos del profesorado en materias éticas y morales, convirtiéndolo en la larga mano de la ideología del gobernante.
Se cae en el mercantilismo cuando se cree que quien aporta dinero, compra, y que en este caso la Administración compra la patria potestad a los padres de la escuela pública y concertada.
Todo sirve para justificar que Estado, el partido gobernante o el Gobierno de coalición, están por encima de la sociedad y su núcleo vivo y jurídico que son las familias.
Díganlo claro: lo que quieren es que el Estado, o mejor el Ejecutivo, y en su caso la administración o bien la voluntad de un partido o suma de partidos, se conviertan en el becerro de oro a los pies del Sinaí.
José Fermín Garralda
Postdata:
Ante la declaración de mons. Cañizares a favor de que los hijos sí son “propiedad” de los padres, en cuanto que «los padres tienen el deber y la responsabilidad de educar a sus hijos y nada ni nadie se lo puede arrebatar», y ante su afirmación de que «lo que ha dicho Celáa es una barbaridad, no se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Este Gobierno no sabe dónde va y así está conculcando el ordenamiento jurídico español», recogido todo ello en Infocatólica el 21-I-2020, he apostillado lo siguiente: ” Muchas gracias, mons. Cañizares. Sigo su magisterio sobre el término “pertenencia”, aunque los materialistas lo confunden con el “dominio” y con “hacer lo que le viene en gana”. Ese es “grosso modo” su error, pero lo que realmente buscan es ser CAPCIOSOS. A ver su CAPTAN engañosamente a la gente. Si los hijos no “pertenecen” a los padres… muchísimo menos “pertenecen” al Estado”.