Las 10 principales condiciones de la UE a las “ayudas”

por Luís B. de PortoCavallo

La UE dice que va a destinar un “fondo de reconstrucción” de 750 mil millones de euros, en 6 años, de 2021 a 2027, que la Comisión Europea tomará prestado en los mercados financieros, en nombre de la UE, financiado por deuda conjunta ―de los 27 miembros en bloque―, “canalizando” subsidios, vía presupuesto, para impulsar la recuperación económica, que serán distribuidos en forma de subvenciones (390 mil millones) y préstamos (360 mil millones).

También implica rebajas en las contribuciones de determinados países (Holanda, Suecia, Dinamarca o Austria) al presupuesto de la UE. Holanda reduce su contribución en 2 mil millones de euros anuales, Suecia ahorrará mil millones de euros anuales, en el período de 2021 a 2027.

El presupuesto común para los próximos siete años ―primero sin el Reino Unido―, se elevará a más de mil billones de euros.

Teniendo en cuenta que, entre 2013 y 2017, España aportó al presupuesto de la UE 53.705 millones de euros y en 2018 un total de 10.314 millones de euros, según datos de la propia Comisión Europea, se han malnegociado los 72.000 millones, en seis años ―lo que hace una media de 12 mil millones/año―, en forma de “transferencias de cohesión” y 68.000 millones en créditos (en total, los tan cacareados 140.000 millones de euros).

Por ese “excedente” de apenas 2.000 millones de euros, Europa pide a España 10 reformas en tres años para ir entregando poco a poco los míseros fondos. La “ayuda” europea obligará a los gobiernos a cumplir las denominadas “Recomendaciones específicas para cada país” de los años 2019 y 2020, de Bruselas que, hasta ahora, se iban ignorando.

Las “Recomendaciones específicas para cada país” se trata de un instrumento que la UE creó durante la “gran recesión” de 2011, con el objetivo de “mejorar” la coordinación de las políticas económicas y prevenir que los desequilibrios de un Estado miembro provoquen un efecto contagio que ponga en riesgo al conjunto de la eurozona, tratando de evitar “nuevas crisis de deuda” que amenacen la supervivencia del euro.

La Comisión Europea publica cada año, a finales de mayo, recomendaciones de política económica, enfocadas a cada uno de los 27 miembros, esto es, no son una “petición general de reformas”, sino medidas muy específicas, a medida, para cada uno de ellos. Son recomendaciones que se discuten en el ECOFIN, aprobadas por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y finalmente deberían aplicarse por cada miembro a nivel nacional. Estas recomendaciones abordan las “grandes deficiencias” de los Estados miembros que deben mejorarse y las reformas que deben hacerse.

Sin embargo, al no tener carácter vinculante, quedaba en manos de cada Estado miembro decidir si las aplicaban o no ―su incumplimiento no acarrea sanciones―, los sucesivos gobiernos españoles las han ignorado por lo que no siempre han tenido los efectos deseados. Sólo cuando España estaba al borde de la quiebra en 2012 y necesitaba el rescate bancario, el gobierno Rajoy, aprobó las reformas, clara exigencia de algunos países miembros y de Bruselas, que insistió ―como ahora sigue exigiendo― en que lo más importante era la reforma laboral y de las pensiones.

El acuerdo sobre el “fondo de reconstrucción” lo cambia todo. Ahora, las “ayudas” (subvenciones o créditos) estarán vinculados a ese instrumento de Recomendaciones Específicas para cada país. No tanto las de 2020, que se centran en la respuesta, a corto plazo al COVID-19, sino, según los acuerdos alcanzados, las incumplidas en el año 2019.

Los gobiernos de los países que, como España, quieran acceder a las “ayudas” de la UE, deben enviar a Bruselas, el 15 de octubre, su plan de reformas e inversión, basado en las exigencias de esas “recomendaciones”, con medidas concretas para los próximos tres años, primer período en que se arbitrarán las “ayudas” del fondo anticrisis, que entraña objetivos determinados y la verificación de su cumplimiento para el desembolso de los pagos.

Si cualquier otro Estado miembro, entiende que la Comisión Europea es “demasiado laxa” (como ha ocurrido a menudo) a la hora de evaluar, de garantizar que las reformas previstas se ajustan a las directrices de la UE y verificar que se hayan llevado correctamente a la práctica, se establece una especie de doble poder de veto sobre los planes de reformas, pudiendo activar el “freno de emergencia” y paralizar las ayudas, antes de que se desembolse el dinero, de forma que, cualquier estado miembro, en primera instancia, podría corregir o incluso rechazar en solitario el plan de reformas y, seguidamente, bloquear los pagos de fondos europeos, si considera que los gobiernos incumplen sus compromisos.

LISTA DE LAS 10 PRINCIPALES CONDICIONES A ESPAÑA

1.- REFORZAR EL SISTEMA SANITARIO

El COVID-19 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la sanidad española y sus graves problemas estructurales, algunos de los cuales se deben a déficits de inversión en infraestructuras y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo del personal sanitario. La Comisión Europea denuncia que ello se ve agravado por las disparidades entre los diferentes gobiernos de las CC.AA.  en materia de inversión, recursos físicos, personal e ineficaz coordinación.

Debe reforzarse la resistencia y capacidad del sistema sanitario tanto en lo referido a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura. Tiene que garantizarse el acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos de toda la población, especialmente de las personas mayores que vivan en residencias (las más golpeadas por la pandemia por esta causa).

Bruselas advierte que, a medio plazo, es importante garantizar que, la probable reducción de recursos presupuestarios debida a la crisis económica, no afecte al acceso a la cobertura sanitaria de la población y provoque desigualdades. Se debe potenciar la atención primaria y la sanidad digital.

2.- PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

La UE ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB, por lo que a España no se le exige, esta vez, ajustes presupuestarios a corto plazo (pese a las alarmantes previsiones del déficit y de la deuda). Suspensión que seguirá vigente, al menos, hasta el 2022.

Según el análisis de la Comisión Europea, antes de la crisis, España ya era uno de los países de la UE con mayor déficit sin haber tomado medidas. Aunque la prioridad es atender, con el gasto público, el impacto del coronavirus para amortiguar la situación, en cuanto las condiciones económicas lo permitan, a medio plazo, se deberán aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente, y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomente la inversión.

3.- MEDIDAS “COMPENSATORIAS” PARA LAS PENSIONES

La UE censura los recientes cambios a las reformas de Zapatero en 2011 y Rajoy en 2013 (de volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación en 2018 y 2019), por lo que reclaman “alternativas” para garantizar el “aplazamiento del factor de sostenibilidad” del sistema de pensiones y la suficiencia relativa de las pensiones y requieren “medidas compensatorias” a medio y largo plazo.

 4.- COMBATIR LA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL

España, ya antes de entrar en la crisis, era el Estado miembro con mayor tasa de contratos temporales y, además, con mayor tasa de desempleo de larga duración y el segundo (sólo tras Grecia) de tasa de paro más alta, lo que, según la UE, frena el potencial de crecimiento y desintegra la cohesión social.

Según el análisis de Bruselas, los contratos temporales, excesivamente cortos a menudo, no generan incentivos para invertir en formación y hunden la productividad laboral general, dando, como resultado, un menor acceso a las ya precarias prestaciones sociales y mayor riesgo de pobreza.

La UE reclama medidas que favorezcan la transición a contratos indefinidos, entre ellas, la simplificación de los incentivos a la contratación y mejorar la calidad de los muy deficientes servicios públicos de empleo.

5.- MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS SOCIALES

España es, con diferencia, el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo desde hace décadas y se prevé que la crisis aumentará los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social, especialmente entre las familias con niños.

En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva tienen como resultado un bajo nivel de cobertura y están dispersas en múltiples y complicados trámites.

Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan a un 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país y hay grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso y dotación.

En el difícil contexto económico y social resultante de la pandemia, la UE reclama, en concreto, “mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias”. No obstante, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, avisaba de que este tipo de medidas no pueden financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.

 6.- UN PACTO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN

La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia, también, tanto el sistema educativo, como el acceso a la ”cobertura” digital.

España tiene la tasa más alta de la UE de abandono escolar (casi un 20%) por lo que Bruselas se hace eco del patente fracaso del sistema educativo e insiste en su petición, a medio plazo, de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.

La UE. señala que, antes del periodo de confinamiento en España, sólo la mitad de las escuelas disponían de plataformas de aprendizaje digital adecuadas, con importantes disparidades generadas por las CC.AA. El cambio repentino al aprendizaje digital supone además un reto particular para los estudiantes más vulnerables, que no tienen acceso a soluciones digitales en su hogar por lo que las autoridades españolas tienen el deber de lograr que “todos los estudiantes puedan tener acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables.

7.- UNIDAD DE MERCADO CONTRA LA FRAGMENTACIÓN AUTONÓMICA

Según la UE es recomendación necesaria aplicar la Unidad de Mercado ya que la disparidad normativa de las diversas CC.AA., a la que se enfrentan las empresas, es una lacra que frena el crecimiento de la productividad en España, aumentando los costes y limitando la movilidad geográfica de compañías y trabajadores.

Bruselas también asegura que se deben suprimir las muchas restricciones a profesiones reguladas ―como ingenieros civiles, arquitectos, servicios informáticos o legales― y de manera general, una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (central, regional y local) que posibilite que sean más eficaces las políticas para facilitar la recuperación.

 8.- AHORRAR ENERGÍA Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La UE avisa que algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, como la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución del agua y el suministro.

Se señala, en las recomendaciones para España, que deben realizarse mayores esfuerzos por promover transporte sostenible, la economía circular, reducción de consumo energético en los edificios, desarrollo de redes energéticas inteligentes y de almacenamiento de energía eléctrica procedente de fuentes renovables que contribuyan a gestionar mejor la demanda.

9.- MEJORAR LAS POLÍTICAS DE I+D+i 

La UE lleva años alertando de que los resultados de España en materia de innovación se ven obstaculizados por unos bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo. El gasto del sector empresarial se reduce, tan sólo a la mitad de la media de la UE, especialmente en el caso de las grandes empresas.

La UE reclama, al gobierno de España, realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.

 Además, una vez más, observa importantes disparidades regionales. Una divergencia que se ve agravada por el bajo y decreciente índice de ejecución de presupuestos públicos dedicado a investigación y desarrollo, en muchas regiones españolas con empleo, en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos, muy por debajo de la media de la UE.

 10.- IMPULSAR EL TREN DE MERCANCÍAS

La Comisión Europea sostiene que el carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE impiden, también, que España se beneficie plenamente del “mercado único”.

Por este motivo, España debe invertir en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de, al menos un 10 % de su capacidad de producción eléctrica. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.

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Al parecer el desmantelamiento sufrido por España, desde el año 78, y ejecutado desde el 82, parece que no ha pasado desapercibido para todo el mundo.

 ¡ANDA QUE NO QUEDA QUÉ HACER!

 PERO AQUÍ, LOS COMPARSAS SE VANAGLORIAN DE PASADAS MEZQUINDADES Y APLAUDEN LA PRESENTE NECIA INCOMPETENCIA

 «NO PASA NADA, NUNCA PASA NADA, Y SI PASA … NO IMPORTA»