Nuevos pasos en el golpe de estado catalán

La “Ley de Transitoriedad Jurídica” es el nuevo as en la manga de los independentistas de Junts Pel Sí. La también llamada “ley de ruptura” pretende forzar un referéndum en Cataluña. Amenazan con declarar la unilateral e inmediata secesión de la región con respecto al resto de España si no se celebrara el plesbicito en la segunda semana de septiembre. Por otra parte, Carles Puigdemont no abandona su pretensión de dar legitimidad a la consulta sobre la independencia de Cataluña, intentando pactar con el Gobierno de España las condiciones de esta consulta. El borrador de la ley autonómica, totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho vigente en nuestro país, sería el modo de sustentar normativamente el nuevo sistema político que se originaría en caso de una supuesta desconexión de Cataluña con respecto a las instituciones de la Administración central.

Como toda revolución nacionalista que se precie, dicha “Ley de Transitoriedad Jurídica” se ha mantenido en secreto hasta que el diario El País ha revelado su contenido gracias a una filtración. En ella se habla de un proceso constituyente para la elaboración de una Carta Magna para la República parlamentaria de Cataluña. El Gobierno autonómico tomaría las riendas de los vacíos de poder que dejara el Estado central (juzgados, policía, obras y contratos públicos…) y se haría cargo de todo el proceso de transformación.

Sorprendentemente, Manuela Carmena ha cedido las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid el lunes 22 de mayo para que Carles Puigdemont, Raul Romeva y demás compañeros soberanistas pudieran anunciar sus proyectos para destruir la historia, la cultura y la unidad política de nuestra patria. A esta reunión han acudido personalidades como Pablo Iglesias. Puigdemont ha rechazado explicar sus propuestas soberanistas en el Congreso de los Diputados y ha lanzado el órdago del pacto directamente al Ejecutivo Central, algo de por sí inadmisible.

Frente a esta utilización espúrea de las instituciones pública –de todos–, se debería responder a nuestros gobernantes y político que:

1. Cualquier cargo público, sea electo o no electo, debería respetar las leyes fundamentales que configuran el orden jurídico de la patria, pues son ellas –perfectas o imperfectas– las que garantizan la estabilidad y una reforma que no pretenda suplantar nuestra identidad. Carles Puigdemont, su gobierno, los parlamentarios soberanistas… puede quejarse del modelo regional de nuestro país pero no deberían poder poner en duda la Unidad de España. Deberían ser destituido de facto porque han atentado contra la concordia con mala fe.
2. Cualquier cargo público o propiedad pública no debería dar indirectamente soporte a las serias pretensiones soberanistas de este falso catalanismo. Manuela Carmena y el Ayuntamiento de Madrid no han vetado una conferencia cuyo propósito es chantajear y presionar a nuestros gobernantes y representantes para que aceptaran sus prerrogativas ilegítimas e ilegales.
3. Cualquier tema que afecte directamente a las raíces más profundas de España, no debería ser solucionado solo por el Gobierno. También deberían intervenir tanto las Cortes Generales, como las autoridades militares y el Jefe del Estado –porque no hay verdadero Rey. Todos ellos deberían oír a Carles Puigdemont y sus propuestas soberanistas para después discernir si se adecua a la realidad histórica y política del país. Evidentemente no es así, porque España es un proyecto que no depende del partidismo y de la manipulación histórica que se ha realizado desde Cataluña. La mayoría democrática no puede ser lo único determinante, cuando esa mayoría ha sido creada en laboratorio por ERC, la antigua CDC y sus medios de comunicación afines.

La mal llamada ley de ruptura –porque no es ley y solo podrá serlo por un golpe de estado– eliminaría la independencia de la Justicia y conferiría al Gobierno regional pleno poder para nombrar al Fiscal General de Cataluña y al presidente del Tribunal Supremo catalán. También quedaría en suspenso la organización autónoma de los jueces y magistrados en el nuevo “paraíso catalán”. A jueces, magistrados, fiscales y letrados del España se les obligaría a concursar en las plazas que se convocaran en el nuevo Estado con procesos selectivos nuevos, determinados según los intereses de la Generalitat. Por otra parte, se aministiaría a todos los imputados y condenados por la causa independentista; se obligaría a cargos públicos, funcionarios… solicitar la nueva nacionalidad catalana y se obligaría a aprender la nueva lengua oficial: el catalán.