Seguir el blog (Follow.it)El Progresismo contra el progreso. La crisis de la vivienda y la condena a una generación.
(por Javier Urcelay)
España atraviesa una crisis de acceso a la vivienda que ha logrado instalarse entre las primeras preocupaciones de los españoles. Los precios de las viviendas disponibles, tanto en venta como alquiler, han alcanzado unos precios prohibitivos, con crecimientos de doble dígito en los dos últimos años (11,3% en 2024 y el 12,9% en 2025). El problema no responde a una subida puntual, sino a causas estructurales, con un crecimiento de la demanda que supera ampliamente al de la oferta. Se construyen menos casas de las necesarias, el número de nuevas viviendas sociales alcanza mínimos históricos y la oferta de viviendas en alquiler se ha desplomado por un intervencionismo en dirección contraria a lo necesario, de efectos catastróficos.
La situación es especialmente grave para la población joven. En 2026, el Consejo de la Juventud de España (CJE) sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5% y calcula que la edad necesaria para poder emanciparse en nuestro país alcanza los 30,2 años. La dificultad de acceso a la vivienda juega un papel determinante en ello. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE revela que en 2025 el 44,3% de los jóvenes entre 26 y 34 años, todavía convivía con alguno de sus progenitores. Y que alrededor del 87% de la juventud emancipada comparte vivienda para reducir gastos, generalmente con otras dos o tres personas (CJE). Cada vez más jóvenes tienen que elegir entre permanecer en casa de sus padres o compartir vivienda durante largos periodos de su vida adulta.
Además de ellos, y según el CJE, entre las personas jóvenes trabajadoras que viven de alquiler, el riesgo de pobreza aumenta del 25,9% antes de pagar la vivienda al 43% después de afrontar el coste residencial.
La vivienda deja así de ser únicamente un obstáculo para emanciparse y se convierte en un mecanismo de empobrecimiento. Tener empleo ya no garantiza disponer de una vivienda adecuada ni alcanzar una mínima estabilidad económica.
El fenómeno también tiene una dimensión de desigualdad. La posibilidad de emanciparse depende cada vez más de contar con apoyo familiar, ahorros previos o patrimonio heredado. Quienes carecen de ese respaldo parten de una posición mucho más desfavorable, aunque tengan empleo y formación.
El acceso a la vivienda está condicionando la transición de toda una generación hacia la vida adulta. Cuando una persona de 26-34 años permanece en el domicilio familiar porque no puede permitirse alquilar o comprar; cuando el alquiler puede absorber prácticamente todo el salario de un joven; y cuando la edad de emancipación se sitúa en torno a los 30 años, la vivienda deja de ser únicamente una cuestión de mercado inmobiliario y se convierte en un problema económico, social y generacional de primer orden.
Tener que permanecer en el hogar paterno o que compartir piso tiene consecuencias que van mucho más allá de la comodidad. Retrasa la formación de hogares, dificulta tener hijos, impide ahorrar, reduce la movilidad laboral y hace que la independencia económica dependa cada vez más de la ayuda de los padres.
En otras palabras: la vivienda está convirtiendo la precariedad laboral de los jóvenes en precariedad vital.
El problema de vivienda en España ya no puede explicarse únicamente por el aumento de los precios, los tipos de interés o el crecimiento de la población. Hay un problema mucho más básico: la clamorosa inacción del Gobierno autotitulado progresista en relación a la construcción de nuevas viviendas de promoción pública. Anuncios y palabras, pero nada materializado.
Según el Banco de España, entre 2015 y 2023 apenas se terminaron unas 70.000 viviendas protegidas en España, frente a aproximadamente 570.000 en la década 2000-2009 y unas 560.000 durante los años noventa. Es decir, en nueve años se construyó poco más de una décima parte de las viviendas protegidas que en cada una de aquellas décadas.
En 2025, a pesar de convertirse la vivienda en la mayor preocupación de los españoles según las encuestas, se terminaron 11.104 viviendas protegidas, un 22,7% menos que el año anterior. Entre 1991 y 2008 se construyeron de media casi 60.000 viviendas protegidas al año. El contraste resulta evidente, y eso a pesar de que España cuenta con uno de los parques públicos de vivienda más pequeños de las economías avanzadas: aproximadamente el 1,5% de las viviendas principales, frente al 7,1% de media de la OCDE.
Durante el franquismo, especialmente entre 1961 y 1975, el Estado puso en marcha una política de construcción masiva de vivienda vinculada al Plan Nacional de Vivienda 1961-1976, movilizando recursos públicos y privados a una escala extraordinariamente superior a la actual, pese a disponer entonces el Estado de muchos menos recursos económicos que en la actualidad. Como resultado del Plan, se construyeron aproximadamente 4,07 millones de viviendas en total durante ese periodo, de las cuales alrededor de 2,67 millones fueron viviendas protegidas. Esto equivale a unas 178.000 viviendas protegidas al año de media. La comparación con los aproximadamente 10.000-12.000 pisos protegidos que España termina actualmente cada año resulta demoledora.
Hoy tenemos una sociedad mucho más rica, una administración mucho más sofisticada unos impuestos y un gasto público mucho mayores, pero los gobiernos -y el actual “progresista” lleva ocho años- han sido incapaces de crear un parque público de vivienda que permita amortiguar las crisis de precios.
Aquella política de los Planes de Desarrollo impulsados por Franco pudo tener defectos que no pueden negarse: barrios periféricos mal equipados, viviendas de calidad desigual, urbanismo deficiente… Pero no es necesario idealizarla para reconocer que se construía a una escala capaz de transformar físicamente el parque residencial del país.
Hoy ocurre algo muy diferente. El Gobierno ha planteado grandes programas de vivienda asequible y una nueva empresa pública de vivienda, se anuncian decenas o cientos de miles de viviendas públicas, pero la distancia entre el anuncio y la vivienda terminada es en el mejor de los casos de muchos años, y eso si llegan alguna vez a construirse.
No basta con anunciar vivienda. Hay que conseguir suelo. Hay que urbanizarlo. Hay que financiar la promoción. Hay que construir. Hay que terminar. Y hay que garantizar que esas viviendas sigan siendo asequibles durante décadas.
La vivienda se ha convertido en el cuello de botella que impide que la juventud complete su transición a la vida adulta.
La España democrática ha tenido recursos y décadas suficientes para haber creado un parque de vivienda pública comparable al de otros países europeos. No lo han hecho, ni los gobiernos del PP ni los del PSOE. El “Gobierno de Progreso” de Sánchez va por otros derroteros que nada tienen que ver con el progreso de los españoles.
Y mientras tanto, toda una generación de jóvenes amansados e indolentes paga con la mutilación de sus expectativas vitales tanto progresismo de salón, consolándose con ver series y poner likes en sus redes sociales.