Cifuentes prueba de su propio veneno

La Guardia Civil esta investigando a Cristina Cifuentes por cohecho y prevaricación. Un alto cargo no puede beneficiar a una sociedad o a una persona en un concurso de adjudicación de algún tipo de servicio público.

El Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario cercano al PP Arturo Fernández, recibió la adjudicación de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013. Lo curioso es que en 2007, dos años antes de la concesión no ganó el concurso con respecto a otras empresas. En el 2007, Fernández empieza a hacer aportaciones a Fundescam, una fundación pantalla para blanquear fondos ilegales recibidos por el Partido Popular. Por otra parte, Cristina Cifuentes miembro del comité de expertos encargado de este concurso y Presidenta de la Mesa de contratación en los años 2009 y 2011. La relación se vuelve delictiva cuando pertenece al Patronato de Fundescam, organización que estaba recibiendo fondos de Arturo Fernández y que concurría a dichas licitaciones.

Un problema más profundo de lo que parece

Que un político sea investigado por cohecho y prevaricación es común, en la medida en que los intereses y la labor del gobierno se mezclan continuamente –frente a lo que piensan los liberales acérrimos que creen en la Independencia. La objetividad y el desinterés absoluto no existe. Cada ser humano tiene preferencias, deseos, circunstancias particulares que les determinan más o menos en el desempeño de sus actividades y les lleva a beneficiar a unos más que a otros. Lo que existe es la honestidad, la sinceridad, la justicia… que no son valores –como la objetividad– sino virtudes. Lo que investiga la Guardia Civil es si es posible que ese interés haya sido deshonesto, egoísta, en beneficio propio o de una élite en perjuicio del Bien Común. Ese es el espíritu injusto de la prevaricación o el cohecho (al margen de lo que digan las leyes concretas). Y parece, según la Benemérita, que es muy posible que haya sido así, ya que hay una trama de financiación ilegal que justifica ese envío de fondos. Pero la justicia debería ser ciega y no juzgar según las apariencias, intentando acercarse a la Verdad.

La investigación policial sirve para orientar a los tribunales y detectar posibles delitos. El proceso judicial, es –o debería ser– distinto, porque su propósito es esclarecer por medio de una sentencia y la fidelidad al espíritu de las leyes, la verdad sobre la acción o acciones de una persona. Juzgar rectamente no es crear una alarma social cuando no se sabe con seguridad jurídica si alguien ha cometido un delito o una irregularidad. Y menos es lapidar públicamente a una persona en los medios de comunicación o espolearles para que lo hagan. Aunque Cristina Cifuentes lo haya hecho con otros compañeros de partido o compatriotas.

Desde Ahora Información, que rechazamos el ideario de los diferentes partidos con poder, nos solidarizamos con todas las víctimas de una estructura injusta que criminaliza a las personas investigadas por corrupción, por mucho que al final la propia Justicia los hallase culpable en el 100% de los casos.

El código ético –partidista–, impuesto por Cristina Cifuentes, nos habla de que “los altos cargos comunicarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra su persona y dimitirán en el caso de que sean investigados formalmente por delitos relacionados con la corrupción”. Ningún partido ni gobierno partidista debería tener la facultad de pedir la dimisión de un miembro del Ejecutivo por rumores sin demostrar la realización o la comisión de un delito. Los tribunales investigan junto a la Policía para asegurar por medio de una sentencia la existencia de un comportamiento que vaya contra las leyes. Un informe policial nunca será suficiente, a no ser que hablemos de una situación límite.

Y por ello, lo lógico sería que Cristina Cifuentes dimitiera, no porque se le investigue por cohecho y prevaricación, sino por ser ella misma es la que impuesto un código ético injusto y ha convertido la política española en la cancha del periodismo de sucesos sobre casos de corrupción. Y eso sí que es grave. Robar o beneficiar a otros daña a un país, pero la hipocresía destruye el alma de la patria.