4 de marzo de 2008 0

Si no votas, no te quejes

Es una de esas máximas estúpidas que el parlamentarismo liberal ha convertido en verdades indiscutibles: “si no votas, no te quejes”. De parecida penuria intelectual a aquella otra que consagra que la mayoría “democrática” siempre tiene razón.

Es importante desenmascarar que lo que establece la sentencia es, simple y llanamente, que los derechos políticos de los ciudadanos se circunscriben única y exclusivamente al acto del sufragio cada cuatro años. El único cauce que un español tiene para expresar sus intereses públicos es introducir un papel con X nombres en una urna, teniendo que asumir todo lo que hagan, voten, decidan y hasta equivoquen aquellos en los que ha depositado su confianza.

Se hace imperativo en nuestros días recordar algo muy simple: un ciudadano mantiene todos sus derechos políticos intactos, mientras pague sus tributos y no tenga pena judicial alguna pendiente. Y mantiene esos derechos todos y cada uno de los días de su vida mientras cumpla esas condiciones, y no sólo en el día del sufragio. Esos derechos políticos no son regalo de un gobierno, de un partido político o de la mal llamada transición, sino que, como muy bien recuerda el derecho latino, son inherentes a la persona.

Es decir, que no tenemos ninguna obligación de votar, si no nos gusta ningún candidato; que, por supuesto, podemos quejarnos por el mal gobierno (de hecho, es obligación de todo ciudadano) aunque no hayamos ejercido el voto y que la potestad de criticar o disentir de leyes, propuestas o reglamentos, o denunciar corrupciones y negligencias la conservamos en cualquier momento de la legislatura, haya elecciones o no. Ese es el verdadero significado del derecho político: la fiscalización que los ciudadanos, por si mismos o por sus representantes, tienen la potestad de ejercer sobre las magistraturas del gobierno en cualquier momento.

La indigencia educativa en que se halla la mayoría de la población española encuentra su máxima expresión en la ignorancia supina sobre política que padecemos. Para el español medio, política quiere decir que cada cuatro años se vota “a los nuestros” o, con mayor exactitud “contra los otros”, y los políticos son unos seres ambiciosos y corruptos por naturaleza, que utilizan el engaño y la falsa promesa para obtener parcelas de poder. En ese sentido, el gobierno actual representa el pináculo de ese concepto de política, aunque no debemos dar por sentado nada, pues ya se sabe que todo es susceptible de empeorar.

Conceptos como el honor o el mantenimiento de la palabra dada son motivo de hilaridad entre las clases dirigentes. Ya nadie cree en ellos y nadie los espera en los demás. Dice un antiguo refrán que el pescado siempre empieza a pudrirse por la cabeza. Hace muchos años que los poderosos de este país carecen de escrúpulos y de honradez. Tal actitud, sencillamente, se ha extendido poco a poco al resto de la sociedad. Y sin embargo, el bien común, el orden, la prosperidad y la Justicia, son aquellos motivos por los que la sociedad clásica creó la política, es decir “lo de la ciudad”, o sea, aquellos asuntos públicos que afectan e interesan a todos. Sin ideales públicos de virtud y amejoramiento, el desorden y la degeneración se instalan en una sociedad. Los ideales han sido sustituidos por eslóganes y la moralidad por intereses espurios. Si los políticos no son ejemplares o mejores que los demás, sobra su existencia.

Si queremos regenerar políticamente nuestra sociedad, hay que comenzar desde la base. Lo primero, entender lo que es la política, el arte de servir a lo común. No hay tradición política más libre que la hispánica, que nació de comunidades pequeñas que hubieron de combatir, muchas veces por sus propios medios, contra el invasor ismaelita. Sus propios usos y costumbres locales, mucho más justos e igualitarios que cualquier derecho positivo, fueron ley que hubieron de respetar poderosos y reyes para construir nuestra Patria. Y la tradición hispánica nos regala un valioso concepto como es el de mandato imperativo. El mandato imperativo es la obligación que tiene un representante político de trasladar a la asamblea donde ejerce tal representación aquella decisión exacta de la asamblea inferior que lo ha elegido. Es decir, se convierte en portavoz de sus representados. Si el representante antepone su propia opinión o intereses o presiones externas a la decisión de sus representados, pierde automáticamente la condición de representante, y puede ser sancionado de acuerdo con lo que decida la ley en cada asamblea. ¿No es acaso ese mandato la garantía más perfecta que pueda existir de que los representantes de la sociedad sirven fielmente a los deseos de la misma? Compárese con la rutinaria impunidad con que los representantes actuales violan los intereses y deseos de sus representados.

Pero es que la ignorancia política a la que el perverso sistema liberal ha conducido a la ciudadanía llega a extremos inconcebibles. Tal vez el más escandaloso sea el hecho de que magistraturas y representaciones son ejercidas por las mismas personas, ¡de hecho, los ministros han de ser representantes para poder ejercer su magistratura! El colmo de la aberración. Veamos por qué.

Dos tipos de figuras políticas existen en un sistema político moderno, totalmente diferenciadas, y de hecho, antagónicas: magistrados y representantes.

Los magistrados son las personas encargadas de ocupar puestos concretos en el gobierno y en la administración. Gestionan los recursos, toman decisiones de gobierno y pueden proponer leyes. Los magistrados pueden ser elegidos o, más comúnmente, designados por la autoridad máxima (la corona, en el sistema Tradicional), aunque en los escalafones no superiores pueden acceder al cargo por oposición. Los magistrados deben de ser, ante todo, personas de gran competencia profesional, eficaces y absolutamente honrados. No es necesario que sean populares ni muy conocidos. Forman parte del entramado del poder y es preferible (debería incluso ser obligatorio) que hubiesen cursado estudios superiores de derecho, administración y economía, teniendo experiencia previa en esos campos.

Los representantes políticos, por contra, son los miembros de las asambleas que representan a los ciudadanos, que trasladan al poder sus inquietudes, necesidades y propuestas. Asimismo pueden votar y vetar los proyectos de ley presentados por el gobierno. Tienen una función importantísima, como defensores de sus representados ante los abusos de poder, así como la obligación de fiscalizar la acción de gobierno. Su papel es ser fieles portavoces de las inquietudes y anhelos de la sociedad. Es decir, son la voz de la sociedad frente al poder. Por ello, no sólo no pueden tener relación íntima con ese poder, sino que deben ser opositores naturales del mismo. Es una aberración, por ejemplo, que reciban salario de la administración, lo cual coarta completamente su libertad; han ser sostenidos por aquellos que les eligen. Su principal cualidad es la fidelidad a sus representados, además deben ser laboriosos, honorables, escrupulosos en el examen del gasto público y, a ser posible, con buena oratoria. Suelen ser personas conocidas en su ambiente, y es preferible, aunque no imprescindible, que posean estudios e inteligencia natural.

Como hemos visto, magistrados y representantes ejercen, dentro del objetivo común del mejoramiento de la nación, labores opuestas y hasta antagónicas: los magistrados tratarán de llevar a cabo un buen gobierno, y los representantes se asegurarán de que las decisiones de los primeros sean justas, honradas, y respondan a las necesidades de la sociedad. Cada uno ha de empuñar el remo opuesto que lleve la barca de la Patria por el rumbo correcto, y el jefe del estado, el rey, ha de empuñar el timón. Resulta evidente que magistrados y representantes no pueden, bajo ningún concepto, ser las mismas personas, dado el diferente papel que ejercen en el entramado político. En nuestro sistema actual, sin embargo, vemos como las mismas personas pueden ser representantes o magistrados indistintamente o a la vez, saliendo y entrando del poder sin resignar su representación con total descaro. Se trata, pues, de un sistema perverso, que deja al ciudadano indefenso ante las veleidades o intereses del poder.

Para acabar con este lamentable estado de cosas, se impone un cambio, no de partidos, sino de sistema. Las raíces del derecho político español, arrancadas progresivamente en los últimos 175 años, hasta hacerlas desaparecer, garantizan el control de la acción de gobierno y la defensa eficaz de los intereses y propuestas de los distintos cuerpos intermedios de la sociedad. Para ello, invitamos a todos los españoles de bien a unirse a las filas de la Tradición. No hay porqué conformarse al estado de cosas cuando este es incorrecto, no hay razón para plegarse al mal menor. El anhelo del bien común reside por naturaleza en el corazón de cada cristiano, y a él apelamos los carlistas.

Artículo publicado originalmente en el Portal Avant! de los carlistas valencianos

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