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13 de diciembre de 2014 0

¿Puede haber una sanidad pública en el sistema tradicional?

Puede y debe. No olvidemos que los tradicionalistas nos apartamos del binomio falazmente único y sólo aparentemente incompatible de sanidad pública versus privada. En la España prerrevolucionaria existió atención sanitaria pública. Lo que no existió fue sanidad estatal (fuese central o autonómica).

Es antiquísima la figura del médico de pueblo, y en las localidades pequeñas con frecuencia es el único servicio sanitario. Pagado con iguala de todos los vecinos o del presupuesto, es la demostración palpable de que el principio de subsidiariedad también se puede aplicar en la sanidad. En municipios más grandes (o en mancomunidades y comarcas) los consultorios pueden ser atendidos por el mismo sistema o por medio de cooperativas médicas.

En ciudades pequeñas (donde existen centros de salud y de especialidades), y en las medias y grandes (donde se asientan hospitales y centros específicos), la iniciativa social (sean fundaciones, mutualidades, empresas privadas, compañías de seguros, órdenes religiosas, etc) suele cubrir ampliamente la demanda. No obstante, sigue existiendo lugar para dispensarios y hospitales públicos, básicamente la atención de los más desfavorecidos, que suelen quedar desatendidos por el resto de sistemas, salvo los caritativos. Allí donde sea preciso, el municipio proveerá los servicios necesarios, cumpliendo su función subsidiaria. Nadie quedará sin asistencia.

No es necesaria una sanidad estatal para llevar a cabo una adecuada coordinación de los servicios sanitarios entre distintos proveedores. Los protocolos asistenciales (que son los que garantizan al usuario una atención adecuada al arte médico) son elaborados por los colegios de profesionales y las sociedades científicas, y consensuados en reuniones con frecuencia internacionales. No es indispensable una gestión gubernamental de la sanidad para ejecutarlos eficazmente, sino leyes que garanticen su aplicación y penalicen su incumplimiento. Menos burócratas y más jueces. Los pacientes deben aprender a exigirlo.

¿Dónde queda entonces la función de un gobierno nacional para la sanidad? En la práctica, en la gestión de la llamada sanidad exterior, es decir, control de transeúntes por nuestras fronteras (tanto de entrada como de salida), como policía sanitaria de aduanas. Es también atribución de la corona la gestión de catástrofes sanitarias nacionales, como por ejemplo epidemias atípicas, para lo cual ha de contar con la colaboración- obligatoria por ley- de todos los proveedores sanitarios.

Varios Reales Institutos de las diferentes especialidades sanitarias- gestionados y costeados por la corona y las sociedades científicas correspondientes- elaborarían informes para el Consejo Real de Sanidad, asesor del monarca para la legislación sobre la materia.

Ni rastro de sanidades estatales carísimas, despilfarradoras, corruptas e ineficaces, ni de privatizaciones avariciosas que dejan fuera de la cobertura a quien no la pueden pagar. La iniciativa de los cuerpos sociales, unida a la función subsidiaria de los municipios, es suficiente proveer una sanidad de alto nivel científico, de coste ajustado y cercana a las necesidades del usuario.

Una propuesta bastante similar a, por ejemplo, el sistema suizo. No creo que ningún lector piense que Suiza tiene una sanidad de bajo nivel.

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