16 de abril de 2025 2

Menús escolares y Estado totalitario

(por Javier Urcelay)

Juan Vallet de Goytisolo, el eminente jurista y pensador católico y tradicional, alma mater de la revista “Verbo”, explicaba frecuentemente el carácter absoluto y totalitario que tiene el Estado liberal. Por supuesto cuando se declara socialista a la vieja usanza -porque el socialismo y el comunismo no dejan de ser “liberales” en cuanto hijos de la Revolución Francesa-, pero incluso cuando se limita a definirse como simplemente liberal o progresista.

El Estado liberal -el construido, para entendernos, sobre los principios democráticos de la Revolución Francesa- es absoluto porque, al suprimir su sometimiento a la ley divina y natural, se autoerige en última instancia en la determinación del bien y del mal. Y es totalitario porque actúa como encarnación exclusiva del poder y de la autoridad, con capacidad para dictaminar las reglas en todos los órdenes de la vida y en todos los ámbitos, incluso los de la vida privada de las personas.

Un nuevo ejemplo de estos atributos del Estado moderno lo es el Real Decreto sobre menús escolares aprobado ayer por el Consejo de ministros, impulsado por el departamento de Derechos Sociales y Consumo, que dirige el miembro podemita Sr. Pablo Bustinduy, en un trabajo conjunto con los ministerios de Educación, Agricultura, Sanidad y Juventud e Infancia.

El Estado se arroga el derecho de ordenar lo que deben comer nuestros hijos: cuánto pescado, cuánta fruta y si pueden beber Coca-Cola o no. Por otra parte, introduce la comida vegana y la opción de menús por determinantes religiosos. No, por supuesto, el respeto en los menús a la abstinencia de los viernes de Semana Santa, que eso hubiera sido “confesionalismo”, sino los derechos de los musulmanes, judíos o cualquier otro que quiera invocarse. Ya se conoce el entusiasmo del actual gobierno por apoyar a la religión, con tal de que no sea la católica.

El Sr. Bustinduy, al que esto de dedicarse a la dieta mediterránea le ha debido parecer cosa poco propia de un politólogo de altura como él, lo ha presentado como “un avance en derechos sociales”, que es slogan publicitario y machacón del progresismo woke. Gracias a este decreto, pobres y ricos pueden comer una dieta saludable, sin discriminación por niveles de renta.

Imagino que el Sr. Bustinduy estará trabajando en nuevos programas para profundizar en la idea, que tenga que ver con asegurar que todos los niños vistan igual, independientemente de su nivel de renta, vistiéndolos por ejemplo con camisas tipo Mao o chándales a lo Maduro. Al fin y al cabo, tampoco es él el primer visionario de una sociedad igualitaria.

Porque claro, hacer que todos los chicos tengan derecho como él a hacer un master en el Instituto de Estudios Políticos de París, o realizar la tesis en la New School for Social Research de Nueva York, ya parece ir demasiado lejos. Además, iría en contra del derecho de todos los niños a no ser suspendidos y no ser “dejados atrás”, que es otro de los nuevos derechos, aunque eso suponga que el nivel general de educación de nuestros jóvenes tienda asintóticamente a cero.

Ya hace algunos años una ministra del Sr. Sánchez, cuyo nombre me alegro de no recordar, salió con aquello de que “los niños no son de sus padres”. Ahora, en otra demostración de que los niños son del Estado -que para eso es absoluto y totalitario- se dicta qué deben comer. Al fin y al cabo, ya durante la pandemia se había ordenado cuántos metros podíamos andar en el paseo con nuestro perro.

En un orden de cosas en que se respetara el orden natural y los verdaderos derechos humanos -no estos “nuevos derechos” resultado de la ingeniería social- la decisión sobre qué deben comer nuestros hijos correspondería a sus padres. En el caso de los menús escolares, por delegación suya correspondería a la Asociación de Padres, a la dirección del Colegio, a los sindicatos de enseñanza, a la Federación de Colegios, al Ayuntamiento donde está cada colegio… a múltiples entidades de la sociedad civil con derecho autárquico en el ámbito de su responsabilidad y competencia, en el respeto al principio de subsidiariedad que previene contra la intromisión de entidades de ámbito superior -en particular el Estado- en aquellas cuestiones que pueden ser resueltas autónomamente por otras de ámbito inferior.

Hoy el Estado se siente autorizado -autoautorizado en base a su derecho absoluto- a entrar en todos los ámbitos y a normativizar de manera inapelable todos los aspectos de la vida personal y social. Y los “nuevos derechos” son la patente de corso para su burda intromisión.

Por eso, el llamado Estado democrático liberal es, en realidad, un Estado absolutista y totalitario, en el que la soberanía política engulle y aplasta todo conato de soberanía social.

Es así como el progresismo, en nombre de una libertad abstracta, acaba con todas las libertades concretas.