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Miriam González (Democracia 21) y su vínculo profesional con la industria estatal marroquí que extrae fosfatos del Sáhara Occidental.
La llegada de Miriam González Durántez, fundadora de Democracia 21, a la primera línea de la política española vuelve a poner el foco en una etapa de su carrera profesional relacionada con el asesoramiento jurídico a la industria marroquí de los fosfatos. La cuestión adquiere relevancia por las controversias internacionales que rodean la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
González Durántez, abogada especializada en comercio internacional y derecho europeo, ha desarrollado buena parte de su carrera en despachos internacionales. Durante su etapa en DLA Piper estuvo vinculada profesionalmente a la empresa estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP), según informaciones recogidas por Western Sahara Resource Watch (WSRW), organización que documenta las exportaciones de fosfatos procedentes del territorio saharaui.
OCP y la explotación de los yacimientos de Bou Craa.
OCP es uno de los principales grupos mundiales del sector de los fosfatos y está controlado por el Estado marroquí. Su filial Phosboucraa desarrolla actividades relacionadas con la extracción y comercialización de fosfatos en Bou Craa, en el Sáhara Occidental, territorio cuyo estatus internacional continúa pendiente de resolución.
La explotación de estos recursos constituye desde hace años un foco de controversia. Organizaciones defensoras de los derechos del pueblo saharaui cuestionan que Marruecos pueda explotar y exportar esos minerales sin el consentimiento del pueblo del territorio y denuncian la falta de transparencia sobre los beneficios económicos derivados de la actividad.
Los informes jurídicos y el debate sobre la transparencia.
La relación profesional entre los despachos internacionales y OCP aparece documentada en las comunicaciones publicadas por Western Sahara Resource Watch.
En febrero de 2016, Miriam González respondió en nombre de Dechert LLP a una petición de la organización para acceder a un dictamen jurídico relacionado con las exportaciones de fosfatos del Sáhara Occidental. En su respuesta, invocó las obligaciones de confidencialidad profesional que impedían divulgar el asesoramiento prestado al cliente.
Anteriormente, en marzo de 2015, DLA Piper había confirmado a WSRW que un dictamen elaborado junto con Palacio y Asociados estaba destinado a Phosphates de Boucraa y a su sociedad matriz, OCP, y que no podía divulgarse sin autorización.
Estos documentos permiten acreditar la existencia de asesoramiento jurídico de los despachos a las empresas implicadas.