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16 de mayo de 2012 0

Iniciativa social: sanidad sostenible y de calidad

Hay que recordar que la crisis económica contemporánea no está causada por la sanidad o la educación públicas, sino por entidades financieras y por administraciones públicas, por el despilfarro y la corrupción; por la avaricia, en última instancia.

Dicho esto, se puede y se debe optimizar el empleo de recursos en sanidad, y el momento actual de crisis obliga a hacerlo sin esperar más. Una cosa es que una administración pública esté en obligación de garantizar la prestación de un servicio y otra que lo lleve a cabo directamente. Los españoles tenemos derecho a que nuestros centros urbanos estén conectados por transporte público, lo que no implica que el estado deba financiar y dirigir empresas de autobuses, trenes, barcos o aviones.

La propuesta tradicionalista impulsa la iniciativa social para prestar servicios, frente al estatismo del nacionalsindicalismo que hereda el actual modelo sanitario español. En el caso de la sanidad, no sólo la iniciativa empresarial (medicina privada gestionada por compañías de seguros); hay que ampliar horizontes y pensar en fundaciones, cooperativas de salud, instituciones sanitarias gestionadas por ayuntamientos, órdenes religiosas… muchas de estas instituciones ya existen, y podrían existir muchas más con el adecuado apoyo legal y fiscal. Estas entidades funcionan normalmente con más eficiencia que las gestionadas por la administración del estado.

Existe miedo social a que la prestación sanitaria por medio de redes de instituciones sociales, no estatales, suponga una disminución de la calidad de la atención, o la aparición de desigualdades. La realidad es que el modelo autonómico ya provoca estas desigualdades, y que la calidad se garantiza por medio de protocolos y estándares cuyo cumplimiento el organismo público debe supervisar. No muy distinto es el modelo suizo: el paciente escoge facultativo y centro sanitario, y según el convenio que la administración tenga con este, financia toda o parte de la atención sanitaria. Igual se puede decir de ciertos tratamientos, consultas o intervenciones no imprescindibles, que no tienen porqué cargarse al bolsillo de todos, sino principalmente al de aquellos que las reclamen. Hay que tender a la corresponsabilidad de los usuarios en la sostenibilidad del modelo.

Por contra, las medidas que se proponen (copago en fármacos o consultas, céntimo sanitario) provienen de un departamento financiero que necesita urgentemente cientos de millones de euros, y acude a la imposición fácil, la del servicio que no se puede eludir.

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