9 de febrero de 2017 2 familia / ideologia de genero / pp / provida

En los vientres de alquiler el PP se juega su futuro.

Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna – Abogado

El alquiler de vientres significa convertir la capacidad de la mujer de gestar una nueva vida en materia comercial, en algo que se compra y se vende. Es la mercantilización de su cuerpo, la perversión de su función de madre en arrendadora de útero. Es permutar amor sin límite-el que se da y se recibe de un hijo- por dinero escaso. Es la más brutal discriminación concebible contra la condición femenina: la parte compradora podrá ser una pareja natural, mujer sola, hombre solo o pareja de gays chicos o chicas, pero la víctima siempre es una mujer, sólo una mujer. Y siempre, además, una mujer sola: nunca se le pedirá el consentimiento de su pareja o su marido, ni se le reconocerá a éste, de existir, derecho alguno sobre la vida vendida. Es la forma más abyecta de prostitución: pagar a una mujer a cambio de placer o a cambio de una vida, según el poder de compra del putero y la desesperación de su víctima. Y también aquí, con el proxeneta de comisionista; esta vez, chulo de corbata y título universitario.

El hijo sólo es materia del contrato; un objeto, lo que se compra y se vende. El negocio por el que viene al mundo tiene como clausula esencial privarle para siempre de su madre. No extraña por eso que a la gestante se la obligue a renunciar al control de su embarazo: en los contratos tipo de algunas clínicas californianas, los adquirentes deciden si la gestante ha de abortar o no, según sus preferencias comerciales: a veces según sexo, otras según número -uno sí, los demás, fuera- y, siempre por estándar de calidad –los fetos defectuosos, a la basura-. El contrato es más perfecto si la elección alcanza a los niños ya nacidos: éste para mí, que pago, éste para ti, que lo pariste. Para que el sistema funcione es esencial que el nacido rompa todo vínculo jurídico y personal con su madre: ésta no solo tiene que aceptar por escrito no volver a verle nunca, no reclamar visitas, custodia ni derecho alguno, sino que hay que dificultar como sea que el propio hijo pueda investigar en el futuro sus orígenes biológicos.  

Solo desde la ignorancia más irresponsable o desde la malicia perversa y codiciosa se puede defender que exista la gestación por sustitución gratuita y desinteresada. En los países donde se ha admitido (Gran Bretaña, Canadá. Nueva Zelanda…) es estadísticamente irrelevante y se exige parentesco directo entre los comitentes y la gestante. Admitir legalmente esta modalidad en España solo se concibe con la  intención de abrir un boquete al fraude, igual que lo fue el supuesto psicológico en la ley socialista del aborto, o la gratuidad de las donaciones de óvulos en la ley de técnicas de reproducción asistida (hoy día son “gratuitas” a no menos de 1.000 € por ciclo).

Esta figura alcanza caracteres especiales cuando los compradores son pareja de homosexuales masculinos. A la explotación y denigración de la mujer común a toda gestación subrogada se le añaden aquí dos elementos de maleficencia. Uno, el niño nacido por encargo nunca tendrá una madre; no ya su madre, sino ninguna madre. Dos, la situación de general ilegalidad internacional introduce un factor de discriminación entre los propios homosexuales: solo los privilegiados de altísimo poder adquisitivo pueden permitirse el lujo de negociar un niño en los escasos reductos que quedan de turismo reproductivo (más de 100.000 euros en California).

La ponencia social del inmediato congreso del Partido Popular está a cargo del Sr. Javier Maroto, que, por su situación personal y familiar -perfectamente respetable-, y por sus antecedentes racistas –no tan respetables- es dudoso que sea la persona idónea dentro de  una organización que se sigue definiendo humanista cristiana (página 8 párrafo 2ª de sus estatutos). Su situación de conflicto de intereses en cuanto al alquiler de vientres deriva de que lo mejor para su familia puede no coincidir con lo sentido como mejor por la mayoría de los militantes y para la base electoral de su partido. Es llamativo y alarmante que personajes cuyas ambiciones políticas dependen decisivamente del apoyo del aparato del partido se hayan sentido obligados en las últimas fechas a hacer declaraciones asombrosas de apoyo a la admisión de la gestación subrogada: Moreno Bonilla, los abortistas Feijoo y Cifuentes y, curiosamente, Esperanza Aguirre, ésta, en clave de su rivalidad personal con la anterior.

El electorado del PP ha sufrido en los últimos cinco años crueles bofetadas de sus dirigentes, en traición de los postulados ideológicos del partido. La más infame, la retirada del proyecto de ley del aborto, pero no menos, el mantenimiento de la inacabable retahíla de las leyes totalitarias de género, procedentes de la etapa Zapatero, y de su sangrante financiación. El recurso al miedo por el gurú demoscópico del partido ya no da más de sí: miles de personas decentes no aguantan más. Con la aceptación programática de los vientres de alquiler en el próximo congreso, este partido se puede colocar definitivamente enfrente de una parte de la sociedad española sin la cual no podrá seguir gobernando. Si hasta ahora la opción ha sido “el PP o el caos”, para muchos, en el futuro, habrá de ser el caos.