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DESAMORTIZACIÓN: LIBERALISMO Y RUINA SANITARIA DE ESPAÑA
Es bien sabido que la primera “desamortización” de la historia de España fue la incautación de los bienes de la Compañía de Jesús, congregación expulsada de los territorios de la Corona en 1766 por su voto de obediencia al pontífice antes que al rey, que tanto incomodaba a los masones infiltrados en las cortes despóticas ilustradas. Los reformistas de finales del XVIII imaginaron una reforma agraria a base de repartir terrenos rústicos, y el infame Godoy obtuvo en 1798 permiso del papa para vender lo robado a los jesuitas con ese fin (jamás alcanzado, dicho sea de paso). Entre los muchísimos bienes inmuebles existían numerosos hospitales, casas de misericordia, hospicios y otros establecimientos sanitarios. Fue un menoscabo al Bien Común del pueblo, pues en el mejor de los casos dichas instituciones fueron gestionadas más deficientemente que antes, y en el peor, fueron clausuradas.
El proceso desamortizador más conocido fue el del ministro masón liberal-progresista Mendizábal, en 1836. El reparto de tierras “baldías” (motejo peyorativo que sufrieron injustamente los bienes eclesiásticos y comunales por ser colectivos e inalienables) enriqueció a los ya ricos y sirvió para afianzar una casta sostenedora del sistema liberal. Las más castigadas fueron las órdenes religiosas, que se vieron privadas de sus medios de subsistencia y expulsadas de sus casas. Dado que la asistencia sanitaria recaía principalmente sobre ayuntamientos y congregaciones religiosas, y que el dinero obtenido fue empleado por el estado para pagar las deudas de su guerra contra el pueblo español alzado en torno a don Carlos V (un inmenso latrocinio, en palabras de Menéndez y Pelayo), la asistencia a los enfermos sufrió por pura lógica un menoscabo capital.
Añádase que pocos nuevos propietarios fueron creados en el proceso: una inmensa masa de arrendatarios- expulsados de sus tierras en aras a una “mejor explotación”- emigraron a América o a las ciudades para convertirse en proletarios, mano de obra barata para la incipiente industria, viviendo en condiciones de salubridad insuficiente. Ambos factores (la ruina de concejos y órdenes, y las ciudades en condiciones sanitarias pésimas) fueron causa principal de las numerosas epidemias a finales de siglo (cólera, difteria, tifus, varicela), con gran mortandad.
No hay mejor testigo de esta debacle que los enemigos de la Iglesia: la desamortización de otro liberal-progresista, Madoz, en 1855, más extensa y radical que la anterior, excluyó de la misma los bienes de los hermanos de san Juan de Dios; el gobierno no se veía capaz de sustituir la labor asistencial médica que estos últimos practicaban, y respetaba sus bienes (no así al clero regular, que también promovía diversas obras de misericordia hacia los enfermos).
Del desastre sanitario que estos reformadores provocaron surgieron los cuadros más vivos y dramáticos del realismo literario decimonónico: niños malnutridos, enfermos crónicos sin atención, aguas contaminadas para consumo humano, chabolas donde se hacinaban familias enteras. Precisamente la obtención de mejores condiciones de vida fue una de las reivindicaciones que el socialismo sindical esgrimió para convertirse en una fuerza política de primer orden durante el cambio de siglo, con toda la conflictividad social que acarreó. Como no podía ser menos, los causantes del desastre, los liberal-progresistas en su rama republicana, vendieron la solución. Fue el llamado “higienismo” cientifista e ideologizado, que concluía que la culpa de todo la tenía el “Antiguo Régimen” empezando por la Iglesia. Dieron muchas ideas, pero ni un real. Ni los liberal-progresistas ni los socialistas ofrecieron jamás un sistema de salud público digno de tal nombre. Es curioso que tuviese que ser el general Franco, inspirado en el nacionalsindicalismo y copiando el sistema alemán, el que instituyera el primer instituto nacional de salud, cuyo heredero troceado seguimos manteniendo.
Nadie dude que cuando los liberales vuelvan a saquear los bienes sanitarios (o educativos) comunales (sean civiles o eclesiásticos), jamás los sustituirán por un servicio similar en calidad y cercanía: usarán el dinero para pagar sus deudas, ofrecerán sanidad privada para lucro de unos pocos, o una sanidad pública ruinosa y mediocre, y le echarán la culpa a la Iglesia. Y así mientras persistan en el poder.