Seguir el blog (Follow.it)Cuando lo normal es extraordinario
La Comunión Tradicionalista Carlista estrena este año una campaña que pone de relieve la crudeza de la raíz de la crisis moral y económica que sufrimos los españoles. Su título es “Gestión normal”, y a través de varios enunciados desarrolla aquella frase histórica de S.M.C don Carlos VII para tiempos de crisis, “si el país es pobre, vivan pobremente el rey y sus ministros”.
Estos son: “LO NORMAL SERIA NO GASTAR MAS DE LO QUE SE TIENE. Esto parece de sentido común, ¿no? LO NORMAL SERIA NO CONTAR CON MÁS MEDIOS QUE LOS QUE EL PAIS PUDIERA APORTAR. Los tributos sean para necesidades reales y no caprichos megalómanos e ideológicos. LO NORMAL SERIA NO ENDEUDARSE INFINITAMENTE. Vender deuda, para pagar más deuda, provocada por otra anterior. Y así, ¿hasta cuándo? LO NORMAL SERIA FOMENTAR UNA ECONOMIA REAL, CON RIQUEZA REAL. ¿Qué aporta la mera especulación? Las burbujas cuando explotan arrasan con todo. LO NORMAL SERIA GESTIONAR LOS BIENES PUBLICOS CON MAS CELO QUE LOS PRIVADOS. Gestionar lo de los demás no es un juego. LO NORMAL SERIA QUE LOS GESTORES PUBLICOS RESPONDIERAN DE SU GESTION. El que ocasione la ruina del país, responda por ello. LO NORMAL SERIA CONTAR CON GESTORES CAPACES Y EXPERIMENTADOS. A mayor responsabilidad, mayor capacidad. Son preferibles gestores de probada capacidad y experiencia que advenedizos hijos de partidos y de cuotas absurdas. LO NORMAL SERIA TAN EXTRAORDINARIO”.
Es bien sabido a cuenta de qué viene esta reflexión tan sensata. España sufre la crisis económica más profunda desde la última guerra civil. Crisis provocada por la especulación financiera y la burbuja inmobiliaria en todo occidente, pero que en nuestro país se ha visto facilitada y agravada por el enorme endeudamiento de familias, empresas y administraciones públicas. Las familias son las menos culpables, pero son y serán las que con más dureza y desprotección habrán de afrontar su solución. Los administradores públicos, por contra, son los principales responsables y serán los que se “irán de rositas”.
El señor Rajoy ha llegado al gobierno tras vencer por mayoría absoluta los últimos sufragios generales del sistema, apoyado en su acusación continua al gobierno de Rodríguez Zapatero de ser el causante de la crisis, y de que se podía salir de esta con medidas correctoras suaves, sin exigir sacrificios extraordinarios. Al poco de acceder al poder, con la excusa de que un informe de la Intervención General del estado del 27 de diciembre revelaba que el déficit público era del 8% en vez del 6% publicado oficialmente (20.000 millones de euros, 3 billones 320 mil millones de pesetas, más), su gobierno ha desatado un ajuste presupuestario sin precedentes, subiendo los impuestos, despidiendo empleados públicos y recortando ayudas sociales ya comprometidas. La realidad que nadie en la clase política quiere reconocer es que España ya no puede pagar sus deudas y, como ocurre con cualquier persona o ente endeudado, desde el momento en que no puede hacer frente al pago, las decisiones sobre la gestión de su economía pasan a tomarla sus acreedores. En este caso, los inversores internacionales que soportan nuestra economía comprando deuda pública. Detrás de ellos, directa o indirectamente, el Banco Central Europeo, el único que puede evitar la quiebra financiera de nuestra nación. Sería reconocer la inutilidad y mentira de la supuesta democracia (gobierno del pueblo) en que afirman vivimos.
Por supuesto, el gobierno conservador ha atribuido toda la culpa de este ajuste al gobierno anterior por su supuesta ocultación de las pérdidas reales. Es tal la “sinceridad” de esa indignación que el señor Rajoy ha condecorado a todo el gabinete saliente (a su presidente, y según el PP principal responsable del hundimiento económico de nuestro país, con la Gran Cruz de Isabel la Católica- pobre reina ejemplar), y lo peor es que ni siquiera es por buenismo: cada condecoración conlleva una jugosa pensión que añadir a lo que ya cobrarán esos eximios padres de la patria por haber ostentado su cargo y conducido a España a la ruina. Por lo visto son pocos los 74.000 euros anuales de pensión vitalicia a que tienen derecho legalmente todos y cada uno de los ministros, añádase a las de ser diputados o haber ostentado otros cargos o comisiones del sistema parlamentario o la administración pública. Todo ello estaba pactado de antemano entre PP y PSOE, naturalmente. Perro no come perro y la Casta, fuera de los focos, se pone de acuerdo con rapidez en preservar sus privilegios y prebendas. La última cifra de parados, 5.350.000 (cinco millones trescientas cincuenta mil personas). ¿Sorprende algo que el común de la población, desde el más necio al más cultivado, abomine ya en voz alta de este teatrillo infecto y repugnante del bipartidismo ideológico con el que la partitocracia se empeña en hacernos comulgar como si fuésemos idiotas? ¿Acaso la frase más repetida en las conversaciones de la calle no es “da igual unos que otros, todos son iguales”?
En la entrevista concedida por el nuevo presidente a la agencia EFE, reconoce que la desviación presupuestaria se debe al gobierno central en 3.000 millones de euros (casi 500.000 millones de pesetas), mientras que el grueso de la deuda lo generaron los entes autonómicos, 15.000 millones de euros (2 billones y medio de pesetas). En menor medida, la seguridad social (que hace apenas unos años tenía superávit. Súmese), con 5.000 millones de euros (más de 830.000 millones de pesetas), y los ayuntamientos, con 1.500 millones de euros (250.000 millones de pesetas).
Calla el señor Rajoy que entre las cinco comunidades autónomas más endeudadas, tres están gobernadas por su partido (Valencia, Murcia y Baleares). Si Cataluña es la que mayor deuda presenta en cifras absolutas, en la “Comunidad Valenciana” tenemos el dudoso honor de tener la mayor deuda por habitante de España. ¿A quién echamos la culpa aquí, cuando el PP gobierna desde hace dos décadas, y la deuda la han generado los gobiernos de Eduardo Zaplana y, sobre todo, Francisco Camps? El propio Alberto Fabra lleva gobernando siete meses, y no había variado en lo sustancial la política de su predecesor. De hecho, los presupuestos autonómicos, votados en noviembre por el parlamento valenciano, no contemplaban grandes ajustes. A finales de diciembre, cambia el discurso. Llega la angustia para pagar los gastos corrientes y las nóminas públicas, que se logran el día 30 de diciembre a mediodía con una transferencia de urgencia del gobierno de 480 millones de euros.
En la semana de Reyes de 2012 el gobierno valenciano del señor Fabra, que se ha deshecho un mes antes de casi todos los consellers de Camps (caído en desgracia por su juicio a cuenta de los trajes que le regaló la trama Gürtel) sustituyéndolos por afines, publica un decreto ley de ajuste salvaje de las cuentas: reducción de un tercio del empleo y sueldo a los funcionarios interinos (abriendo además la posibilidad de despedirlos si no es suficiente con lo anterior), eliminación de complementos profesionales y días de vacaciones pactados por convenio a todos los funcionarios, supresión de ayudas sociales y por bajas laborales, subida del tramo autonómico de la presión fiscal del impuesto sobre la renta, sobre las sociedades y sobre el patrimonio, eliminación de deducciones, aumento del precio del carburante para vehículos, etc. De hecho, este decreto convierte en nada los propios presupuestos de Fabra del 15 de noviembre pasado, cuya utilidad se equipara a la del papel del periódico de ayer. La excusa, ponerse en sintonía con las medidas del gobierno central, echándole la culpa a que Rodríguez Zapatero no transfería suficiente renta a nuestra comunidad. La cuestión es sacudirse las responsabilidades de encima. El nombre que se le da a quién elude sus responsabilidades es el de irresponsable.
El motivo inmediato es el rotundo fracaso de la última emisión de bonos lanzada por la Generalitat en el segundo semestre de 2011. 3.000 millones de euros (500.000 millones de pesetas) a colocar, la mayoría de ellos para pagar la emisión de bonos del año pasado más sus meteóricos intereses. Apenas se consiguieron colocar 1.000 millones (y la mayoría la compraron entidades financieras valencianas). No había dinero para devolver la deuda contraída solo un año antes. La quiebra. Y el rescate gubernamental acompañado de la exigencia de medidas para recortar el déficit público. Lo más fácil: subir impuestos, eliminar ayudas fijas y recortar el sueldo de los funcionarios. Ya sabemos todos que la crisis actual de deuda es culpa de trabajadores, funcionarios y personas dependientes de ayudas ¿verdad?.
¿Queremos realmente saber cuál es el motivo último de la inmensa deuda que ya no podemos pagar los valencianos? El aeropuerto de Castellón, construido a mayor gloria de Carlos Fabra, cacique del PP castellonense y auténtico factótum de la provincia, 150 millones de euros, su mantenimiento cuesta 300.000 euros cada día. Ya ha sido inaugurado pero no tiene ningún vuelo, ni lo hay previsto. Estación del AVE en Requena, 12,4 millones de euros, perdida en medio del campo, a varios kilómetros del pueblo. Tiene unos 40 pasajeros al día. Fue una exigencia política al proyecto de tren de Alta Velocidad Valencia-Madrid. Nuevo Hospital La Fe, 390 millones de euros (64.000 millones de pesetas) de coste reconocido, un monstruo de mil camas, completamente opuesto a la tendencia actual de hospitales pequeños, funcionales y descentralizados. Lo mejor es que el antiguo hospital La Fe ha recibido una inversión de 90 millones de euros para acondicionarlo y que pueda seguir funcionando como hospital. ¿Para qué uno nuevo entonces?
Sobradamente conocida es la política de grandes eventos pensada para potenciar la imagen de Valencia (sobre todo de la capital) en el mundo: Gran premio de Fórmula 1, Copa del América,
Open 500 de tenis, torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar, Volvo Ocean Race… casi todos gestionados por empresas privadas creadas ex-profeso para estos actos, y cuyos dirigentes están muy bien relacionados con los miembros de los gobiernos autonómico y local correspondiente. Los fondos públicos garantizan el pago de los derechos y las indemnizaciones. Si el evento da beneficios, los ingresa la empresa; si da pérdidas, la Generalitat acude al rescate con el dinero de todos. ¿Qué buen negocio, verdad? ¡Cómo no se nos habrá ocurrido a los demás!
Porque otro buen negocio del gobierno del PP durante sus muchos años de gobierno ha sido la creación de empresas públicas. Oficialmente, una forma de abaratar gastos, al entregar a gestores autónomos funciones que realizaba antes la administración. Teóricamente, una gestión privada racionalizaría costes y reduciría gastos innecesarios. En la práctica ha servido para colocar a amiguetes y familiares de los políticos sin pasar por el engorroso trámite de oposiciones públicas o procesos de contratación abiertos a la inspección y la vigilancia de los sindicatos. Se ha colocado a muchos, muchos, muchos de esos adláteres del poder. Para lo segundo que ha servido, según vamos viendo, ha sido para drenar caudales públicos hacia intereses privados. El caso EMARSA (la empresa que gestiona la depuradora de aguas residuales del área metropolitana de Valencia, sita en la pedanía de Pinedo) es el más sangrante, pero probablemente no el único. Desde 2003, esta empresa pública (que teóricamente se financia con la cuota para depuración del recibo del agua municipal) fue demandando progresivamente mayores aportaciones de ayuntamiento y generalidad cada año para hacer frente a sus gastos. Actualmente la fiscalía de Valencia investiga un agujero de 40 millones de euros (6.650 millones de pesetas). En los dossieres que filtra la prensa hay de todo. Desde los más de 25 millones de euros que el presidente de EMARSA, Enrique Crespo, alcalde de Manises y hombre de confianza del presidente de la diputación y jefe provincial del PP en Valencia, Alfonso Rus, otorgó a varias empresas que supuestamente trataban el lodo generado por la depuradora a lo largo de su mandato, y que pertenecían a dos o tres amigos del mismo (el principal beneficiado, fugado, se halla en busca y captura por la justicia). El fiscal ha establecido que los sobrecostes en ocasiones llegaban a 100 veces su valor real. Las supuestas empresas de tratamiento de lodos (entre ellas aseguradoras, agencias de viajes, gestores inmobiliarios y otras con tan íntima relación con el reciclaje) encargaban el tratamiento efectivo a especialistas auténticos a precio de mercado, embolsándose la más que jugosa diferencia. Añadamos todo tipo de pillerias y desfalcos: facturar 60 ordenadores personales, cientos de ratones y teclados al año cuando sólo había 15 puestos informáticos a una empresa del ramo propiedad de un amigo de los consejeros, pagar a cargo de la tarjeta de EMARSA comilonas y mariscadas (¡todos los días!) en varios restaurantes de lujo por valor de 90.000 euros (casi 15 millones de pesetas), vacaciones en Nueva York o Europa para toda la familia, noches del presidente con “traductoras” rumanas en un hotel de cinco estrellas en Alicante, bolsos y ropa de lujo, hasta detalles tan cutres como tabaco o la compra del supermercado. El asalto puro y duro a las arcas públicas. Entre los directivos, hombres de Rita Barberá; Gimeno, ex-concejal del ayuntamiento valentino, llamado por el juez, para justificar su complicidad pide que se investigue a los gestores anteriores (también del PP) porque a lo visto las chorizadas vienen ya de 1995. EMARSA es el caso más notorio, pero nadie duda que no era una excepción, sino la regla. Queda mucho por investigar. ¿Habrá voluntad, o componenda?
El número de empresas públicas valencianas no ha parado de crecer, incluso durante la crisis. Según una auditoría de la consultora Russell Bedford, de 117 en 2008 ha pasado a 150 a día de hoy. La deuda actual de la autonomía valenciana es de 20.500 millones de euros (3 billones cuatrocientos tres millones de pesetas), y de ella algo menos del 10% corresponde al déficit de empresas públicas valencianas como EMARSA. El conjunto de la deuda de todas ellas pasó de 1.465 millones de euros en enero de 2008 a 1.694 millones de euros (281.000 millones de pesetas) a finales de 2011. En plena crisis se continuó con el modelo de expansión del despilfarro, el amiguismo y el hurto.
¡Qué decir de la magnífica gestión de las entidades financieras valencianas! No quiero fatigar al lector con muchos más datos de los ya sabidos acerca de la quiebra de las dos cajas de ahorros valencianas, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ya han salido a la luz los manejos de los gestores de esta última (todos ellos miembros o cercanos a la casta política valenciana), intervenida abiertamente por el banco de España: contratos blindados con sueldos astronómicos de entre 250.000 a 600.000 euros; docenas y docenas de créditos a los consejeros de la entidad por menos de 1% de interés, con cantidades que oscilan entre 300.000 y un millón de euros, sin garantías. Lo mismo que a cualquier ciudadano, vamos. Indemnizaciones al abandonar la entidad de 5, 10, 15, 17 millones de euros. Jubilaciones doradas. Muchas de estas gabelas decididas de prisa y corriendo al final del empastre, cuando ya se sabía que la entidad iba a ser intervenida. Estas prebendas a cambio de financiar todo tipo de disparates (véanse aeropuertos sin vuelos o Terras Míticas deficitarias desde su construcción hasta el día de hoy), dar créditos multimillonarios para compras de suelo y edificación desorbitada a empresas constructoras propiedad de amigos del poder, y poner euros para financiar partidos políticos y estructuras paralelas, hasta conseguir dejar un agujero de miles de millones de euros que tendrá que sanear con nuestro dinero el Banco de España. Porque sino el banco de Sabadell no compraba la entidad. Todos los responsables están libres, con sus caudales a salvo y sin visos de proceso o de asunción de responsabilidad alguna. El sistema les protege. A nosotros que tendremos que trabajar más por menos dinero para pagar sus derroches y privilegios, no. Probablemente en Bancaja sucedía algo parecido, pero su absorción por Caja Madrid en la nueva Bankia y los correspondientes pactos de silencio nos impedirá saberlo. ¿Qué decir del emblemático Banco de Valencia, con un tremendo agujero en sus cuentas tras dedicarse fundamentalmente a dar créditos ruinosos a las empresas de sus directivos, sin avales ni perspectivas razonables de cobro? El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ya ha dicho que ellos no van a rescatar a la entidad. ¿Adivinan quién lo hará? Exacto, usted y yo.
El desfalco inconmensurable de la inflada Radiotelevisión valenciana, con una plantilla desproporcionada, llena de enchufados, que ahora se piensa resolver echando a la calle a 1.300 trabajadores (debe ser ese compromiso por el empleo del que tanto habla el gobierno Rajoy); los regalos de dinero de muchos cientos de miles de euros al yerno del Jefe del estado por conseguir eventos internacionales que en la mayor parte de casos nunca llegaron; las oscuras transacciones en las empresas de recogida de basuras en varios ayuntamientos; las ya viejas y conocidas adjudicaciones sin concurso de actos públicos a la empresa Orange Market del “amiguito del alma, te quiero un huevo” Correa & Pérez por parte de la administración pública y su derivada más o menos anecdótica de los 14.000 euros en trajes al presidente Camps; las recalificaciones de suelo que han hecho entrar un caudal inmenso de dinero a los ayuntamientos, en su mayoría desaparecido ignotamente.
Las agencias de calificación han rebajado la calificación de la deuda pública valenciana al nivel de cualquier país africano. Los proveedores públicos cobran con meses de retraso, o no cobran, los medicamentos no se pagan y pusieron al borde de la bancarrota a cientos de farmacias valencianas hace apenas un mes, los colegios públicos no han recibido la dotación de los tres últimos meses, y los concertados ya desesperan de poder cobrar lo adeudado, los bono-libro escolares no se han abonado, las residencias que echan ancianos pobres a la calle porque han perdido la ayuda pública, etc, etc. ¿Seguimos? Porque me dejo mucho en el tintero.
Hay una deuda pública inmensa, que no se puede pagar. Todos los ciudadanos tendremos que aportar de nuestro bolsillo, con sacrificios, renuncias y sufrimientos, para equilibrar las cuentas de nuestra autonomía. Sabiendo además que no poco de ese esfuerzo corresponderá al pago de principal y sangrantes intereses de una deuda que se siguió emitiendo cuando ya era evidente que los presupuestos no podían seguir así. La máquina de corrupción y amiguismo debía seguir hasta el último momento.
El presidente Alberto Fabra, el actual cabecilla del caciquismo partitocrático en nuestro vejado Reino de Valencia, nos dice a los ciudadanos que tendremos que hacer sacrificios para poder pagar la deuda pública, que debemos hacer el esfuerzo por el bien de nuestra región. Es obvio, pues nadie más va a arreglar esto que el sudor de los valencianos, y probablemente también el de otros españoles más cumplidores o menos corruptos que nosotros.
Leyendo estas peticiones de nuestro “Molt Honorable” (comillas irónicas), recuerdo con nostalgia cuando las leyes eran pactos entre el poder y el pueblo, y si el poder no cumplía podía ser recusado y expulsado. Cuando se le podían pedir cuentas al rey. Añoro el juicio de residencia por el cual los cargos públicos debían rendir informe puntual de lo ganado y por qué vías durante su ejercicio del poder. Echo de menos el mandato imperativo por el cual los representantes a Cortes estaban sujetos a cumplir la voluntad de aquellos que les habían elegido. ¿Dónde están esos “padres de la patria” valencianos, esos “portavoces de la soberanía popular”, esos diputados que deberían representar a los robados y humillados valencianos, exigiendo responsabilidades, abriendo investigaciones parlamentarias para fiscalizar este desfalco monumental? Callados como tumbas, haciendo el papel real que ocupan, el de representar a su partido político y no a los votantes que les han elegido. ¿Cómo van a hacerlo, si son cómplices, si ellos mismos también participan del mismo desfalco? Hoy el PP, en caso contrario serían los del PSOE. La mayoría parlamentaria protege al partido que gobierna, sea cual sea, haga lo que haga. Y el pueblo queda desprotegido ante abusos y robos a la caja que es de todos.
¿Por qué no decirlo? Añoro cuando al alcalde ladrón se le arrojaba al río, cuando el consejero injusto, el cortesano infiel, o el funcionario defraudador acababa en la mazmorra, en el cepo… o en la horca. Era saludable medicina para contener la muy humana debilidad de caer en el pecado de la avaricia. Hoy en día nuestras modernas leyes se preocupan mucho más de garantizar los derechos humanos del delincuente que el derecho a la justicia de la gente honrada.
No, señor Fabra. No me da la gana hacer sacrificios. Mientras no se forme una comisión política a todos los gestores despilfarradores, examinando su gestión e inhabilitándolos para cualquier cargo público, y tomando de su patrimonio lo necesario para compensar la desviación sobre lo presupuestado. Mientras no se siente en el banquillo a todos los que han robado dinero público para dárselo a amiguetes, familiares o miembros del partido, evadiéndolo a paraísos fiscales, investigando a fondo las tramas de corrupción, recluyéndolos y exigiéndoles la restitución de lo robado, y si no son capaces de afrontar multa y devolución, ponerlos a hacer trabajos sociales hasta que devuelvan el último euro. Mientras no se sanee todo este sistema podrido, inmoral, asqueroso, corrupto y corruptor, no tengo la más mínima intención de sentirme solidario con el ajuste del gobierno autonómico. Podrán tomar mi dinero por medio de tasas o reducciones de sueldo, pero no será esfuerzo, sino simple exacción. Me niego a reconocer a esta inmunda pandilla de ladrones como mis gobernantes o representantes legítimos.
Todo esto es, sin duda, ilusión, y más desahogo que análisis sosegado. Son 178 años “indignados” para que se nos pueda pedir más paciencia a los carlistas. Bien sé que no hay otra forma de cambiar esto que cambiando a la propia sociedad valenciana (y española, claro está), pues los políticos y sus familiares no crecen en los árboles, sino que forman parte de nuestro vecindario, colegas, amigos. Un reflejo de cómo somos en realidad. Vivimos en una sociedad materialista que se burla de la trascendencia y los valores sagrados. En buena lógica, todos tratan de tomar todo lo que pueden. Y cuando los que mandan roban los primeros, los subalternos se sienten justificados (dice un proverbio napolitano que el pescado siempre se empieza a pudrir por la cabeza, y otro español que si el prior juega a los naipes, qué no harán los frailes). La honradez, la austeridad, la veracidad, la prudencia, el sanísimo temor de que nuestros hurtos se vean desvelados y castigados en el Juicio Final, tribunal al que nadie puede sobornar, han desaparecido arrasados por la apostasía generalizada de nuestra sociedad (a la que se puede comprobar que el presunto “PP católico” no escapa).
Sin recristianización, sin unos valores morales públicos y sociales, aceptados por todos, de caridad, honradez, eficiencia y justicia, no se conseguirán más que parches judiciales y recaídas en el error una vez pasado lo peor. No solo la cultura, el arte, la filosofía o la literatura configuran los valores de una sociedad; también los sistemas políticos pueden influir que los hombres escojan el camino del Bien o el del Mal. Es más que evidente desde hace mucho que el parlamentarismo liberal de nuestra república partitocrácica coronada conduce a la sociedad a la perversión en todos los ámbitos. En los últimos 30 años es objetivamente palpable la descristianización, la ruptura familiar, el hedonismo, la irresponsabilidad y, ahora, la corrupción y despilfarro de los españoles. Pusimos el corazón en el dinero y la carne, y el señor del dinero y la carne se ríe pagándonos así nuestra servidumbre. La degeneración moral de nuestro Reino de Valencia y de nuestras Españas alcanza cada año cotas más bajas. No durará mucho antes de hundirse.
Solo el retorno a las leyes de Cristo y al sistema político que nos hizo la nación más católica, más rica, más honrada (y envidiada) y más valerosa del mundo, podrá salvarnos de nuestros propios pecados. Mis conocidos no carlistas sacuden la cabeza cuando oyen esto, y aducen que eso es idealismo, que es utópico, que es inviable. Siguen confiando en los parches o los mesianismos de medio pelo. Yo digo que creer que el sistema actual va a poder resolver la crisis moral y económica actual que él mismo ha creado, hundiendo sus cimientos en la arena infecta del materialismo, es lo auténticamente utópico. No, el tradicionalismo es lo realista. El sentido común sería lo normal. Y lo normal ahora es extraordinario.
Artículo publicado originalmente en el Portal Avant! de los carlistas valencianos