31 de agosto de 2013 0

Corrupción en sanidad

En artículos anteriores he hablado sobre el modelo sanitario español: el de una sanidad pública universal de corte nacionalsindicalista que el modelo autonómico parceló en varios sistemas regionales. Ese sistema, cumpliendo su función de forma moderadamente óptima (la tecnología y cualificación de los profesionales ha mejorado ostensiblemente con los años, pero los problemas de masificación y las desigualdades entre áreas se han profundizado), ha mostrado siempre ser caro y, lo que es peor, estructuralmente despilfarrador. Aunque hay varias razones para ello (y la falta de una cultura social del buen uso de la sanidad no es ajena), probablemente la colisión de una base de funcionamiento de corte funcionarial con el intento de introducir programas de mejora de la eficiencia pensados para una empresa privada sea una de las más importantes.

En lugar de llevar a cabo una profunda reforma del estatuto del profesional sanitario, evitando enchufismos y criterios anacrónicos (o directamente demenciales) para asignar puestos de trabajo o recursos, e incentivando la eficiencia y calidad asistencial, por la elevada conflictividad sindical que podría generar, los políticos de los partidos liberal-conservadores en España (PP y CiU, básicamente) optaron en varias de las comunidades autónomas que gobernaban por privatizar grandes sectores de la sanidad. Primero servicios básicos, posteriormente áreas enteras de tratamiento (crónicos, exploraciones especiales) y finalmente sectores de atención sanitaria enteros (hospitales y centros de salud asociados). Cataluña fue la pionera, sumándose posteriormente Valencia y, más recientemente, la Comunidad de Madrid.

El engrudo de mezclar lo público con lo privado, en vez de acometer las reformas precisas de lo público (aunque costaran votos) o, más valientemente, plantear un cambio de modelo sanitario a una mayor participación social, han provocado lo que estamos viendo en otros sectores donde se crean “empresas públicas”. Dado que ser cliente de la caja pública es el negocio soñado por cualquier empresario (el cobro está asegurado), el beneficio de la intermediación para la adjudicación de estos servicios ha generado una trama de cobro de favores. Empresas aseguradoras, fondos de inversión, consorcios sanitarios creados a toda prisa con el respaldo de las (difuntas) cajas de ahorro… todos ellos con contactos directos en las administraciones adjudicatarias. Los intermediarios de esas adjudicaciones llevan sobre sí numerosas sospechas y denuncias por corrupción. Precisamente este verano un juzgado de Reus ha estado investigando una denuncia contra Josep Prat y varias personas más, por haber beneficiado a empresas vinculadas (grupo Innova) cuando era presidente del Instituto catalán de la Salud con infinidad de contratos por valor de varios millones de euros. Denuncias semejantes, aunque todavía no han llegado a los juzgados, han sido vertidas hacia otros centros catalanes y valencianos.

Nuevamente vemos que en la evolución entre el modelo público pleno y el de gestión privada, persiste una constante: la partitocracia siempre conserva el poder para repartir privilegios de gestión de la atención sanitaria y las gruesas asignaciones presupuestarias que asocia. Es la fuente de oro a la que nunca renunciará el sistema, pues para eso existen actualmente los partidos políticos.

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