Seguir el blog (Follow.it)El modelo de monarquía de las Leyes Fundamentales
La invasión de Ceuta por más de cien mil inmigrantes marroquís planteó en muchos foros la cuestión de la utilidad del rey, considerando las limitaciones impuestas al papel de la Corona por la vigente Constitución. Papel mucho más restringido que el que tienen los presidentes de algunas repúblicas muy democráticas, como Francia o los Estados Unidos, sin ir más lejos. Y mucho más limitado también que los poderes que Juan Carlos recibió de Franco en una monarquía cuyo diseño institucional, y en particular en este aspecto concreto de la función de la Corona, mantiene una vigencia teórica que no debería desdeñarse, especialmente ante la evidente crisis del llamado “Régimen del 78”.
El 22 de noviembre de 1975, Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey y juró cumplir, y hacer cumplir, las llamadas Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional (me abstengo de comentarios).
Han pasado desde entonces cincuenta años, y la mayor parte de los españoles actuales ni vivieron aquellos acontecimientos, ni tienen una idea clara de lo que eran aquellas Leyes Fundamentales que configuraron la monarquía prevista por Franco.
Las Leyes Fundamentales del Reino constituían el conjunto de normas básicas del Régimen y desempeñaban la función de una Constitución. Estaban compuestas por las siguientes leyes[1]:
- Ley de Principios de Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1938. Establecía los principios ideológicos y políticos del Régimen.
- Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945. Establecía los derechos y deberes de los españoles.
- Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938. Regulaba las relaciones laborales y la organización sindical.
- Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942. Regulaba la composición y funcionamiento de las Cortes.
- Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967. Reordenaba las instituciones del Estado y sus competencias.
- Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947. Definía España como Reino y regulaba la sucesión de Franco en la Jefatura del Estado.
- Ley del Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945. Regulaba la convocatoria de referéndums nacionales.
La llamada Transición y la aprobación de la Constitución de 1978 supusieron la derogación de aquellas leyes que constituían los muros de carga del Régimen y de la reinstaurada Monarquía, encarnada en la persona de Don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey.
La derogación de las Leyes Fundamentales no se produjo de golpe, sino mediante un proceso legal que es lo que ha pasado a la historia como la Transición, iniciada con la Ley para la Reforma Política de noviembre de 1976 -aprobada en referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de enero de 1977-, y culminada con la Constitución de 29 de diciembre de 1978 y su clausula final, que anulaba la ley de la Reforma Política y derogaba completamente o dejaba sin efecto las antiguas Leyes Fundamentales.
Curiosamente, el periodo que media entre la proclamación de Don Juan Carlos, el 22 de noviembre de 1975, y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977, son los trece meses en los que el régimen político español ha estado más cerca de las bases teóricas del Tradicionalismo en los últimos dos siglos de nuestra historia (prescindo en esta afirmación de la cuestión de si Juan Carlos es a quien hubiera debido corresponder el Trono o no).
Léase El Estado Nuevo, de Víctor Pradera -una de las pocas propuestas concretas del modelo de Estado defendido por el Carlismo hecha en el último siglo- y, sobre todo, el deliberadamente postergado libro de Rafael Gambra Tradición o mimetismo, para comprobar la veracidad de lo afirmado.
Naturalmente que aquellas leyes -no hablo de su aplicación en la vida real, mucho más decepcionante y criticable, sino de su contenido puramente textual- no eran perfectas, tenían aspectos objetables o mejorables, e incorporaban adherencias de la época en la que fueron promulgadas. Pero, con eso y con todo, nunca en los dos últimos siglos se había estado tan cerca de encarnarse lo que podríamos llamar la monarquía católica tradicional española.
Insisto, no hablo en términos absolutos, sino relativos, en comparación con el resto de lo vivido por la nación española en sus dos últimos siglos de historia. Y con esa perspectiva, me parece una afirmación incuestionable.
Digo todo lo anterior porque no sería mala idea tomar como base aquellas Leyes Fundamentales -convenientemente adaptadas- para perfilar una propuesta política de auténtica monarquía frente a la del “Régimen del 78”, lo que parece más sencillo que hacerlo desde la monarquía de los Reyes Católicos.
Y también porque denostar por sus imperfecciones -inherentes a cualquier obra humana- el mejor modelo de monarquía de nuestros dos últimos siglos de historia, sumándonos al coro de un antifranquismo barato, o pretender que es rechazable todo lo que no es impecable, lo que hace es condenarnos o a la ensoñación o a la ideología, las dos más graves tentaciones del Tradicionalismo.
Antes que volver la mirada a las instituciones medievales, recomendaría volver a leer aquellas Leyes Fundamentales.
[1] Fuente: Diccionario panhispánico del español jurídico y documentación del Congreso de los Diputados.