Liberalismo, religión y pérdida de la identidad: a propósito de un comunicado episcopal

Por Javier Manzano Franco—

La reciente adhesión de la Conferencia Episcopal Española a la postura de la Comisión Islámica de España en relación con la decisión del Ayuntamiento de Jumilla ha suscitado un curioso consenso: católicos y musulmanes, hombro con hombro, defendiendo la libertad de culto como «derecho fundamental», apelando nada menos que a la Constitución de 1978 y  a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A simple vista, el gesto podría parecer encomiable: dos tradiciones religiosas históricamente distantes y enfrentadas, unidas ahora en la defensa de un principio común. Pese a ello, esta alianza revela algo más profundo y preocupante: la sumisión de la religión al marco ideológico del liberalismo igualitarista, que sustituye fundamentos culturales y espirituales concretos por principios abstractos aplicables a cualquier sociedad, en cualquier lugar y cualquier tiempo.

Lo más llamativo del comunicado no es tanto su contenido como su lenguaje: la Iglesia ya no argumenta desde su propia Doctrina social ni desde la historia concreta de las Españas, sino que adopta sin reservas la retórica de los «derechos humanos» y la “igualdad de trato”; en lugar de recordar que el catolicismo ha sido (y sigue siendo, independientemente de lo que diga la Constitución) la religión histórica de la Patria hispana, lo presenta como una confesión más, intercambiable con cualquier otra dentro de un “mercado religioso” regulado por el Estado.

El comunicado insiste en que toda restricción sobre eventos públicos debe aplicarse por igual a todas las confesiones y a los no creyentes. Este principio, en apariencia justo, ignora una realidad elemental: no todas las religiones ocupan el mismo lugar en la historia, la cultura y la identidad de un pueblo, y tratar por igual a la religión fundadora de una civilización y a aquellas que han sido reimplantadas recientemente en su territorio es un acto de abstracción que erosiona el vínculo entre identidad cultural y tradición espiritual. Si bien el islam formó parte de la historia peninsular durante ocho siglos, la cuestión no es solo la duración histórica, sino su continuidad cultural y política: el islam histórico en la Península desapareció como fuerza estructurante de la sociedad con la Reconquista y la unificación religiosa; lo que existe hoy no es la prolongación de aquel islam andalusí, sino comunidades musulmanas implantadas en la España contemporánea en un contexto migratorio y globalizado, sin continuidad orgánica con la sociedad que ha configurado la identidad española desde 1492. Una religión solo ocupa un lugar estructural cuando es aceptada y vivida como elemento constitutivo del pueblo actual, no solo como recuerdo histórico.

Es verdad que el catolicismo, en la España contemporánea, ha perdido gran parte de su función estructurante y que la Constitución de 1978 declara al Estado como “aconfesional” (que no laico). Pese a ello, el catolicismo pervive como una tradición latente, un depósito cultural, simbólico y moral que sigue impregnando la lengua, las fiestas, la arquitectura, el calendario, la toponimia y buena parte del imaginario colectivo, incluso entre quienes ya no practican la fe. El elemento constitutivo de una identidad no desaparece cuando deja de ser mayoritariamente practicado, sino únicamente cuando deja de tener eficacia cultural real. El catolicismo aún conserva esa eficacia: gran parte de las normas sociales, ritos de paso y referencias culturales siguen siendo de origen católico; el laicismo español se define históricamente en oposición al catolicismo (y no al islam, al budismo o al judaísmo), lo que demuestra que éste sigue siendo el referente simbólico central; por último, la aconfesionalidad del Estado no implica un Estado culturalmente neutro, sino un marco político donde la herencia histórica sigue existiendo aunque no sea jurídicamente oficial. Por eso, frente al islam realmente existente en la España actual, el catolicismo aún es el núcleo histórico y cultural dominante, aunque en crisis; y precisamente por esa crisis resulta aún más grave que la mismísma Iglesia renuncie a diferenciarse y se presente como una confesión más en el plano de la igualdad liberal.

La Conferencia Episcopal acepta que el único límite legítimo al culto público es la perturbación del orden público, pero reducir el orden público a la mera ausencia de disturbios es insuficiente porque existe también un orden simbólico, un tejido de referencias, ritos y significados que conforman la identidad colectiva. Un acto puede no alterar la paz callejera y, sin embargo, socavar ese orden simbólico al descentrar los referentes culturales que sostienen la cohesión de una comunidad política.

Lo que se presenta como un gesto de apertura y diálogo interreligioso es, en realidad, un ejemplo de cómo el marco liberal obliga a todas las religiones a justificarse con las mismas categorías: “derechos individuales”, “igualdad” formal, neutralidad ideológica débil del Estado. La neutralidad “débil” propia del liberalismo, que considera todas las religiones equivalentes y relega la religión al ámbito privado, no tiene nada que ver con la neutralidad “fuerte” de un Fernando III el Santo, que reconocía la existencia de una identidad cultural y religiosa mayoritaria pero sin perseguir creencias minoritarias. La neutralidad fuerte protege el pluralismo sin borrar la centralidad histórica de una tradición concreta ni destruir toda jerarquía cultural que dota a la comunidad política de un eje simbólico común. Este “ecumenismo” no une por una verdad espiritual compartida, sino por la aceptación común de un sistema que considera todas las creencias equivalentes y prescindibles.

La Iglesia española podría haber defendido la libertad de culto desde la afirmación de su lugar central en la historia y la cultura de las Españas, subrayando que esa centralidad justifica una protección y promoción específicas sin perjuicio de la existencia de otras religiones minoritarias como vemos en la neutralidad ideológica estatal “fuerte” de un Fernando III, pero en cambio ha preferido diluirse en el consenso liberal-universalista, proclamando un principio que, aplicado de forma coherente, legitima la indiferencia del Estado ante cualquier religión. En el fondo, este comunicado no defiende al catolicismo sino a un marco que lo iguala con cualquier otro credo, incluso con su negación. Paradójicamente, al hacerlo, la Iglesia contribuye a la erosión de las condiciones históricas y culturales que alguna vez le otorgaron el lugar que hoy parece resignada a abandonar.