El gobierno se apoya en la ONU para crear un “Ministerio de la Verdad”

(Ahorainformacion.es) – El gobierno de coalición social-comunista, aunque asusta mucho a los grupos conservadores no tiene en realidad tantas diferencias programáticas reales con los partidos de centro-derecha como PP o Ciudadanos. Todos ellos están de acuerdo, con matices, en las grandes líneas de lo políticamente correcto. Todos ellos comparten una misma antropología de fondo que incluye los presupuestos de la cultura pro-muerte y de la ideología de género. También los planteamientos macroeconómicos o las grandes líneas de la política internacional. Por eso el gobierno necesita diferenciar su producto forzando la agenda laicista o radicalizándose aún más en la llamada “memoria democrática”.

La nueva “Ley de Memoria Histórica” que está preparando el gobierno de Pedro y Pablo cuenta con la ayuda inestimable del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dispone de un relator específico para estudiar el problema de la memoria de la guerra civil y el franquismo en España: Pablo de Greiff, “Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. Toda esta tramoya del memorialismo, llena de títulos rimbombantes y de burócratas al servicio de grupos fanáticos, se parece de forma inquietante al  Ministerio de la Verdad ideado por George Orwell en su novela 1984.

Por una parte la nueva Ley enfocará los esfuerzos del estado en el adoctrinamiento escolar que tratará de explicar a los niños quiénes son los buenos y los malos de la historia. El mismo De Greiff ha llegado a decir que “algunos libros de texto se refieren a la Guerra Civil en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. En cuanto al capítulo de las víctimas el gobierno va a dedicar ingentes cantidades de dinero público para exhumaciones, análisis de los restos de las fosas comunes, elaboración de bancos de ADN de las víctimas, etc. Naturalmente, las únicas víctimas que se contemplan en el proceso son aquellas que sean atribuidas al bando rojo. Ni una palabra por el momento sobre la represión revolucionaria en las zonas que controlaba el gobierno republicano, sobre el genocidio anti-católico, sobre la destrucción del patrimonio religioso o sobre las checas. Naturalmente, la nueva ley incluirá un capítulo represivo con multas y amenazas de ilegalización para todas aquellas personas o entidades que se atrevan a disentir sobre la verdad oficial decretada por el gobierno, o que se nieguen a la eliminación de “símbolos franquistas”. Por último es de esperar que la “resignificación” del emblemático Valle de los Caídos avance en la línea que pretenden los grupos guerracivilistas de convertir este conjunto monumental en un lugar “de memoria y pedagogía democrática”.