Una vez más el paripé del sistema judicial

por Luís B. de PortoCavallo

Es una práctica bastante más habitual de lo que podríamos pensar y nada extraña en nuestro sistema judicial que, un caso con revuelo mediático, tras el que haya muchos intereses encubiertos (especialmente contra la administración), se salde, al cabo de un tiempo, con la desestimación, el sobreseimiento o el archivo sin más.

Cuando salta la noticia, la “investigación” (se reirían Vds. de cómo se hace una investigación judicial) da la falsa apariencia de que el sistema judicial hace algo.

Así es cómo el delito más común en España, la endémica prevaricación de la administración (todos los días, en todas las administraciones) es a la vez el más impune, siempre a “beneficio de inventario” y contra el indefenso administrado.

Las presiones políticas y de superiores jerárquicos dejan claro que, en el hipotético caso de que se siga el curso de la causa, de todas formas, lo van a “tumbar” en instancias superiores.

Mientras en Italia (y eso que el sistema judicial italiano tampoco es que sea el no va más), el fiscal de una pequeña ciudad del norte (Bérgamo) cita al primer ministro (presidente del gobierno), a la ministra del Interior, y al titular de Sanidad, para que dén explicaciones ante un tribunal local, en España, la fiscalía, perros fieles servidores del gobierno, pide que se desestime cualquier causa judicial ¿Y quieren que nos creamos el cuento de la independencia judicial?

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, a la que poco menos que habían tildado de heroína nacional por “enfrentarse” al todopoderoso statu quo político (incluida fiscalía y abogacía del estado), ha claudicado en la causa que se seguía contra el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, como no podía ser de otra manera, al “no ver indicios suficientes” de delito.

No tanto, en sí, por el personajillo insulso y desagradable, por cuanto las consecuencias jurídicas que se podrían haber derivado, dando pie a reclamaciones patrimoniales a miles contra la administración. A todo esto, hay que decir que la denuncia partió de un particular a su costa.

La juez concluye en el auto que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020, «[…] no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».

“Para este viaje no se necesitaban tantas alforjas”.