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La Fiscalía pide cárcel para Griñán y Chaves, expresidentes de la Junta de Andalucía

15 de septiembre de 2016 0 Actualidad / / /

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y una inhabilitación para ocupar cargo público de 10 años para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE. Es un nuevo capítulo de la corrupción partitocrática en nuestro país. El Ministerio Fiscal lo ha hecho saber al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en un escrito remitido este jueves. El que fuera el mayor alto cargo de la Comunidad de Andalucía, José Antonio Griñan, ha sido acusado de ser autor de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales. Manuel Chaves ha sido acusado de un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán además se enfrentaría a 30 años de inhabilitación en cargo público y tendría que responder a 483 millones de euros ante la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados para las empresas de los ERE de Andalucía entre 2005 y 2010.

La acusación se extiende a cuatro ex – altos cargos de la Junta: José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo con penas de prisión de 6 a 8 años de cárcel.

El caso de los ERE (recordemos)

El caso de los ERE en Andalucía fue una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía a la que muchos consideran consecuencia de 36 años de gobierno por parte del Partido Socialista. La partitocracia socialista de Andalucía quedó en evidencia cuando la empresa sevillana de Mercasevilla fue investigada por prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

En el año 2001, la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves a la cabeza como presidente autonómico, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas que iban a realizar prejubilaciones o despidos; y a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE).  No obstante, el Juzgado de Instrucción número 6 considera que dicha partida presupuestaria para ayudar empresas fue gestionada de manera fraudulenta. Cerca de 200 millones de euros fueron repartidos entre prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso a personas con empresas ficticias. También se benefició a aseguradoras consultoras, abogados y sindicalistas cercanos a la Junta de Andalucía.

Una gran contradicción

El PSOE de Andalucía se ha presentado durante toda la época democrática como el adalid de los trabajadores y los desfavorecidos en la sociedad. Este caso de corrupción manifiesta totalmente lo contrario. Que los partidos, sean de derechas o de izquierdas, en España se han dedicado a establecer una estructura que les beneficia principalmente a ellos, robando de las arcas públicas y utilizando el poder público para sus intereses. Que un gobierno necesite solo 36 años de historia para corromperse es algo que clama al cielo.

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