4 de junio de 2018 0 / / /

Las vergüenzas del sistema. La corrupción nuestra de cada día

Mucho se habla en estos días de corrupción a raíz de la primera sentencia de la Audiencia Nacional del “caso Gurtel”. Corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse, en todos los sentidos, por lo que viene dada siempre por una previa desviación moral.

No obstante, a la que se hace referencia, en realidad, últimamente es únicamente a la corrupción en materia económica, especialmente en las organizaciones públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de los poderes públicos en provecho particular, económico —o de otra índole—, de sus gestores, esto es, corrupción política, mal uso del poder público para conseguir un beneficio ilegítimo de forma secreta y privada. Está directamente relacionado con el desvío de poder, prevaricación y secretismo, de forma generalizada, en los modos de actuar de las administraciones públicas.

Por tanto, la corrupción, son actos que entran en el ámbito moral y no en el penal, no existe en el Código Penal el delito de corrupción como tal, como la gran mayoría de engañados ciudadanos cree, —ni siquiera el de corrupción de menores, que como el Guadiana ha aparecido y desaparecido varias veces—, (existen los de malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc.).

Corrupción son los nombramientos a dedo de funcionarios y empleados públicos a los que luego en virtud de esa “experiencia previa”, se les concede plaza, en los ministerios, consejerías de gobiernos autonómicos, entes, agencias y observatorios públicos, universidades, ayuntamientos. Corrupción son las muchas subvencionas dadas graciosamente a todo tipo de organizaciones políticas, sindicales, patronales, empresariales, culturales, de manera que se dirige y controla la vida social. Corrupción son los cientos de empresas publicas sin justificación alguna. Corrupción son los millonarios planes de pensiones para altos cargos con entidades financieras privadas pagados con dinero público. Corrupción institucionalizada son los llamados “lobbies”, literalmente “vestíbulo”, grupos de presión cuya finalidad es “influir políticamente”, secretamente mediante cualquier medio (legitimo o no), en función de sus propios intereses para conseguir un beneficio económico o social. Corrupción son los nombramientos de políticos en consejos de administración de grandes corporaciones y entidades financieras. Corrupción son la absoluta dependencia de los fingidos poderes de control, administrativos, económicos y judiciales. No sólo es la “savia” que nutre el sistema, sino que es consustancial a él, desde sus orígenes y en todos los lugares del mundo.

Desde el 77 y 78 ya se venían dando casos de corrupción sistemáticamente “acallados” (como todo lo que sucedía entonces en la guerra política sucia, con los también controlados medios de comunicación) como el de CAMPSA, cuyos contratos, a tanto por ciento, “negociaba” el bufete de Suárez (detrás de la Bolsa de Madrid). Cuando el PSOE llegó al poder, Felipe González anuncio unas polémicas auditorías, refiriéndose a casos de corrupción en el Gobierno de la UCD que, o nunca se realizaron, o bien se realizaron en secreto porque nunca se hicieron públicas.

Hay que hacer notar que el PSOE alcanza dos veces el poder en España, la primera en el año 82, tras el rocambolesco y nunca bien aclarado 23 de febrero y su propagandístico efecto, y la segunda tras los oscuros atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Al poco de llegar al poder, las clarividentes mentes dirigentes del partido, se dan cuenta que se podía hacer cualquier cosa en los entresijos de la administración y no pasaba nada, es más, se podía ocultar sin ningún problema. Tras este “descubrimiento” una de las primeras medidas fue controlar el poder judicial, que comenzó con las presiones de Alfonso Guerra para “hacerse” con la Sala Tercera de lo Criminal (luego sería de lo Penal) del Tribunal Supremo y que concluyó con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, para elegir “políticamente” los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombra los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponda, o lo que es lo mismo, el PSOE, partido con mayoría parlamentaria pasó a controlar absolutamente el gobierno, el legislativo y el judicial.

Hasta tal extremo está controlado el poder judicial que, según el propio Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se investigaban 1661 casos judiciales de corrupción en España (que no significa que fueran todos los que se daban), siendo Andalucía la comunidad autónoma con más casos en fase de investigación judicial, 541, seguida de la Valenciana con 200 casos. En 2015, de unas 1700 causas con más de 500 imputados o investigados, únicamente 20 habían sido condenados entrando en prisión. A mayor abundamiento, desde 1996, en que se comenzó a publicar en el BOE (antes estos acuerdos de Consejo de Ministros no eran publicados), los gobiernos alternantes de PP y PSOE han concedido 233 indultos a políticos, altos cargos y otros responsables públicos, condenados en sentencia firme por casos de corrupción en los últimos 20 años, sin explicaciones ni argumentación de  razones, ya que la ley no obliga, por el contrario, es una facultad que, con total opacidad, se ejerce sin rendir cuentas a nadie. En 2017, una cuarta parte de los indultos concedidos fue para condenados por corrupción (delitos de malversación y prevaricación).

El Caso Flick de financiación ilegal del PSOE entre 1978 y 1981 de unos 3,3 millones de euros, según Der Spiegel, de gran repercusión en Alemania y que en España pasó de tapadillo, salpicó al entonces canciller Helmut Kohl, igual que posteriormente el caso AVE Siemens y el de financiación del CDU que acabó provocando su dimisión como presidente del partido en el año 2000. Junto con otro corrupto, el déspota presidente socialista francés François Mitterrand, crearon la brigada germano francesa “unidad de élite”, origen del Eurocuerpo. Digamos que es sintomático que la Unión Europea le rindiera homenaje en la Eurocámara, en Estrasburgo, al fallecer en 2017.

Los gobiernos del PSOE, en los años de mayoría, aprendió rápido y se adaptó más rápido todavía generalizando e institucionalizando estos sistemas, son los años del “pelotazo”. Durante los años de gobiernos del PSOE de Felipe González, de 1982 a 1996, se sucedieron diversos y famosos escándalos de corrupción, especialmente al final, en la IV y V Legislaturas.

Algunos casos de los que llegan a ver la luz en este oscuro periodo son:

Caso Flick (citado); caso KIO y su pieza caso Wardbase; caso de los fondos reservados; caso Rumasa y su derivación Caja Postal de Correos Argentaria; caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse; caso Ave, caso Seat: y otros tres sumarios derivados; caso Osakidetza; caso CESID, la utilización partidista de este organismo se ve envuelto en esta época en varios casos como el el caso Operación Mengele; caso Guerra; caso Casinos, financiación ilegal de CiU; caso Caixa Cataluña,que exculpó a Pujol; Caso Ibercorp, especulación bursátil de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España entonces; caso Urbanor; caso Sarasola; caso Urralburu; caso Bardellino; caso Cementerio; caso Godó, en Cataluña; caso BFP, en Cataluña; caso Gran Tibidabo, en Cataluña; el paradigmático caso Estevill, trama de corrupción judicial del magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación; caso Turiben; caso Salanueva; caso Expo’92, cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros, archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción; caso Roldán y el vinculado caso Paesa; caso Banesto; caso Palomino, cuñado del Presidente Felipe González; caso GAL; caso Petromocho; caso Naseiro; financiación ilegal del Partido Popular en esta época de gobiernos socialistas; caso PSV; fraude de enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT y su gestora, IGS; caso Hormaechea; caso de la minería; caso Sóller, en Baleares.

La mayoría de estos casos, aparte el espectáculo mediático, no tienen apenas consecuencias personales, políticas ni judiciales.

Podría decirse que el PSOE crea el sistema de corrupción política y el PP, cuando llega al poder se lo encuentra montado y lo “perfecciona” de manera exponencial. Hay que tener en cuenta que, para los socialistas, la administración es “el negocio familiar”, para el PP la administración es para “hacer negocio” y para los nacionalistas la administración y los negocios son “ellos mismos”.

 

 

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