El conflicto de los estibadores
Está ocupando mucho espacio en los medios de comunicación el conflicto de los puertos marítimos. Los trabajos de carga y descarga de buques se rigen por unos acuerdos procedentes de la época en que Girón era ministro de Trabajo. Impiden ejercer tal función a quienes no estén registrados como estibadores. De Bruselas ha llegado una norma que exige a nuestro Gobierno la derogación de tales acuerdos. El no hacerlo supone una multa de 132.000 € diarios. El Gobierno ha intentado aprobar una ley que cambie la situación presente. La oposición la ha tumbado en el Parlamento. Estamos ante un conflicto que parece no tener solución.
Para nosotros ha sido una agradable sorpresa enterarnos de la existencia de las normas con que se rige la carga y descarga de mercancías es nuestros puertos. Nos ha llenado de satisfacción el ver que los derechos de un sector de trabajadores están protegidos por ley frente a los posibles abusos de los empresarios. Estas normas responden a lo que la Tradición propugna. Recuerda a los antiguos gremios suprimidos por el liberalismo.
La imposición de Bruselas de suprimirlas se basa en la permanente cantinela del liberalismo: la libertad. La misma que promovió la supresión de gremios y cofradías y dejó a los trabajadores sin protección.
Los estibadores se oponen al cambio. Alegan, y tienen razón, la defensa de sus derechos. En ese sentido estamos de acuerdo con ellos. Las normas que impone Bruselas supondrían que los trabajos de estiba y descarga se regirían por la ley de la oferta y la demanda en beneficio de las grandes empresas: de las multinacionales. Y en perjuicio de los trabajadores. Como ya está ocurriendo en otros campos del trabajo. Ya apuntan que algunas navieras exigen que sean los mismos marineros quienes realicen tales labores. De ahí nuestra postura favorable a los estibadores.
Ahora bien: parece que las normas, establecidas hace seis o siete décadas, se han quedado obsoletas. Los avances de la tecnología han cambiado los modos de cargar y descargar los barcos. Por otro lado, dicen que los estibadores han establecido un monopolio injusto y perjudicial. Ellos imponen sus condiciones que las navieras han de aceptar. Eso dicen. Habrá que ver lo que hay de cierto en ello, dado el control que sobre los medios de comunicación ejercen la grandes empresas. Se habla de unos sueldos de 70.000 € anuales. Y, se dice, que como consecuencia de ello muchas navieras optan por puertos de países vecinos.
Nuestra defensa de los sistemas gremiales no es cerrada. Admitimos los abusos que se pueden cometer. Admitimos la necesidad de reformar las normas a medida que la vida va cambiando. Defendiendo los derechos del trabajador frente a un monopolio de la patronal, no podemos propugnar un monopolio de los trabajadores.
En una palabra: admitimos que el sistema que defendemos, llevado a un extremo, puede dar lugar a abusos. Todo sistema, por justo que sea en los principios que lo inspiraron, puede degenerar. Está en la naturaleza humana, dañada por el Pecado Original.
Pero si el sistema exige reformas, lo que hay que hacer es reformarlo. No suprimirlo. Nadie se cura de dolor de un miembro amputándolo.
Por eso nosotros recomendamos al Gobierno que no suprima los acuerdos actuales dejando a los estibadores sin protección. Y a los estibadores, que acepten las reformas que el tiempo ha hecho necesarias. Que piensen que por exigir lo que ya no es justo, pueden quedarse sin lo que, en justicia, les pertenece.