9 de agosto de 2018 0

A UN PASO DE LAS CATACUMBAS. LAS VERGÜENZAS DEL SISTEMA

¡¡¡ Alerta centinelas, porque vienen tiempos difíciles !!!

 La ministro de (in)Justicia, Dolores Delgado García (la “Lola”, para los amiguetes del partido), anunció, el pasado martes, 10 de julio, a tres días de la conmemoración del asesinato de Calvo Sotelo por el PSOE y de los “cuarenta días de terror” que le siguieron —continuados por los militantes del PSOE— y a una semana de la conmemoración del octogésimo segundo aniversario del Alzamiento que dio comienzo a la Cruzada, ha efectuado un comunicado stalinista en el que informa —al modo de un bando de guerra—, que el Gobierno creará una «Comisión de la Verdad». ¡¡¡ una comisión de la verdad !!!

En la comparecencia en la comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados, la amiga íntima de Baltasar Garzón (el que ascendía encarcelando, de cara a la prensa, chavales “fascistas” acusándoles de pertenecer al GAL, mientras tenía pleno conocimiento de que estaba organizado desde las cloacas del aparato del estado y financiado con fondos reservados del “estado de derecho”), la “Lola”, ha asegurado que la intención del Ejecutivo es «asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo», para colocar en un lugar privilegiado de la agenda política una batería de iniciativas sobre la guerra civil y el franquismo, aludiendo a una reforma integral de la Ley (ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (sic), a la que mal llaman de memoria), para declarar la nulidad de los tribunales y anular sus sentencias, así como para impulsar las exhumaciones desde lo público, es decir, dar dinerito de todos a unos cuantos amiguetes.

La dicha comisión estará formada por once miembros, nombrados por el Parlamento, 3 a propuesta de ambas cámaras, Congreso y Senado (hay que recordar que quien tiene mayoría en las cámaras, tiene el Gobierno); 2 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía (a ver como se come eso); 1 designado por el Consejo de Universidades; 3 más ¡a propuesta de las asociaciones de víctimas!; los dos restantes “expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Con competencias para la incoación y resolución de expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en la Ley de Memoria Histórica: “Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular del Ministerio competente en materia de memoria democrática; y tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la Dirección General competente en materia de memoria histórica”, sanciones que serán aplicadas sin juicio previo que pueden llegar  a penas de prisión de hasta 4 años, inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de hasta 15 años, en el caso de los funcionarios y/o autoridades públicas y pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la “profesión u oficio educativos” entre tres y diez años a aplicar sobre “la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia”, para quienes “justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo”. Es importante poner de relieve que el que decide qué si y qué no es un órgano administrativo político ideologizado.

¡Viva la libertad de pensamiento, de investigación, de cátedra y de expresión!

Asimismo, que el Gobierno estudiará la fórmula para ilegalizar «aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo», señalando que otorgarán un nuevo significado a la Basílica del Valle de los Caídos y ha anunciado que el Gobierno retirará la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.

Ha insistido la “Lola «No podemos olvidar las reclamaciones que realiza Naciones Unidas al Gobierno español para que lidere las exhumaciones y cubra “los déficits de verdad y de justicia” que existen en España», según dice ella, que dice NU; y ¿por qué lo dice? ¿No será que el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020 para el Gobierno de España tenga algo que ver? Y amenaza ¡¡¡con penas de cárcel, inhabilitación y multas cuantiosas!!! a quienes discrepen de la ”verdad única”. Stanilismo puro y duro.

Lo que sí dice Declaración Universal de Derechos Humanos de NU es:

«Artículo §18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

»Artículo §19:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Y así consta también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos tratados internacionales en los que España es parte y viene obligada como ley interna. Es decir, estas “medidas” incumplen los principales tratados internacionales de derechos humanos. Sí, estos se suponen que también son derechos humanos y lo que prepara el Gobierno una flagrante violación de los derechos humanos. 

¿Desde cuándo los políticos tienen el patrimonio de dictaminar qué es verdad y que no? ¿Se les ha ido definitivamente la olla? O ¿Es que la tiranía ha dado definitivamente la cara? Nos hablan del discurso de los derechos humanos, pero cuando el discurso de los derechos humanos no sirve a sus intereses violan sistemáticamente los derechos humanos.

Más de 18.000 personas, entre ellas más de 250 historiadores, profesores, escritores, periodistas, intelectuales y miembros de las Reales Academias de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas, han firmado un “Manifiesto por la Historia y la Libertad” en respuesta al proyecto de ley que ha presentado el PSOE en el Congreso para reformar la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Manifiesto por la Historia y la Libertad [texto y listado de firmantes en http://www.kosmospolis.com/2018/03/presentacion-del-manifiesto-la-historia-la-libertad/

Para adherirse al manifiesto: revistakosmospolis@gmail.com

La aplicación de estas leyes no dejan de ser un concepto de control político, suscitando notables discrepancias y rechazos en la comunidad académica, al implicar la fijación de hechos y procesos históricos que, a priori, cuentan con la posibilidad de diversas interpretaciones, mediante una férrea censura del pensamiento y la investigación convirtiéndolos en una “verdad oficial”, cuya negación puede llegar a ser perseguida legalmente o en una verdad “políticamente correcta” o “pensamiento único” impuestos formalmente según determinados intereses ideológicos, es decir, no es un concepto jurídico y ni siquiera histórico, es un mero concepto de imposición ideológica política.

Tendremos que prepararnos en breve para las catacumbas y la persecución. Pero ¿estamos preparados? Lo fundamental en estas cuestiones y circunstancias es tener una organización sólida y disciplinada, organizarse en compartimentos estancos y tener previstas todas las asistencias legales.

Reitero:

¡¡¡ Alerta, vienen tiempos difíciles !!!

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