Educación: la enésima protesta inútil

(Por Luis B. de PortoCavallo) –

La plataforma Más Plurales (formada por sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector concertado), ha vuelto a salir a la calle este miércoles para protestar contra una “nueva reforma” del sistema educativo, la LOMLOE, Ley Celaá.

La enseñanza concertada, una vez más, protesta, antes de la tramitación final en el Senado de la Ley Celaá.

Tengamos en cuenta todas las consideraciones recordando los antecedentes:

1970-2020. La batalla interminable. 50 años de sucesivos cambios catastróficos en el sistema educativo.

1970

Inicio del desastre: Se establece la Ley General de Educación de Villar Palasí, influida por los tecnócratas del Opus Dei, sustituyendo la reglamentación heredera de la Ley Moyano del siglo XIX, instaurándose la Educación General Básica (EGB) y la Formación Profesional (FP) obligatorias y el sistema de “subvenciones” a centros privados.

1974

La ley Esteruelas introduce las pruebas de acceso a la Universidad, con “numerus clausus”, germen de la selectividad, que entrará en vigor en 1983.

1976

Documentos de la ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (CEE): Nota titulada «Los problemas actuales de la enseñanza» y «Declaración sobre planteamientos actuales de la enseñanza», que toma como puntos de partida la negociación del Vaticano de la reforma del Concordato de 1953, concluido con el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español (Ciudad del Vaticano, 28 de julio de 1976).

1977

Documentos de la CEE, mostrando preocupación y miedo ante la deriva, en el proyecto constituyente, a un posible proceso de estatismo anti-eclesial en materia de enseñanza y educación, y que no garantizara la libertad religiosa y la libertad de enseñanza, la defensa del matrimonio y la vida de los no nacidos, el tipo de financiación económica de la Iglesia, el futuro de las organizaciones de la iglesia en los campos de beneficencia, sanidad, enseñanza, tratamiento en los medios de comunicación y reclamando se hiciera mención expresa de la Iglesia Católica en el texto, además, por el tipo de desarrollo legislativo postconstitucional:

«Declaración de los Obispos españoles sobre la enseñanza religiosa en las escuelas» (sept. 1977)

«Ante la actual situación española» (sept. 1977)

«Los valores morales y religiosos en la Constitución» (dic. 1977)

1978

Con respecto al proyecto constituyente, la política en materia educativa, fue el tema más controvertido y que más tensiones y escoyos generó en las discusiones y conversaciones secretas extra parlamentarias entre los representantes de las distintas fuerzas políticas.

La reacción de la CEE son los documentos:

«Posiciones del Episcopado sobre educación y enseñanza» (18 de may. 1978) y «Los derechos fundamentales en la educación» (Ecclesia núm.1.843; 1978), de la Comisión Episcopal de Enseñanza.

Sin embargo, “se dejó tentar” y emitió la vaga «Nota sobre el Referéndum Constitucional» (28 de sept. de 1978).

A pesar del pretendido “consenso parlamentario general ” para la CE, el capítulo relativo a enseñanza y asuntos culturales fue la excepción, al que se opusieron 125 parlamentarios. Esta oposición indicaba que el tema de la enseñanza era un tema principal de conflicto entre la Iglesia y las fuerzas políticas, especialmente para la izquierda y los nacionalistas, durante la “transición”.

1979

La Reforma del Concordato de 1953 se concluye, además del Acuerdo de 1976, con cuatro Acuerdos en 1979, negociados en secreto entre el estado Español y la Santa Sede:

―Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos;

―Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales:

        – art. I. A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la
ética cristiana.

          – art. II. Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla. […]

          – art. III. En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.
En los centros públicos de Educación Preescolar y de EGΒ, la designación, en la forma antes señalada, recaerá, con preferencia en los profesores de EGΒ que así lo soliciten.
Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.
Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos centros.
[…]
          – art. VI. A la Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación. […]

           – art. VII. La situación económica de los profesores de religión católica, en los distintos niveles educativos, que no pertenezcan a los Cuerpos Docentes del Estado, se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

―Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos y

―Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos;

Firmados en la Ciudad del Vaticano, en 3 de enero de 1979, sólo cinco días después de que entrara en vigor la CE, (publicada en el BOE de 29 de diciembre de 1978), en cuya redacción final, la educación, quedó encuadrada en los derechos fundamentales, en el art. 27.

art. 27.3. «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

En la XXXI Asamblea Plenaria de la CEE, se publica un documento sobre matrimonio y familia (2 al 7 de jul. 1979) y se aprobaron los Estatutos del Consejo General de la Educación Cristiana.

En noviembre de 1979, la CEE publican dos documentos más :

«Instrucción sobre el divorcio civil» y «Dificultades graves en el campo de la enseñanza».

1980

Se aprueba la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que genera un nuevo documento de la CEE y manifestaciones de protesta.

1985

Se aprueba la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), impulsada por el PSOE con José María Maravall como Ministro de Educación. Con ella se sustituye el sistema de subvenciones a centros privados por el sistema concertado. Se crean los Consejos Escolares y se abre el campo a los “proyectos educativos nacionalistas”.

Con los conciertos se “compran” las conciencias, ya que implican acatar las reglas impuestas por las administraciones socialistas y nacionalistas, mediante “inspecciones sancionadoras”. Lo que fue, de facto, un ataque a la educación cristiana de los colegios católicos, a cambio de dinero (CONCAPA, 1984).

1986-1987

El ejecutivo socialista avanza una serie de reformas educativas (Alfredo Pérez Rubalcaba) entre ellas: aumento de tasas y endurecimiento de entrada a la Universidad.

1990

Con Javier Solana como Ministro de Educación se aprueba la LOGSE, Ley que marca una perniciosa tendencia educativa, que perdura hasta hoy, en dos sentidos:

1º. sistema de enseñanza único de metodología constructivista, con las llamadas teorías cognitivo-conductuales, “función psicologista” de los docentes y creciente politización con la imposición de aprendizaje de “valores” marcados por los gobiernos.

2º. consolida el sistema descentralizado de enseñanza en España que permite a las comunidades autónomas no sólo la gestión de los centros educativos, sino que pudieran imponer “contenidos curriculares” y “lengua vehicular”.

Dado los  apabullantes resultadosde fracaso, numerosos estudios indican que, ante las alarmantes cifras de desempleo, esta Ley, introdujo “las bases para la creación de una «reserva proletaria» que ocupara empleo por debajo de los estándares laborales”.

1994

El Ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, decide que la LOGSE se aplique en los institutos públicos sin transiciones, lo que provocó un trasvase de estudiantes desde los institutos públicos a la enseñanza concertada.

1995

Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. (LOPEGCE), Ley Pertierra, Ministro titular, aumentó el papel de control de la Administración en la elección de los directores de centros e incluyó a representantes empresariales en los Consejos Escolares de centros de Formación Profesional. Los claustros de profesores pierden competencias y cientos de miles de niños, estudiantes en pueblos, son trasladados junto con la adscripción y desplazamiento forzoso de maestros.

Las protestas se mantienen hasta 1996, sin consecuencia alguna.

1997

La OCDE crea el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informes PISA), en el que participan los estudiantes de 15 años de los países desarrollados, que se convierte en un terrible yugo para la evaluación educativa socialista en España que, año tras año, y evaluación tras evaluación, se demuestra muy deficiente, poniendo de relieve las nefastas consecuencias de la intromisión y politización en la educación de los gobiernos socialistas y nacionalistas.

2000-2002

Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), publicada en el BOE, en 24 de diciembre de 2002, que trata de hacer, lo mismo que las legislaciones socialistas, pero de sentido político contrario, marcado por los imperativos neoliberales de la globalización económica y de la Unión Europea. Un nuevo fracaso rotundo.

2006

La Ley Orgánica de la Educación (LOE), promulgada por el Gobierno socialista, con María Jesús San Segundo y Mercedes Cabrera al frente del Ministerio de Educación, deroga todas las leyes anteriores, incluida la LOGSE, pero manteniendo sus principios y estructuras.

Se genera la polémica sobre el papel de la religión en educación y la introducción de la Educación para la Ciudadanía.

2012

Tras el desastre de la crisis (negada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero), el desempleo de los menores de 25 años se sitúa en el 55,13% (según la encuesta de población activa). Con el Real Decreto 14/2012, se estableció un recorte del gasto en educación cercano al 25%, bajando el gasto público en educación al 4,81% del PIB ―último año del que se publican datos, por cierto―.

En octubre, el “desustanciao” José Ignacio Wert, a la sazón Ministro de Educación, presenta el enésimo anteproyecto de Ley Educativa ―la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)―, segundo intento desastroso del PP, que únicamente ha conseguido un desorbitado aumento del precio de la enseñanza, tanto pública (lo que es de juzgado de guardia pues ya se paga vía impuestos), como privada.

2013

El 9 de mayo se convoca la primera huelga en todos los niveles educativos contra la LOMCE, nefanda e injusta Ley del muy deficiente Ministro Wert, que poco después huye de España a un pedazo de palacete público, en París con el nombramiento de embajador ante la OCDE con su mujer, Montserrat Gomedio, como directora adjunta de Educación en París de la misma OCDE.

2020

Como en el eterno retorno …, la actual “descerebrada” Ley Celaá.

La educación en la instauración del régimen de la Segunda Restauración del 78.

La tarea constituyente deseaba secundar, salvando las diferencias temporales ―un siglo―, los pasos del nefasto y corrupto modelo oligárquico canovista de la primera Restauración (1876) que, como consecuencia, dió con sus huesos en la IIª República.

Desde el primer momento se tenía claro que, los zócalos, del nuevo régimen vendrían a ser propuestos por la medrosa y vergonzante UCD, desde el gobierno, para que el desarrollo de su remate fuera llevado a cabo por un PSOE, tutelado organizativamente y patrocinado económicamente desde Alemania [RFA], “bajo cuerda”. El PSOE, en 1974, apenas contaba con 2.000 afiliados, más o menos los mismos que cualquiera de los otros “grandes partidos” de la extrema izquierda. (Realmente, la única excepción era el PCE, que podía contar, como mucho, con casi un par de decenas de miles de militantes.

 A propuesta socialista (PSOE y PSP), se creó la Comisión Constitucional que se instituyó el 1 de agosto de 1977 (aunque pronto cambiaría su denominación, en octubre, por la de Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), con Emilio Attard como presidente y 7 ponentes:

(UCD)                                    Gabriel Cisneros Laborda †

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo †

(PSOE)                                   Gregorio Peces-Barba Martínez †

(PCE)                                     Jorge Solé Turá †

(AP)                                       Manuel Fraga Iribarne †

(Minoría Catalana)             Miguel Roca Junyent.

en que se acordó:

1º el carácter de “confidencial” … (secretitos, secretitos, que el pueblo no se entere)

2º a iniciativa del ponente socialista, algo insólito, que el presidente no estuviese presente en las reuniones y sesiones, sino, únicamente, en las sesiones inicial y final de los trabajos de la Ponencia.

3º estampar, por escrito, en minutas ―notas que sirvieran de documento―, los acuerdos que se fueran alcanzando en las diferentes sesiones de trabajo.

4º la redacción de un texto único y no la redacción de un conjunto de leyes de cuestiones básicas.

5º se acordó, también, el calendario y el plan de trabajo de las reuniones: martes y jueves en jornada de mañana y, si fuese necesario, los viernes de mañana en el Congreso.

En la sesión del 22 de agosto, el ponente socialista llevó ya, de la mano, un texto de anteproyecto, que sirviera de arranque, redactado por el partido, que enfatizaba en la atribución al Estado de la provisión y organización del “servicio educativo” que exigiera orientar todo el modelo educativo hacia parámetros de una escuela única y laica.

El malvado Peces Barba dio la nota histérica en varios momentos y se cogió una rabieta que le llevó a no firmar la ponencia definitiva. Claro que años más tarde, desde el poder de la Presidencia del Congreso ―de 1982 a 1986―, se resarció bien.

Hasta tal extremo llegó el tema que, para desbloquearlo, Abril Martorell y Alfonso Guerra ―auténticos padres putativos del ignominioso texto constitucional―, se encerraron para solventar los principales escoyos, especialmente el de la educación, teniendo claro que de ésta cuestión dependía y se jugaba todo el futuro artificio del régimen.

Ahí es dónde, por primera vez, Guerra comprobó la tibieza de los “representantes de la Iglesia española” (los obispos de la CEE), y aprendió que la pusilánime oposición de sus débiles protestas no le causarían nunca ningún problema real, ni entonces, ni después. Como años después relataría, ante la aprobación de la ley de aborto, llevaba las conversaciones del gobierno con los “representantes de la Iglesia española”. Cuando les interpeló si su oposición sería como la que ofrecieron al proyecto de ley de divorcio y estos asintieron afirmativamente, confirmó que esa oposición era “únicamente formal y meramente testimonial”, por lo que tuvo muy claro que no le ocasionaría ningún problema.

De las 3.100 enmiendas presentadas al anteproyecto elaborado por la Ponencia, setenta, estuvieron destinadas al articulado sobre enseñanza y educación (art. 28 en el anteproyecto y art. 27 en el texto definitivo). De los 159 artículos del anteproyecto, lo cierto es que el artículo que versaba sobre enseñanza y educación, fue el ámbito de mayor confrontación ideológica y sobre el que mayor número de enmiendas recayó.

El marxismo militante ―ya el radical, ya el social-demócrata― lo tiene meridianamente claro y ha sido, y es, plenamente consciente de que el control de la educación le es esencial y fundamental para la acción revolucionaria, para deformar y corromper las conciencias desde la infancia. Y si eso además se realiza con el «dinero público, que como de todo el mundo es sabido, no es de nadie» (Carmen Calvo) … pues mejor.

La memoria es corta, muy corta, aunque no se entiende cómo, porque la presencia es constante. Si se va a las hemerotecas, desde 1976 ¡hasta hoy día! se encuentra uno, de forma recurrente, los mismos temas, las mismas cuestiones, los mismos problemas sin resolver. Una y otra vez …

¡¡¡ EXACTAMENTE LOS MISMOS !!!

El paro, la corrupción, los abusos de la administración, el desmantelamiento industrial, la despoblación rural, la educación, …, los políticos …

Y los políticos … los locales, provinciales, autonómicos estatales … liberales, de derecha, de izquierda,

¿para qué están?

¡¡¡ EXACTAMENTE PARA LO MISMO !!!

Para llenarse los bolsillos de su dinero de Vd. Pareciera que si resolvieran problemas … se quedarían sin trabajo. Así que los mantienen y hasta los provocan, durante décadas y décadas.

Sres. Obispos sigan con sus inútiles documentitos de protesta, pero poquito; con ese lenguaje tibio y pusilánime; con las convocatorias de manifestaciones y concentraciones testimoniales “para nada” (de las que “por un oído entran y por el otro salen”), que eso hace buenas piernas y mejores glúteos.

Recuerden que “obras son amores y no buenas razones”.

¿No parece que ya está bien de documentos testimoniales, de protestas formales con la “boca chica”, de muchas concentraciones, palmariamente demostrado, que todo ello es inútil?

La educación católica, el adulterio y el divorcio, el aborto, la degeneración moral social,  …, ahora la eutanasia. Hagan juego … “rien ne va plus”, que la banca nunca pierde.

¿Qué más puede ser malogrado? Además de la indignidad de no reaccionar. Su pavor a tomar decisiones que impliquen acciones valientes y gallardas, es patológico. Su terror escénico es indescriptible. Es más, ni las toman ni dejan que otros lo hagan, con sus, a veces, sorprendentes “desautorizaciones”, de las que hemos sido víctimas en más ocasiones de las que quisiéramos recordar.

¿No es tiempo ya de tomar la iniciativa? ¿De tomar medidas? ¿De pasar a la acción con valentía, de defender la Verdad, aún a costa de vida y hacienda?

¿De abandonar esa posición mundana políticamente correcta, para no molestar, y convertirse en “Bienaventurados perseguidos por causa de la justica” humana?

¿No es tiempo ya de “ser la sal de la tierra” por la FÉ?