La amnistía fiscal de Montoro ha sido declarada ilegal

La amnistía fiscal, medida estrella de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en los cuatro primeros años de Gobierno Popular (2012-1016), ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC). Aunque esta medida no afectará a los morosos con Hacienda que ya hayan regularizado su situación, sí que se cierra el grifo para futuras regularizaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista fue la organización que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la regularización fiscal de las rentas ocultas que no contribuían a la Hacienda Pública. La razón principal de esta sentencia negativa es que la Constitución no permite que las leyes tramitadas por vía rápida (reales decretos por ejemplo), anulen la obligación de todos los españoles de “concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Una medida de estas características “supone la abdicación del Estado” y, por otra parte, renunciar al “objetivo de justicia al que se debe tender por medio del sistema tributario”. Según la sentencia del TC, la amnistía fiscal “legitima como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, inclumplieron su deber de tributar con su capacidad económica, colocándoles finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Lo que, en resumen, esta sentencia critica duramente y declara inconstitucional es la posibilidad de “blanquear” el dinero negro con una única tributación de 10%, sin ningún tipo de sanción adicional. Por otra parte, que el Gobierno tramitara esta normativa sin contar con el Congreso de los Diputados es también un tema controvertido, a pesar de contar con una mayoría absoluta cualificada en las Cortes la pasada legislatura. En virtud del artículo 86.1 de la Constitución de 1978, no se puede usar el formato de decreto-ley cuando su contenido afecte de manera relevante al Título I de la ley fundamental. Y “el deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” pertenece a ese primer título constitucional.

El TC expone, en definitiva, que no le corresponde al Gobierno ni al Ministerio de Hacienda condonar parcialmente las obligaciones fiscales principales de los contribuyentes ni dar una amnistía a aquellos que han incumplido sus deberes ciudadanos fundamentales.

El fondo de esta sentencia es importante porque le dice al Gobierno, con la unanimidad de los jueces integrantes en el TC, que ni siquiera la urgente necesidad de solucionar el déficit, nos permite destruir los pilares de las obligaciones vecinales que todos tenemos con respecto a las arcas públicas. En definitiva nos dice que no se pueden llevar a cabo medidas que destruyan los deberes naturales tales como contribuir al sostenimiento de la sociedad. Que la hacienda se encuentre en peligro no es una excusa. La racionalización del gasto público, la disminución de la cantidad de estructura administrativa… son medidas aplicables y más acordes con la moralidad y la legalidad. Lo que no podemos es beneficiar con medidas suculentas a aquellos que no han pagado sus impuestos mientras que ponemos parches en los presupuestos generales del estado. Una cosa es eximir de sanciones penales o económicas a los defraudadores y otra cosa muy distintas es dotarles de un suculento tipo mínimo con el que tributar sus ganancias atesoradas con egoísmo.