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El diputado de Nuevas Canarias pone el precio de 450 millones para aprobar los presupuestos

La ley más importante para España es la de los Presupuestos Generales del Estado. Desde hace siglos, los Parlamentos han puesto freno económico al Gobierno, al Rey o a la autoridad en cuestión. Hoy sigue la tradición parlamentaria fundamental pero con alguna diferencia. Ahora no hay freno económico, no se impide al Gobierno que tenga más deuda que la estrictamente necesaria. A día de hoy, los partidos son los que dirigen la vida parlamentaria y, por tanto, exigen dinero para aquellos a los que representan. Todo con el peligro que supone hacer depender las cuentas de un país por los intereses electorales.

El último dato que han recogido medios como Europa Press o Libertad Digital, es que el diputado de Nuevas Canarias, Pedro Quevedo, ha utilizado su voto imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, para conseguir 330 millones de euros para las Islas Canarias. Lo ha hecho por medio de 49 enmiendas parciales al proyecto del Gobierno. Además de esos 330 millones, ha propuesto un incremento de unos 100 millones de euros las partidas relacionadas con la dependencia y otros 20 millones para el combate de la violencia de género.

El diputado canario reclama 42 millones de euros para financiar las políticas de Empleo de su comunidad autónoma. En su propuesta, ha incrementado en 30 millones el presupuesto para infraestructuras adicionales para infraestructuras educativas en el archipiélago. Propone también un incremento de 51 millones para carreteras, 40 millones para las subvenciones al tráfico aéreo regular con las islas Canarias, y otros 9 millones para la lucha contra la pobreza.

No es que no sea legítimo exigir una subida presupuestaria para Canarias. Es uno de sus representantes en las Cortes. Pero sí que es peligroso que el sistema electoral en España conceda a un partido regional –no a una región– el poder de aprobar o no aprobar una de las leyes decisivas para la marcha del país. Un órgano de control al Rey o al Gobierno se puede transformar en una cámara para satisfacer las pugnas internas entre las élites partidistas y territoriales.

El destino de esos fondos puede ser todo lo loable que se quiera. El problema no es donde se destina el dinero, sino como se destina. Hay un peligro en las actuaciones de los partidos regionales: que se conviertan en lobbies que no miran por el interés de España entera, sino por el de su grupúsculo de votantes.

 

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