España: un paraíso para la partitocracia

ANÁLISIS – 2013 es el último año en el que los datos de la financiación de los partidos políticos estuvieron revisados adecuadamente por el Tribunal de Cuentas. Todavía no habían entrado en el escenario político los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular y el Partido Socialista eran los mayoritarios en el Congreso de los Diputados. Siendo legalmente las organizaciones representativas de la mayoría de los ciudadanos, sorprende que el Tribunal de Cuentas haya descrito, en su último informe, varios datos muy interesantes:

• Los partidos políticos reciben hasta un 80% de su financiación de subvenciones públicas. Solo el 15% proviene de sus afiliados y simpatizantes.
• El 62% de la financiación pública de los partidos provino de unas subvenciones escasamente reguladas y fiscalizadas.
• 135 millones de euros provienen de los parlamentos estatales y autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.

Algunos de los datos que utilizamos son antiguos. Desde 2013 no se ha vuelto a repetir un informe del Tribunal de Cuentas que aclare más profundamente el oscuro sistema de financiación de la partitocracia.

83 millones de euros parlamentarios en 2016 para los partidos

Las Cortes Generales de España y las 17 asambleas legislativas autonómicas son las instituciones públicas que más financian a los partidos políticos. En 2016 se gastaron 82,1 millones de euros para este objetivo. El 11 y el 13% de la dotación presupuestaria de las Cortes se dedicó a subvencionar a los grupos parlamentarios. En teoría el fin del Congreso, del Senado y de los parlamentos regionales no es financiar a los partidos sino representar las necesidades de los ciudadanos en un debate que pueda servir para crear nuevas leyes o “vigilar” las directrices de los gobiernos estatal o autonómicos. Sorprende que el poder legislativo sea el que más financia a los partidos, ya que estos mismos están presentes en el Gobierno, en las administraciones como funcionarios o colocados en cargos de libre designación (puestos de confianza y cargos políticos). El dinero que se concede desde las Cortes y las asambleas es un dinero que las formaciones políticas se han concedido a sí mismas. El dato preocupante a nivel nacional (11 y 13% de la dotación presupuestaria de las Cortes) es superado por las cámaras autonómicas: casi el 20% de sus presupuestos va destinado a sostener a los partidos políticos.

Los partidos se justifican explicando que esas cantidades van destinadas a apoyar su trabajo en los parlamentos. No obstante, al no existir una ley que regule cómo se deben gastar las subvenciones ni cómo fiscalizarlas, todo queda fuera del control del Tribunal de Cuentas. A los grupos parlamentarios y partidos políticos no les afecta la Ley General de Subvenciones. ¡La regulación cae en manos del mismo organismo que concede la subvención! ¿Quién dirige la concesión de subvenciones a partidos políticos? Los mismos partidos políticos con representación. Son ellos mismos los que mantienen su propio ecosistema financiero para sobrevivir. A todo esto se añade que partidos como el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos han trasladado las ayudas parlamentarias al aparato partidista sin cometer ninguna ilegalidad. El PP es el único que les permite a sus diputados disponer de una pequeña parte de la subvención. En 2001, ya reconoció el mismo Tribunal de Cuentas que estas prácticas eran “frecuentes” y que recomendaba que “cada subvención se aplique estrictamente a la finalidad para la que ha sido concedida”.

El record español en toda la Unión Europea

España es el país de Europa que más financiación pública otorga a los partidos políticos: al menos un 80% del dinero del que disponen las formaciones proviene del dinero de los contribuyentes. Siendo la financiación pública de los partidos europeos bastante alta, ningún país supera el 80% español. La media europea es un 67%, cantidad ya denunciable y que contribuye a construir una partitocracia fuerte. Pero un 80% da pie para decir que los partidos políticos son prácticamente propiedad del estado y de la casta política que pervive en él.

La mayoría de los partidos políticos defiende que el mejor sistema es el de subvenciones públicas pues los donativos privados llevarían a una dictadura de los poderes económicos. BNG, PSOE, PP… han considerado incluso la posibilidad de eliminar los donativos privados de la financiación de los partidos. La cantidad de donativos es ínfima: 3 millones de euros frente a 81 millones no son nada. Sobre todo teniendo en cuenta que junto a las cuotas de afiliación, los donativos provienen del entorno de la formación. El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, dice que “la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia”. Lo que no explica el Sr. Pendás es cómo entra en esa bonita teoría democrática que los partidos políticos no rindan cuentas de sus ingresos siendo organizaciones de interés público y con muchísimo poder. Recordemos que hasta el Comité de Ministros del Consejo de Europa, formado por países “dopados” de financiación pública, recomendó en el año 2003 que la financiación pública de los partidos políticos se mantuviese siempre en niveles razonables.

Aceptar este modelo de financiación pública como medio de supervivencia para los partidos es convertirlos de hecho en una mera prolongación del estado, pura partitocracia, al margen de la sociedad y de los cuerpos intermedios.