30 de enero de 2017 0 / /

Aguafuerte de la reforma constitucional

Desde 1978 vamos funcionando a nuestro modo con las reglas del juego que marca la Constitución aún vigente, emanada de unas Cortes sin mandato constituyente explícito, a medida y conveniencia de los intereses políticos de entonces y de sus padrinazgos exteriores.

Aun sin participar obviamente del consenso constitucional, hay que reconocer al texto que hizo de la Monarquía autoritaria del 22 de julio la Monarquía democrática del 6 de Diciembre la virtud de durar casi cuatro décadas y homologar las estructuras políticas españolas a los moldes del Occidente liberal.

Reformada de tapadillo en unas cuantas ocasiones, a instancias internacionales (UE, OTAN) la Constitución ha dado de sí más de lo previsible, merced a su estudiada ambigüedad que le permitía saltarse holgadamente el principio de no contradicción y pasar del sí al no en temas capitales sin rubores ni vergüenzas.

El Tribunal Constitucional ha ensanchado puntualmente los cauces para que las interpretaciones de sus preceptos sean lo bastante laxas para permitir los “avances” impuestos por los “vientos de la historia”.

Las fuerzas políticas se han repartido los papeles de cambiar y conservar, a gusto de sus respectivas clientelas.

Resueltos sobre la marcha los problemas del hoy, los valedores del progreso han vuelto su atención a los temas pendientes del ayer. Y se han encontrado con la evidencia histórica de una guerra civil perdida y un corolario de 40 años de prevalencia de los vencedores.

Había que arreglar eso de algún modo. Y ya que, de momento, lo pasado,  pasado está y no hay quien lo enmiende, salvo en la ficción cinematográfica, era necesario reparar en la memoria de las nuevas generaciones esos errores pretéritos aparentemente definitivos.

Por ello la Monarquía democrática que nació con ánimo integrador y superador se fue decantando hasta hacerse continuación del espíritu y misión de la II República fenecida en 1939. Esa es la tónica de la legislación de Memoria Histórica del Estado y de las Taifas autonómicas.

Así,  la legitimidad del 18 de julio de 1936 que el Sucesor a Título de Rey encarnaba en 1975 fue transmutada en la legitimidad del 14 de abril de 1931. La guerra civil se dio por no concluida y el ejército rojo ‘cautivo y desarmado’ el 1º de abril de 1939, quedó por arte de magia, intacto, con sus pertrechos íntegros y tocando poder y presupuestos en la Monarquía laica de 2016.

Retorciendo los argumentos, ahora se trata de hacer irrespirable la legalidad para los que, de algún modo, se sientan solidarios con los resultados históricos reales de la contienda civil. El ejército rojo en el poder – en el sueño de las minorías que protagonizan el ‘sorpasso’ – va a terminar lo que quedó inconcluso en el proceso revolucionario abortado en 1939.

Consiguieron que la misma Monarquía y los conservadores que la apoyan condenaran explícitamente la sublevación del 36 y el régimen a que dio lugar. La Iglesia hace tiempo que pidió perdón y ella misma parece no tener nada que perdonar.

Hay que hacer pagar al fascismo su victoria y borrar sus huellas de la Historia. Ellos son ahora oficialmente los malos de la película.

Por eso sus mismos muertos no merecen descanso ni honores. Y los vivos que los recuerdan y veneran hay que expulsarlos del ámbito legal. Y eso de momento, en eventual espera de soluciones más efectivas.

El lugar de los muertos fascistas será para los muertos rojos y las víctimas de la Dictadura. Y el espacio vital de la legalidad reservado exclusivamente para los continuadores de la labor revolucionaria de la República de Trabajadores, como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Y la misma suerte de los muertos fascistas,  han de correr las víctimas de ETA y de otros movimientos de progreso, catalogados de terroristas. Sus familias y sus amigos, a un discreto silencio, si no quieren que se les acalle de otra manera. Recordemos que no ha habido ni autodisolución ni entrega de las armas más que simbólicamente. Estamos disfrutando de un generoso alto el fuego unilateral.

Para la extrema izquierda ahora populista, la reforma constitucional ha de diseñarse partiendo congruentemente de las implicaciones de este nexo de continuidad y progreso entre la República vencida y la Monarquía vigente.

Hay que revisar los moldes de la corrección política para que los enemigos de la libertad no se aprovechen de las garantías de la democracia. Tolerancia 0 a las apologías del fascismo,  condenado al olvido y al ostracismo. Ilegalización fulminante a quienes no se sumen al consenso democrático antifascista. Todo ello en nombre de la justicia debida a las víctimas de la guerra civil del bando vencido y a los que sufrieron los rigores de la represión franquista.

Como el alzamiento cívico-militar del 36 no sólo fue ilegal, sino ilegítimo, – según esta argumentación – toda la violencia suscitada contra sus partidarios aun antes de producirse está justificada. Y todos los estragos producidos por los sublevados indebidos e injustos. No hay pues mártires de la fe – como pretende la Iglesia Católica, descarada cómplice de los golpistas y genocidas – sino elementos hostiles a la República neutralizados por el pueblo justamente enfurecido. Y en las inmensas listas de represaliados con penas de muerte, prisión y exilio debidas a los avatares de la guerra y a la saña del régimen que la sucedió, no hay una sola sentencia justa. Por eso fueron consideradas sin efectos jurídicos.

Dado que los implicados en la resistencia a la política de progreso de la II República y los sostenedores del franquismo en conjunto pueden identificarse con el fascismo y éste, derrotado en 1945, constituye el mal absoluto sin mezcla de bien – podría proseguir el guion ultraizquierdista – la reforma de la Constitución habría de alcanzar a desmontar las estratagemas del franquismo para prolongarse tras la muerte del Dictador: la designación del sucesor y la ley de amnistía de 1977, que sólo habría de ser eficaz para los delitos de los oprimidos y jamás para que se salieran de rositas los opresores.

En esta dinámica se entiende la evolución ideológica y táctica de líderes y movimientos imprescindibles para la sublevación y prescindidos para la construcción del Caudillaje. Son los signos de los tiempos que imponen cambiar el paso, la trinchera y los compañeros de viaje. De eso saben mucho algunos que aún tienen el cuajo de seguir llamándose carlistas.

Por ello Izquierda Unida y sus parientes políticos reivindican explícitamente volver a la forma de estado de los cautivos y desarmados y acondicionar el puerto de Cartagena para la despedida definitiva de los Borbones, como en 1931.

El acoso de Bildu-EH al Monumento a los Caídos de Pamplona y la manía persecutoria de Baltasar Garzón contra el Valle de los Caídos se entienden como corolarios de esta historia que podría parecerse a una pesadilla si no tuviera tanta semejanza con planes abiertamente declarados.

Si Goya viviera les dedicaría alguno de sus geniales y monstruosos aguafuertes.

 

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