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Los separatistas catalanes utilizan medios y dinero públicos para la secesión

Por mucho que Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, se fíe de los documentos acreditados de la Generalidad de Cataluña en los que se asegura que ningún fondo público se está utilizando para el referéndum de 1-O; los separatistas siguen utilizando los impuestos de todos para sus propósitos secesionistas.

El Gobierno está auditando las cuentas de Cataluña para evitar que se gaste dinero en la consulta ilegal. Están satisfechos a pesar de que Antoni Postius, diputado del Congreso en la Comisión de Hacienda, ha declarado que no se ha gastado todavía ni un euro porque no hay marco legal para la consulta –la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica–.

La preocupación ya no debería ser solo el referéndum, sino la instrumentalización de las administraciones públicas españolas para un propósito ilegal y anti-patriótico. Un ejemplo es como el Ayuntamiento de Llansa (Gerona) ha distribuido desde la Oficina de Turismo tickets par el desplazamiento a Barcelona a la díada del 11 de septiembre. O como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) integra numerosos Ayuntamientos que proclaman que “Cataluña es un pueblo oprimido”.

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