El Parlamento de Cataluña declara nulas las “sentencias franquistas” en la región

El Parlamento de Cataluña ha conseguido aprobar por unanimidad una manipulación histórica sin precedentes. 129 votos a favor con ninguna abstención y ningún voto en contra para declarar nulos los tribunales militares que dictaron sentencias en Cataluña desde 1938 hasta 1978. Un acto temerario, ya que una cámara constituida 80 años después ha declarado tener el juicio político e histórico necesario para desacreditar 39 años de historia jurídica.

Ni siquiera el Partido Popular se ha opuesto a lo que se convierte en un nuevo aldabonazo (y pionero además) de la (des)Memoria Histórica. La ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE declaró ilegítimos los tribunales del Franquismo pero nunca anuló las sentencias dictadas por ellos. Anularlas es considerar que nunca fueron válidas y nunca estuvieron realmente vigentes por ser por esencia antijurídicas. El Estado ahora tendrá que compensar a familiares o a supervivientes por estas sentencias que supuestamente iban directamente contra el derecho.

“Se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.

“Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”

Por su parte, el diputado popular Fernando Sánchez Costa ha declarado con firmeza lo siguiente:

“Han pasado 80 años del golpe de Estado que condenamos. Condenamos el levantamiento militar. Rechazamos el golpe de Estado del general Franco, como rechazamos cualquier forma de dictadura”

La manipulación histórica más sutil y más perversa

El problema no es reconocer que en un sistema dictatorial y militar han podido existir numerosas injusticias. Un tribunal como el Supremo podría investigar (con mucha dificultad) los juicios celebrados o las sentencias dictadas hace 80 años para determinar si se establecieron en contra de los principios fundamentales del buen derecho. Y sería lógico que algunos de ellos, en situación de guerra por ejemplo, fueran anulados por razones obvias. El verdadero problema de esta medida es que a golpe de ley, un Parlamento no debería desautorizar una parte de nuestra historia en bloque. 40 años no pueden ser borrados por la voluntad política de un momento histórico puntual. Un tribunal podría juzgar caso por caso, pero un Parlamento debería atenerse a los problemas del presente y no tomar sentencias judiciales que se refieren a la historia de un pueblo, con sus pobrezas y sus glorias.