Pamplona: el Monumento a los Muertos, atacado por el guerracivilismo de la izquierda

ANÁLISIS – En los meses anteriores el Ayuntamiento de Pamplona ha orquestado una campaña de acoso y derribo contra el Monumento a los Muertos de Pamplona. En primer lugar dio cobijo a una exposición en la que se ofendía lo más sagrado para los católicos: el Cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Abel Azcona, “artista” que se dedica a la denuncia de cosas horribles como el abuso sexual, creyó necesario ofender a los católicos utilizando 242 formas consagradas con la bendición del Consistorio gobernado por EH Bildu. En segundo lugar ha organizado una trampa política para exhumar los cadáveres de los muertos del Alzamiento Nacional que se encontraban enterrados en dicho Monumento. De hecho, el cuerpo del General Mola ya ha abandonado la cripta del antiguo templo.

La ofensa a los católicos y la desprotección de la justicia

Los católicos están siendo ofendidos por sus creencias aún a costa de sus derechos más importantes, como el de un enterramiento digno y conforme a sus convicciones religiosas.

Recordemos un capítulo anterior. Abel Azcona, un “artista” que según fuentes de Ahora Información ha sufrido graves vejaciones contra su integridad física y psicológica, denuncia en el Monumento a los Muertos realidades sociales que son horribles como la pederastia y los abusos sexuales a menores, por ejemplo. De hecho apunta directamente a sectores de la Iglesia Católica directamente. Pero su denuncia se hace extensiva al “Franquismo militante y al Opus Dei” y utiliza hostias consagradas que dice haber robado de múltiples misas para hacer escarnio de ellas. Un hecho lamentable aunque expertos consultados por este medio nos indican que el señor Azcona podría estar condicionado por secuelas psicológicas. Lo que resulta totalmente imperdonable es que el Ayuntamiento de Pamplona de cobijo a esta exposición totalmente ofensiva por ser un sacrilegio contra lo más sagrado. A esto se añade que se hace en el Monumento a los Caídos, un lugar que se considera importante históricamente para muchos católicos de Navarra y que conlleva un tono de revanchismo político y religioso. Se mezcla para obtener un espectáculo que perjudica fundamentalmente a todos los católicos sin excepción.

Ahora podemos sumar a todos estos despropósitos que el Juez Otamendi, instructor del caso contra Abel Azcona por delitos de odio contra las sensibilidades religiosas, ha considerado el pasado viernes 11 que se debe archivar dicha causa pese a aplicar un uso profano a “objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones” (nótese la fina ironía del juez), porque la conducta tuvo lugar fuera de la Iglesia y la ley protege las ofensas directas a las personas y no las indirectas a sus creencias. Eso contradice lo que el artículo 525 del Código Penal refleja, haciendo extensivo dicho delito “al escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias”. El juez Otamendi no ha entendido la carga subjetiva que tiene esta ofensa para los católicos y tampoco entiende que el delito de ofensa a las sensibilidades religiosas ampara el derecho de los católicos a expresar libremente su fe y eso se hace extensivo no sólo a la seguridad física de la persona, sino también a su integridad moral. Una desprotección de este calibre hace vulnerables a los católicos ante “artistas” cómo Abel Azcona, fundamentalmente. Los deja desprotegidos ante las administraciones públicas que,  por lo que parece, prefieren atacar a los católicos antes que solucionar los problemas políticos que son de su incumbencia.

El revanchismo político pasa por encima de los muertos y sus familias

Y podemos continuar lo que está siendo una táctica de acoso y derribo del cuatripartito navarro (Bildu, Podemos, PNV e IU). El pasado 31 de agosto, el Consistorio, presidido por Joseba Asirón (EH Bilbu) activó el proceso para la exhumación que anunciaron para hoy, 16 de noviembre, de todos los restos mortales que quedan. Los más destacados son los de José Sanjurjo, protagonista máximo del Alzamiento Nacional, hijo adoptivo de Pamplona, y cuya familia ha manifestado en reiteradas ocasiones y c0n firmeza su oposición a la exhumación.  Joseba Asiron se atreve a declarar que “no hay aquí ningún atisbo de revanchismo, ni de favorecer a unos o a otros, sino más bien de cumplir la legalidad vigente y de hacer justicia con una parte de nuestra historia”. En la cripta están enterradas otras seis personas, todas ellas del denominado Bando Nacional, caídas en el frente durante los más de tres años que duró la guerra.

En estos momentos no sabemos en qué va a terminar esta batalla por los restos de los voluntarios a quienes no se quiere dejar descansar en paz. Al menos hay dos familias que han pedido la suspensión cautelar pero los juzgados han rechazado hace unas horas esta posibilidad. La hija del general José Sanjurjo, concretamente, alegaba el derecho al honor y propia imagen de la familia Sanjurjo, así como a la libertad religiosa, tanto de la persona enterrada como de sus allegados. De ejecutarse la exhumación, alegaba, «se llevaría a cabo un acto administrativo que fundamenta la entrada en un lugar sagrado cuya titularidad es privada». Además, la recurrente cuestionaba el «beneficio de la comunidad» derivado de la exhumación, «puesto que el enterramiento lleva allí más de cuarenta años». En el auto, el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pamplona reconoce que la Administración ha tenido «sobrado tiempo» para llevar a cabo la exhumación, de tal manera que no se puede apreciar en este momento «un interés público relevante». Sin embargo, matiza que la clave para adoptar una medida de suspensión como la pretendida por la recurrente es la existencia de «daños y perjuicios de difícil o imposible reparación». No obstante, ¿cuándo ha habido vuelta atrás en España ante tales actos de imposición ideológica?.

La única buena noticia en este plano judicial es que el Tribunal Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona ha acordado una suspensión parcial de este proceso porque la cremación “haría imposible, en su caso, una posterior reposición de la situación en caso de sentencia de fondo favorable a la recurrente“, hija de José Sanjurjo. En la resolución de Alcaldía del 8 de noviembre, se señalaba que el Ayuntamiento de Pamplona procederá a la cremación de los restos exhumados en la cripta que no sean reclamados, como se hace normalmente en el cementerio municipal de San José una vez que caduca el plazo para el uso de nichos o las concesiones de panteones. De momento, hay alguna esperanza en un proceso que parece viciado aunque, de nuevo, la Justicia no ha protegido a los católicos ni a los ciudadanos en general, con la excusa de un proceso democrático. La suspensión parcial es un “hilo” de esperanza para las familias.

Los políticos se organizan para orquestar la manipulación histórica

Por otra parte los representantes de los ayuntamientos de Pamplona, Zaragoza, Vitoria, La Coruña, Barcelona, Cádiz y Rivas firmaron el pasado 27 de octubre un manifiesto en el que exigen “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del Alzamiento Nacional. El manifiesto fue suscrito en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona y muestra la voluntad de sus alcaldes de “continuar hasta el final la vía emprendida con nuestras querellas” y su intención de “tejer entre nuestros ayuntamientos lazos de colaboración y solidaridad municipalista”. Lo sorprendente, cómo siempre, es que los responsables políticos de dichas ciudades se ocupen de asuntos que no han vivido, de épocas pasadas de las que algunos estarán orgullosos y otros avergonzados.

Pamplona está siendo un epicentro del ataque a la historia y, sobre todo, a los católicos, a quienes se identifica -sin hacer distinciones- con el Alzamiento Nacional, con los crímenes del Franquismo y con toda clase de tópicos que son juzgados desde un prisma totalmente ofensivo, revanchista y guerracivilista.