Un diputado socialista por Murcia fundó un bufete que tramita ejecuciones hipotecarias para ‘fondos buitre’.

Joaquín Martínez Salmerón, parlamentario del PSOE por Murcia, queda en el centro del debate sobre la vivienda por la actividad profesional del despacho que fundó y por su vinculación con una sociedad inmobiliaria.

La política de vivienda del PSOE vuelve a situarse en el centro de la controversia tras las informaciones publicadas sobre Joaquín Martínez Salmerón, diputado socialista por la Región de Murcia en el Congreso. Según informaciones periodísticas difundidas esta semana, el despacho de abogados que fundó ha intervenido en procedimientos de ejecución hipotecaria relacionados con fondos de inversión, algunos vinculados al grupo estadounidense Apollo.

Un despacho especializado en reclamaciones hipotecarias.

Martínez Salmerón fundó en 2005 el bufete Martínez & Salmerón Abogados, dedicado, entre otras actividades, a la reclamación de deudas y a los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Según las informaciones publicadas por distintos medios, el despacho ha participado en al menos 14 procedimientos de ejecución hipotecaria en la Región de Murcia relacionados con fondos de inversión.

Estos procedimientos permiten a los acreedores reclamar judicialmente las cantidades pendientes de préstamos impagados y pueden desembocar, cuando concurren los requisitos legales, en la subasta de los inmuebles afectados.
Entre las sociedades mencionadas en las informaciones figura AP Malbec Bidco, vinculada al grupo de inversión Apollo, que habría adquirido créditos hipotecarios originados por entidades financieras.

Una sociedad inmobiliaria bajo el foco.

Las informaciones publicadas también apuntan a la sociedad Jomasa Geluk, vinculada a Martínez Salmerón, que cuenta con un capital social de aproximadamente 931.260 euros.

Según las noticias difundidas, el diputado figura como administrador único de esta sociedad, cuya actividad estaría relacionada con la gestión de inmuebles.Los medios también han señalado que la sociedad no aparecía en su declaración patrimonial publicada por el Congreso. Martínez Salmerón ha explicado que entendía que la operación societaria no suponía una alteración patrimonial porque los bienes seguían siendo los mismos, y ha indicado que tenía previsto actualizar la información.

La existencia de una omisión declarativa no permite concluir automáticamente que se haya cometido una infracción: es necesario determinar qué información debía declararse y en qué momento.