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Solo dos años de inhabilitación para Artur Mas

Artur Mas es el primero que ha sido condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en el “proceso independentista” que empezó el 9N de 2014. 3 largos años después, ha sido juzgada en parte la participación de altos cargos autonómicos en el referéndum ilegal. Este intento continuado de dar un golpe de estado tiene todavía la intención de exhibir músculo y subvertir la legalidad española vigente: en definitiva el objetivo es romper la unidad de España. En noviembre de 2014, Artur Más era el máximo responsable de la Generalidad Catalana y tenía que obedecer la providencia del TC que suspendía el plebiscito independentista del 9N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido que el ex-Presidente autonómico cometió un delito de desobediencia. La pena impuesta ha sido 2 años de inhabilitación para ejercer o ser elegido para un cargo público y una multa de 36500 euros. La exvicepresidenta del Gobierno Catalán, Joana Ortega, también ha sido condenada junto a la ex-consejera Irene Rigau a más de 1 año de inhabilitación y a multas de 30000 y 24000 euros. Según la sentencia, el ex-Presidente “pervirtió los principios democráticos”, aunque sin embargo esos mismos principios democráticos le han absuelto del delito de prevaricación.

«(Artur Mas) no solo no dicto ningún tipo de resolución ni efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que, conjuntamente con las acusadas Ortega y Rigau, cada una de ellas dentro de su ámbito de responsabilidad institucional, conscientes de que con ello se contravenía lo dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional, observaron las siguientes conductas que permitieron la efectiva realización de las votaciones, llegado el día previsto, en todo el territorio de Cataluña».

Desde el Gobierno Autonómico de Cataluña se puso en marcha la página web participa2014.cat; se repartió correspondencia oficial, se elaboró e instaló material tecnológico para llevar a cabo la consulta; se suministró urnas, papeletas, sobres y se contrató un seguro de responsabilidad civil para los voluntarios que llevaron a cabo la consulta. A estos voluntarios se les ha querido desde el independentismo acusar de llevar a cabo la consulta y, sin embargo, no se explica porque se cedió las escuelas públicas para las votaciones. En definitiva, la Generalidad con Artur Mas encabezó disimuladamente un referéndum ilegal que pretendía dañar la unidad de nuestro país.

La Justicia ha hecho su trabajo tarde y mal. Dos años de inhabilitación para Mas por “desborde competencial”, pero no se les ha condenado de prevaricación porque la ley catalana de consultas populares no refrendarias les amparaba antes de ser anulada por los tribunales. Desde la justicia no se ha tenido en cuenta que lo que se ataca es lo más importante de nuestra comunidad: la unidad de la misma. No se ha contemplado en la sentencia la mala fe de los responsables por estos hechos, desafiando las maltrechas instituciones españolas. Una condena muy laxa propio del legalismo liberal que no entiende lo que estaba en juego. No se juzgaba un hecho técnico sino algo mucho más radical: la continuidad de un proceso que pretende dinamitar la historia y la unidad española constituida desde hace 500 años.

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